Rechazo a resolución de la CSJ en el caso Jesuitas

“Justicia y reparación para las víctimas”

FESPAD en coordinación con diversas organizaciones de la sociedad civil, acompañados de familiares y víctimas del conflicto armado en El Salvador, dimos a conocer este 2 de septiembre en conferencia de prensa, nuestro rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de no acatar la difusión roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) contra los nueve militares señalados como responsables de los brutales asesinatos de los Padres Jesuitas, su empleada e hija, en noviembre de 1989.

La resolución de la Corte, respecto de prohibir la captura de los ex militares, vulnera las garantías jurídicas planteadas en el artículo 10 del Tratado de Extradición entre El Salvador y España (ratificado por nuestro país en 1997) y el artículo 327, numeral tercero, del Código Procesal Penal salvadoreño vigente, con lo que nuestro país y especialmente el sistema Judicial nacional ha sentado un precedente negativo en el derecho jurídico internacional y la justicia universal.

En consecuencia demandamos de las y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia a actuar de forma independiente, imparcial y con estricto apego a la Constitución de la República. Creemos que es inaceptable que las y los funcionarios hagan resoluciones con fundamentos políticos que en nada abonan al proceso de democratización y reconciliación nacional.

Finalmente consideramos que la figura de “resguardo militar” no tiene ningún fundamento legal, por lo que el Presidente de la República al permitirle a los ex militares refugiarse en un destacamento militar para no ser capturados por la Policía Nacional Civil, ha contribuido a la obstrucción de la justicia y al fortalecimiento de la imperante impunidad que se vive en El Salvador.

Segunda sentada exigiendo captura de militares

“Justicia y reparación para las víctimas”

FESPAD junto a representantes de diversas organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas de la guerra, participamos el pasado 24 de agosto en la segunda sentada por la justicia y contra la impunidad, en las afueras de la ex Guardia Nacional, con el objetivo de exigir la captura de los nueve militares resguardado en ese recinto militar, acusados de participar en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su empleada y la hija de esta, en 1989.

En la concentración los familiares de las víctimas exigieron al Estado salvadoreño cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y colaborar con toda transparencia en las investigaciones que se desarrollan en España. Además exigieron de la Corte Suprema de justicia que no dilatara más el proceso y que se pronunciara en favor de la captura solicitada por el juez Eloy Velasco, del Juzgado Central de instrucción Número Seis de la Audiencia Nacional de España. Posterior a la jornada se supo de la resolución de la Corte, en el sentido de hacer caso omiso a la demanda de las víctimas y no acatar la difusión roja emitida por la INTERPOL, la cual solicitaba la captura de los militares.

La actividad es parte del clamor por que se respete el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los atroces crímenes sucedidos durante el conflicto armado en El Salvador, incluidos no solo el asesinato de los jesuitas, sino diferentes y sangrientas masacres como la del Mozote ejecuta el 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 en Morazan.

Debate sobre posible inconstitucionalidad de Ley de Amnistía

“…es posible juzgar a los criminales de la guerra.”

Con el objetivo de identificar los escenarios, obstáculos y deberes nacionales e internacionales para el impulso de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, la Concertación Monseñor Romero en coordinación con la Secretaría de Posgrado de la Universidad de El Salvador, realizamos el pasado 17 de agosto el conversatorio denominado “Análisis de las condiciones reales que permiten el impulso de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía”.

El conversatorio contó con la participación como ponentes del Dr. Salvador Menéndez Leal, Procurador Adjunto de los Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; la Licda. María Silvia Guillén, Directora Ejecutiva de FESPAD; y del Dr. Atilio Ramírez Amaya, ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y juez en el caso por asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Durante la jornada el Dr. Menéndez Leal expresó a las y los asistentes que el Estado es responsable de promover la derogación de la Ley de Amnistía, principalmente porque es una recomendación expresa que le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto en el caso de Monseñor Romero, como en el caso de asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su empleada y la hija de esta.

Por su parte, la Licda Guillén hizo un recorrido histórico por las distintas leyes de amnistía que se han aprobado en nuestro país, concluyendo que se debe conocer y demandar el cumplimiento de la sentencia de constitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia emitió para la ley de amnistía vigente, en la cual queda abierto el camino para juzgar a los criminales de la guerra.

Finalmente, el Dr. Ramírez Amaya hizo una remembranza sobre diversas acciones violatorias a los derechos humanos que se dieron durante la guerra y que aún hoy las seguimos viendo pero en contextos distintos; a la vez aprovechó para felicitar y hacer un llamado a la acción en la búsqueda de la justicia.

A la actividad acudieron un aproximado de 80 personas, de diversos sectores de la sociedad.

Sociedad civil exige detención de ex militares

Sentada por la justicia y el respeto a las víctimas de la guerra

Como parte de las acciones de exigencia para demandar de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la inmediata resolución y la orden de detención de los los nueve militares procesados en España y acusados de asesinar en 1989 a seis sacerdotes jesuitas, su colaboradora e hija, diversas coaliciones de organizaciones de la sociedad civil, en coordinación con víctimas del conflicto armado, realizamos este 17 de agosto una“sentada por la justicia y el respeto a las víctimas de la guerra”.

La actividad consistió en una protesta pacífica que se concentró frente a la entrada de la Corte Suprema de Justicia, y que concluyó con la entrega a las y los magistrados, de un escrito en el que expresan su preocupación por la forma en que se ha venido postergando la decisión que debe emitir la Corte al respecto de este tema, y recordándoles que el proceso de reconciliación de la sociedad salvadoreña exige transparencia de las y los funcionarios públicos en la lucha contra la impunidad.

Además, aprovechamos la oportunidad para recordarles a las y los magistrados, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad señala en su Artículo IV que ”Los Estados se comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por la ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes mencionados y en caso de que existan, sean abolidas”.

Para las víctimas del conflicto armado, que persisten en la exigencia de justicia por la muerte, desaparición y tortura de sus familiares y amigos, una de las formas de resarcir el daño que se les generó, será juzgar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos, en un proceso eficiente, transparente y justo, que a la fecha las instituciones salvadoreñas no han garantizado.

Exigen más respeto a las víctimas del conflicto armado

Organismos se pronuncian sobre caso Jesuitas

Organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en diferentes coaliciones, junto a familiares de algunas de las víctimas del conflicto armado, brindamos conferencia de prensa este 15 de agosto para hacer público nuestro posicionamiento sobre el caso de juzgamiento en España de nueve ex militares acusados de asesinar en el año 1989 a los sacerdotes jesuitas, su colaboradora e hija; las y los denunciantes, aprovechamos para exigir que se respete el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a enjuiciar a los responsables en casos de violaciones a los derechos humanos, como único camino para la reunificación de la sociedad salvadoreña.

En la conferencia se demandó por un lado a la Policía Nacional Civil y a la Corte Suprema de Justicia, tramitar el pedido de detención preventiva hecho por la audiencia Española, en respeto al Tratado de Extradición vigente entre España y El Salvador; por otra parte se exigió a las y los funcionarios públicos, para que den muestras de respeto a la Constitución de la República, otorgando a los nueve militares el mismo tratamiento que se habría dado a otro salvadoreño en equivalentes circunstancias.

Las coaliciones se refirieron a los diversos argumentos de los abogados que defienden a los militares; entre ellos que hay que aplicar la prescripción y que los militares gozan del beneficio otorgado por la Ley de amnistía, por lo que España esta violentando la soberanía salvadoreña al promover un proceso judicial. Al respecto, los organismos manifestaron que actualmente los delitos de lesa humanidad son considerados como delitos que no prescriben y a los cuales no les aplica la amnistía. Agregaron que existen varios instrumentos internacionales ratificados por El Salvador, que reconocen el principio de justicia universal y establece la competencia de cualquier tribunal para conocer en este tipo de delitos.

Sobre la alegada doble persecución, los representantes dijeron que el caso de los militares no cumple con los requisitos señalados por la jurisprudencia internacional, principalmente porque no se ha generado una doble condena, además argumentaron que el proceso judicial seguido en El Salvador en 1991, tuvo muchas irregularidades y sólo generó la condena de dos de los implicados, aún cunado varios de ellos fueron confesos.