San Salvador, 21 de octubre de 2022. Durante el régimen de excepción en El Salvador, miles de personas han sido víctimas de abusos por parte de los cuerpos de seguridad con detenciones arbitrarias, acoso, amenazas y hasta lesiones. Así lo evidencian las 4,071 denuncias recibidas por siete organizaciones sociales entre marzo y septiembre del año en curso. Los datos corresponden a Amate, Red Salvadoreña de Defensoras de Derecho Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Servicio Social Pasionista (SSPAS), Azul Originario (AZO) y Cristosal.
El régimen de excepción está cerca de cumplir siete meses y ha sido prorrogado en siete ocasiones por la Asamblea Legislativa de forma inconstitucional. El periodo excepcional de suspensión de derechos se ha convertido en una política estatal permanente que expone a todas las personas del país a procesos judiciales sin la garantía del debido proceso, además de una serie de abusos por los que el Estado continúa sin responder ante la ciudadanía y organismos internacionales.
Uno de los estigmas sociales más evidentes bajo el régimen de excepción es el que viven las juventudes, que impacta en sus posibilidades de acceder a derechos básicos como la educación, el trabajo y la salud. La mayoría de las víctimas registradas en las denuncias son personas entre 18 y 30 años. En el caso de Cristosal, representan un 59.1%; para Amate un 56.8%; para el IDHUCA 55.6% y para la Red de Defensoras 24%. Similar para SSPAS, con un 55.3%; y FESPAD con un 62%, en ambas con un rango de 19 a 30 años.
La mayor cantidad de personas denunciantes son las mujeres, ellas responden ante estos hechos buscando soluciones para las necesidades inmediatas, pero también para la mejora de las condiciones familiares. También son las mujeres quienes deben hacerse cargo de sostener económicamente el hogar, quienes deben mantener la crianza de hijos e hijas, así como reorganizar sus vidas en torno a la detención o al seguimiento de la denuncia.
En cuanto a los motivos de las denuncias, la mayor parte son por detenciones arbitrarias: Cristosal, 97.2%; FESPAD, 80.8%; SSPAS, 90.2%; IDHUCA, 79.7%; Red, 76%; Amate, 73%; y un 100% en el caso de AZO. Los cuerpos de seguridad son los señalados como victimarios, en especial elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), estos son los porcentajes: 76.1.
La población LGTBIQ+ también se ha visto afectada con la vigencia del régimen, presentándose casos graves de acoso policial, violencia sexual o insultos homofóbicos ejercidos por agentes de seguridad estatal. Aunque en muchos casos existe temor a manifestar su identidad, si se registran casos de personas trans víctimas de detenciones arbitrarias, Amate registra once y Cristosal dos.
Las organizaciones hacen un llamado a detener injusticias y arbitrariedades originadas por la falta de procesos de investigación adecuados, así como a cesar violaciones de derechos humanos y abusos de poder por parte de las autoridades públicas. Las familias salvadoreñas necesitan medidas integrales de seguridad que protejan a la población, sin revictimizar a sectores vulnerables e históricamente excluidos.
