«Si me matan resucitare en el pueblo salvadoreño». Después de 38 años del magnicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero el Estado salvadoreño se niega a llevar adelante un juicio que permita establecer quienes fueron los responsables materiales e intelectuales de su muerte, que ha sido calificada como delito de lesa humanidad por el sistema interamericano de derechos humanos.
En la sentencia del 15 de abril del año 2000, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -CIDH- emitió informe de fondo en el caso de Monseñor Romero. En tal sentencia se recomendó al Estado salvadoreño:
«I. Realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones encontradas, sin perjuicio de la ley de amnistía.
II. Reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una indemnización.
III. Adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General (…)»
No obstante lo anterior y a pesar de que la Ley de amnistía fue declarada inconstitucional hace más de dos años, el magnicidio de Monseñor Romero sigue en la impunidad.
Así, el caso de monseñor Romero no ha sido aclarado por el Estado salvadoreño a pesar del mandato internacional existente y de que fue removido el valladar insignia que amparaba la falta de investigación de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado.
Por ello, el 10 de octubre Fespad, de manera conjunta con varias organizaciones sociales, solicitaron formalmente al Juzgado cuarto de instrucción de San Salvador la realización de diligencias para fundamentar el caso judicial de manera expedita, para que, 38 años después, el hecho sea juzgado y se establezcan las responsabilidades que sean procedentes.
El Estado salvadoreño debe reconocer la existencia de miles de víctimas como resultado del conflicto armado y desarrollar procesos integrales de verdad, justicia y reparación.
“La voz de la justicia nadie la puede callar”
