Organismos en desacuerdo con reglamento de ley de acceso a la información pública

“Reglamento de LAIP presenta deficiencias”

FESPAD en coordinación con la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) presentamos este 12 de septiembre a la opinión pública nacional e internacional, en conferencia de prensa, nuestro posicionamiento por la reciente aprobación del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RLAIP) en el cual se desarrolla la normativa para la aplicación de la referida ley.

No obstante reconocer el cumplimiento en el plazo para su aprobación, por parte del Presidente de la República, lamentamos que el proceso no haya sido participativo y no se hayan consultado a los diversos sectores de la sociedad civil relacionados en el tema. Además, cuestionamos la reserva en el Diario Oficial para garantizar “formalmente” la publicación del reglamento, pues ello constituye acciones poco éticas y en nada transparentes.

A consideración de las organizaciones, el reglamente presenta diversas deficiencias y contradicciones en relación a lo establecido en la ley, tal es el caso de la publicación de la información interna de las instituciones del Estado; el reglamento manifiesta que las instituciones podrán actualizar su información cada tres meses, mientras que la ley establece que ésta debe de ser una actividad periódica. Esta situación propicia un alto grado de discrecionalidad a las instituciones estatales, lo cual podría afectar la debida aplicación de la ley, que supone facilitar la transparencia en la gestión pública, así como el combate contra la corrupción.

Además rechazamos la facultad de veto a las propuestas de ternas a Comisionados, que el Presidente Funes se ha atribuido en el artículo 73 del reglamento, pues con esta potestad el mandatario se excede a lo estipulado en la LAIP donde ya está definido que la facultada para verificar los requisitos de los aspirantes a Comisionados, será de una comisión específica.

Actualización a periodistas sobre “ley de acceso a la información pública”

FESPAD y su aporte en la actualización a periodistas sobre la contraloría social

La Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD), realiza un seminario sobre el contenido de la “Ley de Acceso a la Información Pública”, dirigido a periodistas de medios de comunicación alternativa, con el fin de dotarlos de herramientas, que faciliten su trabajo de contraloría social del Estado.

El proyecto “Fortaleciendo el Respeto de los Derechos Humanos a través de la Participación Ciudadana y la Transparencia en la Gestión Pública”, deriva este ciclo de conferencias de formación a periodistas.

FESPAD es consciente de la importancia de democratizar la sociedad salvadoreña, y cimentar las bases de un Estado moderno que contemple prácticas de transparencia y rendición de cuentas, sobre el destino y uso de los fondos públicos.

El ciclo de conferencias es sobre “La Ley de Acceso a la Información Pública y el Rol del Periodista en la Contraloría Social”. Que se realizará entre el 15 de enero hasta el 22 de febrero del presente año.

El seminario cuenta con ponentes muy versados en las materias jurídica, social y periodística: Abraham Abrego, FESPAD; Raúl Torres, FUNDE, Aníbal Hernández del ISD, Jaime López de Transparencia Internacional, FUNDE; entre otros.

Nota cortesía de Gloria Silvia Orellana
Periodista del periódico Co Latino
Participante del proceso de actualización

Foro: El desempeño de El Salvador frente a las convenciones internacionales

Avances del gobierno frente a la corrupción

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción y con el objetivo de dar a conocer la importancia de las Convenciones Internacionales que regulan esta materia y de hacer una valoración respecto al cumplimiento de las mismas, la Secretaría para Asuntos Estratégicos a través de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, en coordinación con diversas organizaciones de la sociedad civil -entre ellas FESPAD-, desarrolló este 8 de diciembre, el foro denominado “El desempeño de El Salvador frente a las Convenciones Internacionales”.

Aurora Cubías, coordinadora de Transparencia Institucional de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, expuso, como parte de algunos de los avances que ha tenido el actual gobierno en esta materia, la facilitación y reglamentación de la denuncia de actos de corrupción, manteniendo la confidencialidad de los denunciantes; así como la presentación de casos a la Fiscalía General de la República, como parte del combate a la corrupción.

Como parte de acciones pendientes de realizar por el gobierno, destacó en el tema de uso de recursos públicos, la falta de evaluaciones sobre efectividad de las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos del Estado; y en el tema de declaraciones de activos y pasivos, la falta de mecanismos de control al cumplimiento de la declaración patrimonial por parte de los servidores públicos.

Por su parte, desde la sociedad civil, representada en esta oportunidad por la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, la Iniciativa Social para la Democracia, ISD y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos, FESPAD, por medio de nuestro Subdirector Ejecutivo, Abraham Ábrego, se destacaron los hallazgos de las tres rondas de los Mecanismos de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, MESICICC, entre los cuales se destacan el soborno transnacional, enriquecimiento ilícito, la falta de legislación reguladora del tema y la falta de cobertura para poner denuncias ante el Tribunal de Ética, entre otras.

Finalmente se expusieron las principales recomendaciones del MESICICC en relación a la tercera ronda, estableciéndose la revisión y reforma de la Ley de adquisiciones y contrataciones de la Administración pública, LACAP, por ser permisiva, la aprobación de una serie de leyes para la prevención y combate a la corrupción y promover la invocación de la Convención como base legal de los procesos de extradición.

El Día Internacional contra la Corrupción fue decretado el 31 de Octubre del año 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamándose en esa ocasión el 9 de diciembre como fecha para conmemorar la lucha contra la corrupción.