El Colectivo EPU-DESC presentó el día de ayer (16 de julio de 2024) un informe alternativo al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), donde El Salvador será evaluado a inicios de 2025.
El contenido del documento versa sobre los múltiples retrocesos que enfrenta el país en el cumplimiento de los derechos laborales y sindicales, así como el derecho humano al agua, alimentación, salud, vivienda, educación, derechos del campesinado y derechos de los pueblos indígenas culturales. Entre los principales puntos de atención y preocupación de las organizaciones que conforman el Colectivo EPU-DESC se encuentran:
- La promoción y profundización del modelo extractivista en El Salvador, que genera mayor impacto sobre los bienes naturales, especialmente sobre el agua; lo anterior, sin considerar la garantía del derecho humano al agua y a un medio ambiente sustentable. Actualmente, 15 pasivos mineros amenazan con generar drenaje ácido afectando a diferentes cuencas hidrográficas, incumpliendo la Ley de Prohibición de la Minería Metálica (LPMM), vigente desde el 2017, así como otras afectaciones generadas por esta industria.
- La nula aplicación de las leyes ambientales vigentes, ni el estudio de nuevos marcos normativos para la protección de los bienes ambientales y de las personas que los defienden entre estas se encuentra una Ley de Cambio Climático, Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria entre muchas otras.
- En cuanto a derechos laborales y sindicales, preocupa a las organizaciones el desmantelamiento progresivo de sindicatos que han denunciado las vulneraciones a derechos laborales, mediante despidos y amedrentamientos a sus líderes. Así como el registro de 16 sindicalistas criminalizados por ejercer su labor, siendo uno de los casos más emblemáticos la detención arbitraria del sindicalista José Leónidas Bonilla, quien murió bajo custodia del Estado el 3 de septiembre de 2023, y que a los dos días de fallecido obtuvo una orden de libertad. Cabe mencionar que, en ese mismo año, fueron detenidos 3 dirigentes sindicales del municipio de San Marcos y 3 del municipio de Soyapango en el marco de actividades sindicales.
- Por otro lado, se han eliminado políticas públicas en favor del sector campesino como los programas: 1) Acuicultura familiar en municipios de pobreza, 2) Desarrollo y modernización rural, 3) Amanecer rural, 4) Plan de Agricultura Familiar, sin que ninguno de ellos fuera sustituido de manera eficiente.
- Se tienen retrocesos en el sector agrícola, caracterizado por un incremento en la pobreza total en el área rural, (del 22.8% al 26.6% en el período 2019-2022), de éste, un 4.5% y 8.6% respectivamente, era pobreza extrema; así como reducciones en las áreas cultivadas, pasando en el maíz de 386,890 a 376,229 manzanas, es decir, una reducción de un 2.8% en el período 2019-2022 y en el caso del frijol pasó de 139,797 a 138,207 manzanas, una reducción del 1.1% en el mismo período. Es de tener en cuenta que ambos cereales forman parte de la dieta principal de la población.
- La afectación de la agricultura por el incremento de las importaciones, en contraste con la ausencia de políticas públicas agrícolas efectivas que, pese a numerosos anuncios gubernamentales sobre planes y acciones, estos no se han hecho realidad en los campos de cultivo.
- La inflación internacional, y los precios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que han incrementado hacen menos asequibles los alimentos, ya que en los 4 años previos al 2019, el incremento promedio anual se mantuvo debajo del 1%, para el período 2019-2023, la CBA Urbana incrementó de $200.02 a $252.40, es decir un 26% y la CBA Rural incrementó de $144.48 a $189.43, es decir un 31%1.
- En materia de vivienda, El Salvador, lejos de tener una legislación secundaria que reconozca y desarrolle el derecho a la vivienda adecuada, el país cuenta con normativa que promueve los desalojos forzosos de población en condición de vulnerabilidad como la “Ley especial para la garantía de la propiedad o posesión regular de inmuebles”, la cual ha sido aplicado a comunidades empobrecidas históricamente, habitantes de asentamientos humanos irregulares, sin que se les dé opciones habitacionales. De acuerdo con datos del Órgano Judicial, entre el 2017 y 2021 se activaron 1,726 procesos de desalojo a nivel nacional aplicando dicha Ley2.
- La precariedad del sistema de salud, así como el desmantelamiento paulatino del Primer Nivel de Atención del sistema de salud se traducen en cifras alarmantes de enfermedades, como es el aumento en casos sospechosos de Dengue en 20223, los cuales alcanzaron 16,193, tres veces más de los registrados en el 2020 (5,165 casos); el incremento del 47.5% en las muertes por diarrea en 20234 y el aumento de las infecciones respiratorias agudas que, en diciembre de 2023 superaron las cifras de los últimos 7 años5. Las cifras anteriormente expuestas, evidencian además la falta de coordinación entre las autoridades de salud y las comunidades para prevenir la propagación de enfermedades, lo que pone en peligro la salud pública. Por otra parte, el Estado continúa sosteniendo un sistema penal criminalizante para mujeres que sufren interrupciones en su embarazo de forma espontánea o partos extrahospitalarios.
- El Estado no cuenta con políticas efectivas para la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, tampoco con mecanismos que aseguren la plena protección y conservación de su cultura, tradiciones, valores, bienes, entre otros, cuando debería ser prioridad en la agenda gubernamental. En específico, el presente informe señala la falta de mecanismos oportunos y culturalmente adecuados para garantizar la participación plena e informada de las poblaciones indígenas.
- Finalmente, en materia de educación, pese a que este derecho está reconocido en la Constitución de la República, la tasa de asistencia escolar de la niñez, adolescencia y juventud (4 a 29 año) continúa siendo baja y solo alcanzó el 52.6% para el 2022; lo anterior indica que casi la mitad de la población en dicho rango de edad no asistió a la escuela. La situación se agrava en la zona rural donde solo se alcanzó el 47.8%, más de la mitad de la población en el rango de edad referido no asistió a la escuela.
Por su parte el promedio de escolaridad a nivel nacional es de 7.2; siendo siempre la zona rural la más desatendida alcanzando un promedio de 5.6 grados6.
Con base en lo anterior, las organizaciones sociales pertenecientes al Colectivo EPU-DESC expresan:
- El poco avance en el cumplimiento de las observaciones en materia de DESC emanadas por los diferentes Estados y aceptadas por El Salvador en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal7.
- La necesidad urgente de que el Estado salvadoreño atienda de manera integral la grave situación de los DESC en el país. Los datos plasmados en el presente documento dan cuenta de la crisis existente en la materia, profundizada por la desprotección estatal y la falta de voluntad política para el diseño de planes o políticas públicas que permitan a las y los salvadoreños la garantía de sus derechos como a un medio ambiente sano, derecho al trabajo, a la alimentación, salud, entre otros.
- Al Cuerpo Diplomático acreditado en El Salvador, a brindar seguimiento de las regresiones en materia de derechos humanos, con énfasis en DESC, entre las cuales destacan: criminalización a personas defensoras de derechos laborales y sindicales, así como a personas defensoras del territorio.
San Salvador, 17 de julio de 2024.
Organizaciones firmantes e integrantes del Colectivo EPU DESC:
- Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES).
- Asociación de Estudiantes de Derecho “Roque Dalton”.
- Asociación Mujeres libres.
- Foro Nacional de Salud.
- Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
- Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (MNFM).
- Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL).
- Mesa por la Soberanía Alimentaria (MpSA).
- Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO).
- Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
- Vía Campesina.
