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“Ley general de electricidad atenta contra régimen de concesiones establecido en la Constitución”

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9 septiembre, 2011

Piden pronta resolución de inconstitucionalidad de Ley General de Electricidad

La Fundación de Etudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), solicitamos el pasado 7 de septiembre a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolver en el menor tiempo posible una demanda de inconstitucionalidad referente a la Ley General de Electricidad, que les fue presentada por FESPAD y CDC en noviembre del 2008 y emitir un fallo al respecto, que sea lo más favorable al interés del pueblo salvadoreño.

La demanda hace referencia a que las disposiciones citadas en los artículos 4 y 12 de la Ley general de electricidad y en los artículos 4, 12 y 51 de su reglamento, atentan contra el régimen de concesiones establecido en la Constitución de la República de El Salvador. Ambos cuerpos legales establecen claras contradicciones con la ley primaria, en el sentido de regular que la concesión para la generación de energía eléctrica a partir de recursos hidráulicos y geotérmicos deberá ser autorizada por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET); en contraste, la Constitución establece que “toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público… deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación.”

Para FESPAD, CDC y UNES, las disposiciones contenidas en la Ley General de Electricidad influyen para que el marco regulatorio en materia de concesiones en las que interviene el sector privado, no protejan el interés público, como ha ocurrido en casos como el conflicto entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa italiana Ente Nazionale per l’Energía eLettrica (Enel) en donde El Salvador corre el riesgo de perder el control de la principal empresa pública de energía geotérmica.

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