El lunes 30 de septiembre recién pasado fue del conocimiento público que el arzobispo de San Salvador ordenó el cierre de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, consecuentemente se despidieron a 13 personas sin que se les haya seguido un proceso justo, debido y legal.

A raíz de ese acontecimiento, distintas organizaciones sociales e internacionales, comunidades, y personas naturales, han mostrado su solidaridad con las personas despedidas, así como también han externado su preocupación por el destino que pueda tener el archivo histórico de la entidad, el cual contiene un registro de los asesinatos, desapariciones y torturas sucedidas durante el reciente conflicto armado en el país; así como expedientes de casos posteriores a dicho conflicto.

Es en ese sentido que Alejandro Díaz, abogado de la Oficina de Tutela Legal, quien es uno de los destituidos; junto a Saúl Baños, abogado de FESPAD, asistieron al programa de entrevista Creando Consciencia, conducido por el economista Raúl Moreno, y que se transmite los jueves, de 6 a 7 AM, en Radio Cadena Mi Gente.

En dicho espacio los entrevistados explicaron el procedimiento que se les siguió para no permitirles su ingreso a las instalaciones de Tutela Legal, así como la forma en que se les comunicó de la separación de sus cargos. También, externaron su preocupación por el rumbo que se pueda dar a información relevante en materia de derechos humanos, contenida en el archivo de Tutela Legal.

El debate sobre la prohibición de los agroquímicos en la agricultura ha puesto en evidencia la contradicción existente entre la mercantilización de la vida humana y la naturaleza y la posibilidad de seguir haciendo posible la misma vida. El poder empresarial, en este caso de aquellas relacionadas a los agronegocios, están mostrando el nivel de influencia que tienen al momento de la toma de decisiones políticas del gobierno actual, así quedó demostrado con la observación que hiciera el presidente de la República al Decreto Legislativo que prohibía los agroquímicos.

A pesar de las pruebas científicas existentes acerca de las repercusiones de estas sustancias en la salud humana, en la fertilidad de los suelos, en la contaminación del agua, y en los alimentos, parece que los intereses económicos corporativos nuevamente se quieren imponer sobre la salud de las personas y el cuido al medio ambiente.

Es por ello que la mañana del 3 de octubre de 2013, la Mesa por la Soberanía Alimentaria desarrolló una concentración y conferencia de prensa en las afueras de la Asamblea Legislativa, para exigir a las y los diputados la superación de las observaciones que hiciera al Decreto Legislativo el presidente Mauricio Funes.

Además, se presentó correspondencia a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de ese Órgano de Estado a los efectos que se busquen los mecanismos y votos suficientes para superar las observaciones realizadas al Decreto.

Cierre de Tutela Legal del Arzobispado es una acción ilegal e indigna para las víctimas
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La Fundación de estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), las y los invita a participar en el foro público titulado “Obstáculos y oportunidades de acceso a la justicia en materia de Derechos económicos, Sociales y Culturales en El Salvador” .

Donde se presentará la investigación: Acceso a la justicia. Recurso contra las violaciones de los derechos sociales en El Salvador.

Será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  y no el Papa,  quien decidirá sobre la legalidad o no de la prohibición que aqueja a cientos  de personas que no tienen una fuente formal de empleo y que subsisten del comercio de productos varios en el Municipio de Sonsonate”

“Desde enero, los vendedores ambulantes de Sonsonate han denunciado múltiples agresiones de parte de miembros del CAM, quienes, según los vendedores, los persiguen de manera constante y les decomisan sus productos de manera violenta, llegando, incluso, al punto de amenazar con llevarse a los niños y entregarlos al ISNA.”

El miércoles 18 de septiembre del corriente año, FESPAD acompañó a  vendedores informales del Municipio de Sonsonate en la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ordenanza Municipal de Sonsonate que prohíbe el comercio ambulante, estacionario y semiestacionario y que faculta al CAM y al delegado municipal a secuestrar y decomisar productos.

Cientos de vendedores del Municipio de Sonsonate viajaron hasta la Capital para marchar hacia la Corte Suprema de Justicia y presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículo 45-A, 97 y 101 de la Ordenanza Contravencional para la Convivencia y Seguridad Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Sonsonate. Esas disposiciones prohíben “Desarrollar actividades comerciales ambulantes, estacionarias y semiestacionarias, en calles, avenidas, aceras, parques, zonas verdes, y todo lugar público” y facultad al CAM y al Delegado Municipal a realizar secuestros  y decomisos de productos a quienes ellos consideren violan la ordenanza, esto sin ningún procedimiento previo.

Ante ello, FESPAD dio el apoyo técnico jurídico para la elaboración de la demanda interpuesta por los vendedores, sosteniendo que con esas disposiciones se viola el derecho al trabajo, a la propiedad, derecho de audiencia, presunción de inocencia y debido proceso, contemplados en los artículo 2, 11 y 12 de la Constitución. Asimismo, se considera que la ordenanza transgrede lo dispuesto en el artículo 115, también de la Constitución, pues el comercio en pequeño debe ser regulado por una Ley emitida por la Asamblea Legislativa y no por una ordenanza municipal.

Desde enero 2013, los vendedores ambulantes de Sonsonate han denunciado múltiples agresiones de parte de miembros del CAM, quienes, según los vendedores, los persiguen de manera constante y les decomisan sus productos de manera violenta, llegando, incluso, al punto de amenazar con llevarse a los niños y entregarlos al ISNA.

Sala de lo Constitucional puede poner fin a los abusos en contra de vendedores

La Sala puede dejar sin efecto de manera provisional los artículos 45-A, 97 y 101 de la Ordenanza es lo que se solicita como medida cautelar en la demanda interpuesta el miércoles 18 de septiembre.

Ello implicaría que las autoridades edilicias no podrían impedir que las personas se ganen la vida vendiendo productos de manera ambulante. En la reunión sostenida con el Alcalde  el día 9 de septiembre, los vendedores solicitaron que se les dejara vender de manera ambulante, sin ocupar u obstruir ningún lugar público, es decir, que se les permitiera movilizarse libremente cargando sus productos en un sector específico de Sonsonate.

Esa propuesta fue rechazada por el Alcalde de Sonsonate, miembro del partido ARENA, José Roberto Aquino Ruíz, quien al final de la reunión señaló que “Ni aunque me traigan al Papa voy a cambiar de opinión”. Será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entonces,  y no el Papa quien decidirá sobre la legalidad o no de la prohibición que aqueja a cientos de personas que no tienen una fuente formal de empleo y que subsisten del comercio de productos varios en el Municipio de Sonsonate.

La comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) enfrenta diariamente una serie de violaciones a sus derechos fundamentales debido a la discriminación generalizada en la población y dentro de las instituciones del Estado. El pasado 09 de septiembre, la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD)  en apoyo a la Asociación Solidaria para impulsar el Desarrollo Humano “ASPIDH ARCOIRIS LGBTI”  se reunió con el director del  departamento  jurídico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS),  para exponer los diferentes obstáculos con los que está población se enfrenta para acceder a los servicios que dicha institución brinda a favor de la población salvadoreña. En la reunión también participaron representantes de PDDH,  ASPIDH, Representante de la Secretaria de Inclusión Social y activistas independientes.

Entre algunos casos que fueron presentados a las autoridades, se encuentra el caso de Mónica Hernández, mujer transgénero y Directora de   “ASPIDH ARCOIRIS LGTBI” quien  solicitó su carné de afiliación y fue objeto de burlas, maltratos y discriminación por parte del personal de la institución. Ciertamente la compañera a final del día obtuvo su carné, después de habérselo negado en 2007 y dos veces en julio y agosto de este año, pero gracias al apoyo brindado por una persona que trabaja en Ciudad Mujer con sede en Lourdes Colon, no así por asistirle el derecho como afiliada a dicha institución.

 

Como medida de reparación, por lo sucedido con la compañera Mónica Hernández, se planteó ante el  jefe del departamento jurídico del ISSS, que en representación de dicha institución  pida una disculpa pública. Igualmente se exigió un trato igual a todas las mujeres transgénero,  tanto las que trabajan para instituciones del Estado como para mujeres que no lo hacen.  Se acordó además trabajar un protocolo de atención para personas de la comunidad LGTBI para reducir la brecha de políticas discriminatorias que las instituciones del Estado históricamente han tenido contra esta población.