Como Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- nacimos con la convicción de
que el derecho debería ser parte del quehacer social del pueblo salvadoreño, como herramienta
de transformación frente a la injusticia, como voz y defensa de quienes históricamente han
sido marginados/as, excluidos/as y silenciados/as. Desde nuestro origen, la convicción ha sido
clara: el derecho debe ser un instrumento de lucha en la conciencia y el hacer del pueblo.
Durante más de tres décadas, ante gobiernos de “derechas” e “izquierdas”, hemos asumido nuestra
misión sin dobleces, desde la política institucional no partidaria: hemos estado en las calles, en los
tribunales, en las comunidades, en los debates públicos, en las mesas con diversas administraciones
públicas, incidiendo en la crítica y formulación de políticas públicas. Pero, sobre todo, hemos
defendido con firmeza los derechos humanos y el respeto al Estado Constitucional de
Derecho. Lo hemos hecho desde 1988 adaptándonos a los retos de cada contexto, con ética,
con profesionalismo y un compromiso profundo con la justicia, el bien común y la dignidad de las
personas.
La responsabilidad asumida ha marcado la vida institucional. Hemos procurado que nuestra
institución sea un proyecto vital, un espacio donde los derechos humanos han hecho vida, donde
se han sostenido y promovido los principios del marco constitucional democrático. FESPAD ha sido
una obra colectiva de nuestra historia reciente, que ha elevado la voz del pueblo y defendido
la democracia en construcción. Hemos procurado estar a la altura de cada reto impuesto por la
realidad, con integridad y compromiso, estando siempre junto a las necesidades de acompañamiento
de nuestro pueblo.
Hoy, la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros -LAEX- coloca a toda organización de la
sociedad civil en una encrucijada ineludible: seguir funcionando con personalidad jurídica bajo
un marco jurídico restrictivo para el ejercicio del derecho de asociación o bien, buscar alternativas
que le permitan conservar su identidad y propósitos. Y es que la LAEX (1) genera inseguridad
jurídica ante la posibilidad de aplicar -a personas u organizaciones- un régimen de prohibiciones
ambiguo y de manera discrecional, con posibles multas confiscatorias de hasta 250 mil dólares
e incluso responsabilidades penales, situaciones que por hoy no tienen posibilidades reales de
controles institucionales; (2) vuelve insostenible financieramente a cualquier institución que no
sea excluida del pago del impuesto del 30%; (3) impide cumplir libremente con la finalidad y
misión institucional que cada organización se plantee en favor de los derechos humanos
en virtud de las prohibiciones que podrían ser aplicadas de manera discrecional al personal de las
organizaciones o a las organizaciones mismas o bien, mediante la inevitable imposición del impuesto
al 30% a las iniciativas que a criterio de la administración no ameriten ser exentas.
Así, dicha normativa constituye un obstáculo para el desarrollo de cualquier tipo de actividad
de contraloría social a la gestión pública o para la promoción y defensa de los derechos humanos.
Bajo esa normativa esas actividades bien se vuelven imposibles o se ven reducidas a su mínima
expresión, quedando en tela de juicio la razón de ser de las organizaciones que se dedican a ello.
FESPAD cierra operaciones como fundación
Ante esa realidad, como FESPAD hemos tomado una decisión dolorosa pero coherente: disolver
nuestro carácter de fundación y cerrar legalmente operaciones como tal.
Pretender seguir operando bajo las condiciones impuestas por la LAEX implicaría abandonar
nuestra finalidad: “propiciar el más amplio y correcto conocimiento y aplicación del Derecho en El
Salvador, como contribución al desarrollo de una convivencia social armónica, justa y democrática,
basada en el Estado Constitucional de Derecho y el respeto a los derechos humanos”.
No podemos renunciar a ese propósito, pues lo consideramos una necesidad plenamente vigente
pero que ya no es dable realizar desde el carácter de fundación. El cumplimiento de nuestro fin y
misión institucional ya no puede continuar ligado a su actual personalidad jurídica.
Después de casi 37 años de funcionamiento, nuestros fines institucionales están esparcidos,
arraigados y seguirán vigente en el actuar de las miles de personas que han sido formadas en
diversos temas con un amplio enfoque de derechos humanos, en la persistencia de las víctimas
que acompañamos o el regocijo de haber encontrado justicia, en el silencioso actuar de cientos de
funcionarios o empleados públicos capacitados para la buena gestión pública, en las estructuras
comunitarias de base, sindicales y juveniles que hemos fortalecido y acompañado en torno a sus
necesidades más sentidas y en las decenas de cuadros técnico-políticos que han sido parte de
nuestros equipos de trabajo a diversos niveles, mismos que permanecerán junto a nuestro pueblo,
siendo coherentes al contexto que nuestro país va marcando.
Agradecemos infinitamente a quienes hicieron posible este caminar como fundación: a las
y los miembros fundadores y activos, a los grandiosos equipos técnicos, a las comunidades, a los
sindicatos, a las cooperativas, a las organizaciones sociales hermanas, a la cooperación solidaria, a
los medios de comunicación, a los funcionarios y funcionarias, así como a los empleados y empleadas
públicos de distintas administraciones centrales y municipales —presentes y pasadas— que en
diversos momentos nos abrieron las puertas y a todas las personas que se sumaron al proyecto de
FESPAD y que seguirán siendo parte de ese sentir colectivo de buscar justicia a través de la
correcta aplicación del derecho.
Nuestro proyecto y propósito fundacional sigue vigente y vivo en las almas, corazones y actuar
de quienes han sido parte de él. La sociedad que queremos para nuestro pueblo se concretará
más temprano que tarde mediante la persistencia y articulación de todas las personas que creemos
firmemente en que un mejor El Salvador es posible.
¡Nuestra lucha es por la dignidad de las personas!
Distrito de San Salvador y Capital de la República, 4 de septiembre de 2025.
