El COVID19 registra más de 247,000 casos a nivel mundial desde que se detectó el brote en diciembre de 2019. El 11 de marzo del corriente año la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió clasificarla como una pandemia, debido a su rápida y simultánea proliferación a escala mundial.
Una de las principales medidas que distintos expertos recomiendan para prevenir la pandemia es el adecuado lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.
El Salvador, se ha caracterizado históricamente por no brindar agua suficiente y de calidad a la población en general, priorizando actividades económicas por sobre el consumo humano y labores del hogar.
Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2018, solamente el 88.9 % de hogares a nivel nacional tiene acceso al agua, mientras que en la zona rural la situación se agrava ya que solo el 77.1 % lo tiene; por lo que, con frecuencia, personas de diversas colonias, comunidades y urbanizaciones protestan debido a la falta de suministro de agua y por la calidad de la misma.
La situación del agua en el país es grave, se nos vino encima la pandemia pocos días después de una crisis sanitaria del agua en el Gran San Salvador. La afirmación realizada por el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), en el proceso de interpelación que llevó la Asamblea Legislativa, en el mes de febrero del corriente año, donde sostuvo que: “En las condiciones actuales que se encuentra la planta de tratamiento Las Pavas no es recomendable tomar esa agua”, agrava más la situación, pues aparte de escaza, ahora oficialmente el agua no es apta para el consumo humano. De esa agua beben miles de personas que no tienen acceso a la compra de agua embotellada.
Es sumamente lamentable que a pesar del papel prioritario que debe tener la ANDA en cuanto al suministro de agua a la población, se tomara la decisión de una reducción de presupuesto para el año 2020. Igual ocurrió con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que es la entidad que debe proteger el ecosistema de recarga hídrica.
Que el uso prioritario del agua disponible en el país no sea para el consumo humano o para las actividades del hogar es otra agravante de la situación para la población. Según el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de El Salvador, el 73% del agua en el país, es utilizada para actividades distintas al consumo humano, quedando apenas un 27% para el abastecimiento a la población. En definitiva, dicha realidad no responde a las necesidades de agua potable que tiene la población en condiciones ordinarias, menos aún para situaciones extraordinarias como prevenir una pandemia como el COVID-19, en vista que se sigue priorizando el agua para la industria, mega proyectos y monocultivos.
Tras las declaratoria de la pandemia del COVID -19, el Estado de El Salvador ha impulsado medidas extremas, como el establecimiento de un régimen de excepción que limita derechos fundamentales; no obstante, no ha promovido acciones estructurales orientadas a dotar de agua suficiente y de calidad a la población, como mecanismo preventivo de dicha enfermedad. La situación se agrava más cuando en pleno desarrollo de la pandemia, se ha anunciado suspensiones del servicio en zonas poblacionales del Área Metropolitana de San Salvador.
En un contexto como el actual, es determinante reflexionar sobre la necesidad de una ley de aguas con enfoque de derechos humanos y una reforma constitucional orientada a reconocer el derecho humano al agua.
Por todo lo anterior, y en el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, expresa:
- Es necesaria la creación de un plan orientado al abastecimiento efectivo de agua potable de la población, para hacer frente a la pandemia provocada por el COVID-19;
- Debe restringirse en este momento la sobre explotación y uso del agua que hacen empresas nacionales y transnacionales; debiéndose orientar el agua disponible para el consumo humano, labores del hogar e higiene, para hacer frente a la pandemia.
- Que dentro de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno se debe incluir una fuerte inversión al tema del agua, tanto en infraestructura y saneamiento; pero también desde la perspectiva ambiental, sabiendo que el agua no nace en el grifo.
- Se debe retomar inmediatamente la discusión y aprobación de una Ley General de Aguas, con enfoque de derechos humanos, que dé prioridad al uso doméstico del agua. Así como implementar el plan hídrico y la política ambiental del país.
San Salvador, 23 de marzo del 2020
