La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, presentaron ante los medios de comunicación, su evaluación a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), exponiendo los vacíos y requisitos que ésta debe cumplir para hacer efectiva su finalidad.

Dado que la LAIP califica como regla general que toda información estatal será de carácter público, exceptuándose únicamente las reservas que la misma ley establece; las organizaciones manifiestan que la promulgación de la referida Ley viene a subsanar el vacío legal que históricamente la población salvadoreña ha enfrentado en torno a demandar de las instituciones del Estado información en su poder, y que esta sea otorgada con un carácter ágil, completa, gratuita y veraz; a través de mecanismos sencillos y de fácil acceso.

Abraham Abrego, subdirector de FESPAD, manifestó ante el hecho que aún no se ha nombrado a las y los integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública contemplado en la Ley, como un grave incumplimiento por parte del presidente Funes, por lo que demandaron al funcionario a efectuar inmediatamente los nombramientos y dotar a dicha instancia de todos los recursos que éste requiera para cumplir con las obligaciones que la Ley le atribuye.

Otra de las demandas fue hecha a las diferentes instituciones del Estado, municipalidades e instituciones oficiales autónomas, a las cuales exigieron cumplir fielmente con lo dispuesto en la LAIP a fin de hacer efectivo el derecho humano a la información pública que la Ley atribuye a la población en general.

Las declaraciones se brindaron en conferencia de prensa este 8 de mayo, y en ella FESPAD y Pro-Memoria Histórica hicieron un llamado a las organizaciones sociales y populares a apropiarse de la LAIP como una herramienta legal que les permita obtener del Estado salvadoreño toda la información que históricamente les ha sido negada, para dignificar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, tanto del pasado como del presente.

En el marco de la conmemoración del día mundial de la libertad de prensa celebrado cada 3 de mayo, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), solicitaron esta mañana a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa la reactivación de la Comisión Ad Hoc creada en septiembre del 2011 con el fin de estudiar un proyecto de Ley para el Ejercicio del Derecho de Rectificación en En Salvador.

La Comisión Ad Hoc, que a la fecha se encuentra inactiva, fue creada después que, en septiembre del 2011, la Asamblea legislativa aprobara la eliminación de las penas de prisión por los delitos contra el honor, mediante reforma al Artículo 191 del Código Penal de El Salvador.

Aunque en noviembre del mismo año la Comisión invitó a diversas organizaciones, entre ellas FESPAD, ARPAS y la UCA a presentar observaciones o propuestas sobre el referido proyecto de ley, y aunque estas fueron presentadas el 22 de noviembre del mismo año; a la fecha no se ha tenido respuesta alguna y la referida comisión Ad Hoc permanece inactiva.

Otra de las peticiones hechas por FESPAD, ARPAS y la UCA, fue mandatar a dicha Comisión para que convoque a un debate nacional sobre los marcos jurídicos en el ámbito mediático que reivindiquen la comunicación como derecho humano, el espectro radioeléctrico como bien público y los medios de comunicación como instrumentos de la libre expresión, el pluralismo, la diversidad y la democracia.

Los organismos recordaron además a la Asamblea Legislativa que en El Salvador no existe ninguna ley secundaria que establezca mecanismos y procedimientos para el ejercicio del derecho de rectificación y respuesta, por lo que es necesario legislar al respecto.

El pasado 19 de septiembre, en el espacio de conversatorios institucionales que impulsa la Unidad de Incidencia y Comunicaciones de FESPAD, se desarrolló la temática “Implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública”, facilitada por nuestro Subdirector Abraham Ábrego, quien expresó que el derecho de acceso a la información pública, tiene límites al igual que cualquier otro derecho, y que éste debe ser considerado como un mecanismo preventivo frente a actos de corrupción.

Como parte de las observaciones que Abraham Ábrego hizo de la ley, y su proceso de implementación, destaca lo positivo de contar con regulaciones sobre esta temática; no obstante reconocer que es un proceso nuevo y complejo, situación que aún no se resuelve, más aún con la falta de aprobación de uno de los reglamentos para su implementación.

Como parte de las conclusiones del conversatorio, las y los asistentes coincidieron en la necesidad de difundir entre la población, la facultad que toda persona tiene para pedir a las instituciones de gobierno, que les brinden información.

FESPAD en coordinación con la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) presentamos este 12 de septiembre a la opinión pública nacional e internacional, en conferencia de prensa, nuestro posicionamiento por la reciente aprobación del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RLAIP) en el cual se desarrolla la normativa para la aplicación de la referida ley.

No obstante reconocer el cumplimiento en el plazo para su aprobación, por parte del Presidente de la República, lamentamos que el proceso no haya sido participativo y no se hayan consultado a los diversos sectores de la sociedad civil relacionados en el tema. Además, cuestionamos la reserva en el Diario Oficial para garantizar “formalmente” la publicación del reglamento, pues ello constituye acciones poco éticas y en nada transparentes.

A consideración de las organizaciones, el reglamente presenta diversas deficiencias y contradicciones en relación a lo establecido en la ley, tal es el caso de la publicación de la información interna de las instituciones del Estado; el reglamento manifiesta que las instituciones podrán actualizar su información cada tres meses, mientras que la ley establece que ésta debe de ser una actividad periódica. Esta situación propicia un alto grado de discrecionalidad a las instituciones estatales, lo cual podría afectar la debida aplicación de la ley, que supone facilitar la transparencia en la gestión pública, así como el combate contra la corrupción.

Además rechazamos la facultad de veto a las propuestas de ternas a Comisionados, que el Presidente Funes se ha atribuido en el artículo 73 del reglamento, pues con esta potestad el mandatario se excede a lo estipulado en la LAIP donde ya está definido que la facultada para verificar los requisitos de los aspirantes a Comisionados, será de una comisión específica.

La Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD), realiza un seminario sobre el contenido de la “Ley de Acceso a la Información Pública”, dirigido a periodistas de medios de comunicación alternativa, con el fin de dotarlos de herramientas, que faciliten su trabajo de contraloría social del Estado.

El proyecto “Fortaleciendo el Respeto de los Derechos Humanos a través de la Participación Ciudadana y la Transparencia en la Gestión Pública”, deriva este ciclo de conferencias de formación a periodistas.

FESPAD es consciente de la importancia de democratizar la sociedad salvadoreña, y cimentar las bases de un Estado moderno que contemple prácticas de transparencia y rendición de cuentas, sobre el destino y uso de los fondos públicos.

El ciclo de conferencias es sobre “La Ley de Acceso a la Información Pública y el Rol del Periodista en la Contraloría Social”. Que se realizará entre el 15 de enero hasta el 22 de febrero del presente año.

El seminario cuenta con ponentes muy versados en las materias jurídica, social y periodística: Abraham Abrego, FESPAD; Raúl Torres, FUNDE, Aníbal Hernández del ISD, Jaime López de Transparencia Internacional, FUNDE; entre otros.