Invitación a foro “Nuestras obligaciones contra la corrupción: Mecanismo Interamericano”

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho  (FESPAD), el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y la Federación Luterana Mundial (FLM), invitan a participar en el foro: Nuestras obligaciones contra la corrupción: Mecanismo interamericano.

FESPAD promueve Campaña por la derogatoria de Decreto 23 al interior de Asamblea Legislativa

El pasado 8 de noviembre del presente año, FESPAD y representantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador -MOVI-TIERRA- promovió al interior de la Asamblea Legislativa la Campaña por la Derogatoria de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, conocida como Decreto 23 denominada: “Defiende tu derecho a la vivienda digna y exige la derogatoria del Decreto 23”, ¡No a los desalojos forzosos!.

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En la ponencia se presentó el Análisis de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, con el objetivo de sensibilizar a los diferentes sectores invitados y promover la derogatorio de ese decreto.

Se enfatizó que la Ley Especial se aprobó en mayo del 2009, días antes del cambio en la administración del Órgano Ejecutivo, en la transición hacia la alternancia en el gobierno. Para su aprobación, los partidos ARENA, PDC y PCN dieron sus votos, a fin de garantizar la propiedad o la posesión regular sobre inmuebles, para el lanzamiento de personas invasoras.

El espacio fue aprovechado para hacer del conocimiento al auditorio de los graves impactos generados por la aplicación del Decreto 23 en diferentes comunidades del país las comunidades Los Ranchos del municipio de Intipucá, La Unión, y también de la Isla Tasajera, en el municipio de San Luis La Herradura, La Paz.

Se contó con la participación de las siguientes organizaciones sociales: Comité Coordinador de Comunidades (CCC), Comunidades de la Línea Férrea del municipio de San Martín, Usulután, Lourdes Colón y Santa Ana; UNACODES, Mesa de Legalización de Tierras del Estado, Mesa de Legalización de Calles en Desuso, Mesa de Legalización de Tierras del ISTA, y Diputados y Diputadas de la Fracción Legislativa del FMLN.

Alcalde de El Paisnal recibe propuesta de Agenda de Incidencia por NNA

Con el fin de que se planteen estrategias realistas y concretas en favor de la niñez y adolescencia en el municipio de El Paisnal, el pasado cinco de noviembre, niñas, niños y adolescentes entregaron en la Plaza Rutilio Grande, el documento Agenda de Incidencia y Plan de Acción al Alcalde y a su Consejo Municipal.
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DPFL y FESPAD en audiencia ante la CIDH

En el marco del 149 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fundación del Debido Proceso, con sede en Washington, Estados Unidos; la Fundación Mirna Mack, de Guatemala; el Instituto de Defensa Legal de Perú; el Centro de Investigación y Docencia Económica de México,  el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales en Chile; y FESPAD participaron una audiencia temática  sobre impunidad de graves violaciones de derechos humanos.

En la audiencia celebrada el 1 de noviembre, las organizaciones presentaron información sobre el rol que han estado jugando las cortes constitucionales y penales respecto del juzgamiento de graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales dentro de la región, en aplicación de los estándares del sistema interamericano y el derecho internacional, a fin de visibilizar los avances, obstáculos y retos pendientes para los sistemas nacionales de justicia al enfrentar la impunidad.

De manera particular, en la  audiencia se abordó a la situación de El Salvador y Perú, aunque se presentó a la Comisión un informe que incluye también información sobre Guatemala, Argentina y Chile.

En el caso Argentina y Chile, sus cortes han logrado sortear mediante su jurisprudencia, obstáculos como las amnistías y la prescripción, y han logrado procesar responsables de graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, la condena en Argentina a 50 años del dictador Jorge Videla  en julio de 2012.  Los obstáculos actuales en esta región son ahora más probatorios por el paso del tiempo.

Perú también ha tenido avances, aunque en ocasiones retrocesos, así en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia peruana anuló una sentencia contra los ex integrantes del grupo paramilitar Colina, condenados por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, con lo que se les rebajaron las penas. Sin embargo, gracias al conocimiento que tuvo del caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte peruana se vio obligada a anular su sentencia anterior.

En los casos de México, Guatemala y El Salvador todavía subsisten obstáculos basados en leyes de amnistía o de tipo procesal. En Guatemala, no obstante se logró en enero de 2012, la primera condena por genocidio contra un gobernante latinoamericano, como fue el caso de Efrain Rios Montt, días después de emitida la sentencia fue anulada por la Corte Suprema de Justicia.

El Salvador, se encuentra a la zaga de estos avances, ya que no hay ninguna persona procesada por los crímenes del pasado. La Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, decretada en 1993, ha sido un valladar que no han sabido sortear los operadores judiciales, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado la incompatibilidad entre esta ley y la Convención Americana de Derechos Humanos; y que una sentencia de la Sala de lo Constitucional del año 2000, dejo la posibilidad a  los jueces de no aplicar la misma cuando se violarán derechos fundamentales.

Para acceder a más información del tema puede consultar los digestos de jurisprudencia de DPFL, que sistematizan las principales sentencias en la materia en la región, al siguiente enlace:

Digestos jurisprudenciales DPFL

(Crédito de la foto: CIDH/ Fotógrafo Eddie Arrossi)

Derechos Humanos y la lucha contra la corrupción

La corrupción mata. La cantidad de dinero robado cada año con la corrupción es 80 veces más de lo que hace falta para alimentar a la gente que pasa hambre en el mundo. Al menos 870 millones de personas van a dormir con hambre todas las noches, muchas de ellas niños. La corrupción les niega el derecho a la comida y en algunos casos, el derecho a la vida”. (Navi Pillay. Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos)

La relación entre el acceso a la información con respecto a la forma en que las instituciones del Estado manejan los fondos públicos subyace íntimamente ligada con la satisfacción de los derechos humanos. La lucha contra la corrupción así como  la instauración de un sistema de integridad y transparencia no solo dignifican la función pública sino que a la vez generan una percepción ciudadana de mayor confianza y credibilidad

Participantes del Diplomado "Transparencia y acceso a la informaci?n p?blica" en Santa Ana, coordinado con Radio Milenio. Octubre de 2013
Participantes del Diplomado en Santa Ana, coordinado con Radio Milenio. Octubre de 2013

La posibilidad de obtener información con respecto al manejo de los asuntos públicos había sido considerada hasta años recientes como un monopolio de empresas dedicadas al comercio de la información, las que constituían el único vehículo para hacer llegar de manera indirecta al ciudadano o ciudadana común y corriente, información de las actuaciones de servidores o servidoras públicas, muchas veces tergiversada o manipulada dependiendo de los intereses políticos o económicos en juego.

Aùn cuando la constituciòn de la republica reconoce que El Salvador es un Estado soberano y que “dicha soberanìa reside en el pueblo” (art 83), complementariamente declara que “el poder pùblico emana del pueblo” (art 86), la ciudadania siempre necesitò intermediarios para accesar a informaciòn que por derecho le corresponde obtener sin mas limitaciones que las determinadas por la ley, confiriéndole por tanto un rol activo en la obtención de información oportuna, fidedigna, creíble y transparente acerca del ejercicio del poder público.

Ya desde el año 2006 la corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) habìa establecido en su articulo 13 el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión. Ademàs delimitò la extensiòn y finalidad de este derecho en el sentido de que el mismo comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El 8 de mayo de 2011 entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública en El Salvador, reconociendo, como lo hicieran anteriormentela convención Interamericana contra la corrupción y la Convención de la ONU contra la corrupción que “es una obligación de los funcionarios públicos actuar con transparencia y rendir cuentas de sus actuaciones”, al mismo tiempo que elevan a la categoría de derecho el que la sociedad tenga acceso a conocer la información derivada de la actuación gubernamental y la participación ciudadana como una contribución decisiva para el fortalecimiento de las instituciones públicas  la eficiencia administrativa de estas y la prevención  detección  sanción y erradicación de los actos de corrupción que pudiesen ocurrir.

Teniendo cómo telón de fondo lo ya expresado, FESPAD a través del proyecto” Participación Ciudadana en la construcción de una cultura de integridad y transparencia”, auspiciado por la Unión Europea y desarrollado en conjunto con la Federación Luterana Mundial (FLM), la Asociación de radios comunitarias ARPAS y el Centro para la promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, CPDH, impulsan esta iniciativa a fin de empoderar en el conocimiento de la ley de acceso a la información pública (LAIP) y multiplicar el protagonismo de lideres y liderezas de organizaciones sociales y comunitarias  así como de los equipos técnicos y autoridades municipales  en la prevención,  denuncia y castigo de todo acto de corrupción.

Las instituciones implementadoras de esta iniciativa han impulsado hasta la fecha el diplomado sobre “Transparencia y Acceso a la Información Pública” en 11 de 15 municipios elegidos, favoreciendo aproximadamente a  220 lideres y liderezas de 36 Organizaciones sociales.

Como organizaciones defensoras de los Derechos Humanos fortalecer la acción social y comunitaria son factores claves para expandir un enfoque amplio de este derecho y la existencia de mecanismos efectivos para el traslado de dicha información, buscando garantizar a los sectores más vulnerables un acceso sin discriminación ni obstaculización en la obtención de información que durante mucho tiempo se les ha ocultado o les ha sido negada, y a la que tienen ahora mas poder que años atrás para exigirla y recibirla.

1.Navi Pillay. jurista sudafricana, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde julio de 2008. Centro de noticias de la ONU. http://www.un.org/spanish

FESPAD y MOVI-TIERRA promueven Campaña por la Derogatoria de Decreto 23

FESPAD y el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador -MOVI-TIERRA- como parte de su plan de incidencia jurídico, político y social, el pasado martes 5 y miércoles 6 de los corrientes promovió en la zona occidental y central del país la Campaña por la Derogatoria de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, conocida como Decreto 23 denominada: “Defiende tu derecho a la vivienda digna y exige la derogatoria del Decreto 23”,  ¡No a los desalojos forzosos!.

Movi Tierra

Las jornadas se desarrollaron el martes 5 de noviembre con comunidades de MOVI-TIERRA de la zona central: Comunidad El Milagro Belén, en Candelaria Cuscatlán, Comunidad El Milagro, Monseñor Romero, Nuevo Edén y 15 de Septiembre de La Bretaña, en San Martín.

El miércoles 6 de noviembre en Santa Ana con comunidades de MOVI-TIERRA de zona occidental: Comunidad Emanuel, Nuevo Amanecer, El Chichipate, Brisas de Guajoyo, San Marcos y El Puente, del municipio de Metapán.

Se compartió los objetivos de la campaña orientados a sensibilizar a las comunidades indígenas, campesinas, urbanas y rurales en inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra sobre los graves impactos que los desalojos forzosos están generando a nivel nacional en aplicación al Decreto 23, y la necesidad de exigir a la mayor brevedad su derogatoria a la Asamblea Legislativa.

Dicha normativa al entrar en vigencia faculta a los Jueces de Paz de la República a conocer y aplicar el procedimiento expedito establecido en el Decreto 23, para que se pueda desalojar a cualquier persona que no posea título de propiedad, violentando derechos humanos consignados en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por El Salvador como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En consideración a lo anterior los campesinos y campesinas manifestaron en las jornadas que el Decreto 23 es una de las armas poderosa de los ricos, para desalojar a los comunidades pobres de El Salvador, y a una sola voz en coordinación con otras organizaciones sociales dijeron ¡Exigiremos su derogatoria! A los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.

FESPAD en Reunión Subregional de servicios legales relacionados con el VIH y poblaciones claves

El pasado 28, 29 y 30 de octubre, FESPAD participó en la Reunión Subregional de Servicios Legales Relacionados con el VIH y Poblaciones Claves en la Ciudad de Panamá, auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD),Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO)y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (UNAIDS).

Encuentro Regional

El objetivo de la reunión estuvo orientada a conocer, fortalecer, construir sostenibilidad y consolidar la alianza público privada de los diferentes servicios legales relacionados con el VIH que desde las diferentes organizaciones participantes se prestan a las personas afectadas por el VIH y a las poblaciones claves de mayor riesgo; quienes se enfrentan a problemas jurídicos que afectan su vulnerabilidad al VIH y aumentan el impacto del VIH en sus vidas.

Los servicios legales básicos y complementarios consisten en prestación de asesoría jurídica, la representación de las personas en los tribunales o en procedimientos de conciliación, el apoyo para la demanda de reparación o la solución de controversias, y otros. Con el fin que las personas afectadas por el VIH conozcan y se valgan de los recursos jurídicos que les permitirán prevenir el contagio del virus, cuidarse y apoyarse en servicios de otra índole, así como exigir el respeto de los derechos humanos.

El informe sobre la epidemia global del SIDA 2013 de ONUSIDA muestra que 35.3 millones afectadas a nivel global, 1.5 millones en América Latina, 86.000 nuevas infecciones por VIH y 52.000 muertes relacionadas al SIDA. Estos datos estadísticos impulsaron la necesidad que los participantes por país, construyeran nuevas estrategias de prevención, y el fortalecimiento de los servicios legales existentes para garantizar el acceso a la justicia de estos sectores en condición de vulnerabilidad y exclusión.

Los invitados al evento representaron instituciones de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Panamá de las Defensorías del Pueblo y Defensoría para la Defensa de los Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y decanos de universidades públicas que brindan atención jurídica en materia de derechos humanos.