El Salvador se encuentra desde hace tres años en un régimen de excepción declarado después de un incremento súbito de homicidios ocurrido entre el 25 y 27 de marzo de 2022, que de acuerdo a investigaciones periodísticas como resultado de la posible ruptura de un acuerdo entre las pandillas y el gobierno. De esta forma, se ha convertido en el elemento central de la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, permitiendo la captura indiscriminada de personas sin contar con una investigación previa, utilizando la prisión preventiva como medida generalizada. Al cierre de este informe, se contabilizaron más de 85,000 personas3 capturadas en el marco del régimen de excepción.
En esta investigación se muestran los hallazgos de casos de violaciones a derechos humanos registrados por las organizaciones de sociedad civil, en su esfuerzo por documentar, sistematizar y visibilizar los impactos del régimen de excepción en poblaciones en condición de vulnerabilidad, específicamente, en las víctimas que han sufrido malos tratos, torturas y condiciones inhumanas durante su privación de libertad. Esto ante la falta de transparencia e información oficial por parte del Gobierno.
