Las organizaciones, asociaciones y redes firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante las recientes agresiones cometidas por el Estado salvadoreño (uso excesivo de la fuerza, detenciones, obstaculización del derecho a manifestarse pacíficamente y al ejercicio periodístico, amenazas, entre otras) contra las y los habitantes de la Cooperativa El Bosque, del Cantón El Triunfo, en Santa Tecla. Así como contra personas defensoras y periodistas comunitarios que daban cobertura a la manifestación pacífica.
En las últimas horas, el país y la comunidad internacional han sido testigos del accionar del gobierno, que ha tomado diversas medidas violentas a través de la Policía Militar y la UMO, para impedir que las comunidades en riesgo de desalojo pudieran expresar su voz y reivindicar sus derechos por medio de una manifestación pacífica. La instalación de cercos y retenes policiales, las restricciones a los medios de comunicación y el uso de la fuerza física y violenta, con el claro objetivo de amedrentar a los miembros de estas comunidades, es un acto que no solo busca silenciar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, sino que también va en contra de los principios democráticos y del respeto a los derechos humanos.
Asimismo, se reportaron restricciones al ejercicio periodístico, incluyendo empujones, golpes con los escudos utilizados por la Policía Militar y toma de fotografías a periodistas presentes en el lugar. Estos hechos constituyen una grave violación a la libertad de prensa y al derecho de informar, fundamentales en cualquier sociedad democrática.
Lamentamos profundamente la captura arbitraria de líderes comunitarios y el uso de la fuerza, que ha resultado en afectaciones físicas y psicológicas hacia las personas que se encontraban en el sector, incluyendo personas adultas mayores, mujeres, niñez y adolescencia.
Asimismo, en horas de la mañana se ha denunciado la captura de Alejandro Henríquez, defensor de derechos humanos, en un vehículo con placas particulares, por el supuesto delito de desórdenes públicos.
Estas acciones constituyen un grave abuso del poder y una violación directa al derecho de cada persona a organizarse y manifestarse de forma pacifica en defensa de sus derechos. La defensa de los derechos humanos y del territorio no es un delito.
El Estado salvadoreño es el principal obligado a garantizar, respetar y no vulnerar el derecho a la vivienda y el derecho a la protesta pacífica, garantías fundamentales para una vida con dignidad. Ante ello, exigimos que se detengan las agresiones y que las instituciones pertinentes escuchen las demandas de la comunidad y busquen soluciones que respeten su dignidad y derechos. Solicitamos a la comunidad internacional continuar¿ vigilante ante esta grave situación, así como pronunciarse rechazando cualquier acción adicional que busque generar aún más afectaciones contra las familias en riesgo de ser desalojadas.
Nos solidarizamos con las y los habitantes de las comunidades El Bosque y el Triunfo y acompañamos su lucha por la defensa de los derechos humanos.
- Asamblea Feminista Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador
- Asociación ProBúsqueda Asociación de Periodistas de El Salvador – APES
- Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia Guatemala – LEGIS
- Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular BRP
- Colectivo Voces Diversas Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información
- Cristosal
- Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho – FESPAD
- Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos -IM-Defensoras
- Instituto de Derechos Humanos de la UCA – Idhuca
- Mesa por el Derecho a Defender Derechos
- Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT
- Servicio Social Pasionista – SSPAS
- Red Salvadoreña de Defensoras de DDHH
- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala -UDEFEGUA
