Comunicado: Ante la no firma del Acuerdo de Escazú en El Salvador

El 24 de septiembre de 2020 será recordado como un día sombrío, en el que se consumaron las amenazas e intereses deliberados de abandonar la dimensión ambiental en la gestión pública gubernamental, un día en el que la administración de Gobierno demostró que no quiere avanzar en democracia y gobernanza ambiental, una oportunidad única que ofrecía la firma del Acuerdo de Escazú.

El Ciudadano Presidente Nayib Bukele anunció en Cadena Nacional, que El Salvador no honrará su compromiso de firma del Acuerdo de Escazú, un hecho nefasto que condenamos contundentemente desde las organizaciones, movimientos, redes comunitarias y territoriales que defendemos el ambiente, considerando que vivimos duros tiempos de efectos acelerados del cambio climático, pérdida de biodiversidad, deterioro de ecosistemas y contaminación ambiental que nos han llevado a un punto de no retorno, en donde la pandemia COVID19 demuestra que vamos por el camino equivocado.

La deuda histórica con el ambiente, se está profundizando con la decisión de privilegiar a élites económicas para que continúen saqueando el ambiente y la tierra. Es un erróneo argumento decir que el Acuerdo de Escazú no se adapta a la realidad salvadoreña y que evitaría el desarrollo del país. Lo que está detrás de esta decisión, es la intención de proteger intereses de las empresas urbanísticas y de construcción, por medio de la flexibilización de permisos ambientales, el debilitamiento de la institucionalidad pública en materia ambiental y el nulo compromiso con la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales.

La decisión Nayib Bukele denota un profundo desconocimiento sobre el funcionamiento de los acuerdos internacionales, establecido en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, donde estos se reconocen como fuente del derecho internacional, destacando la norma universalmente reconocida: “pacta sunt servanda”, que define que lo pactado se cumple, un aspecto clave para responder a las lamentables declaraciones en donde él afirmaba que, no estaban de acuerdo con algunas cláusulas y que si estas se arreglaban, entonces lo firmaría.

El plazo para que los países de América Latina y el Caribe firmaran el Acuerdo de Escazú cerró el 26 de septiembre, dejando al cierre del proceso 24 firmas y 10 ratificaciones, sin embargo, el Acuerdo aún no ha entrado en vigor, puesto que, según lo establecido, es necesario que al menos 11 países lo ratifiquen para que pueda ser implementado.

El mensaje que se está enviando a la comunidad nacional e internacional es que no hay un compromiso real con el multilateralismo, la integración regional y el cumplimiento de sus responsabilidades internacionales, lo que implica que mientras la región avanza en democracia y gobernanza ambiental, El Salvador retrocede en derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Este mensaje negativo provoca daños severos a la política ambiental y deteriora la credibilidad del Estado salvadoreño.

Lo que corresponde ahora para El Salvador es iniciar de pronta manera la discusión en la Asamblea Legislativa para que el país sea un Estado Parte del Acuerdo de Escazú por medio de la adhesión al mismo. Los diputados y diputadas tienen la oportunidad de corregir este episodio negativo acontecido con la no firma del Acuerdo, enviando un fuerte mensaje que afirme el compromiso del país con el cuidado de los bienes comunes naturales y la protección de las personas defensoras del ambiente.

El Acuerdo de Escazú es más que un instrumento sobre medio ambiente, representa un cambio de paradigma para que los Estados avancen de manera significativa hacia el desarrollo sustentable. Ampliar derechos para más información, participación y acceso a la justicia es un imperativo ético y político que los Estados deben honrar, esto no exacerba los conflictos, al contrario, permite prevenirlos y sentar cimientos para la creación de una sociedad en paz sustentable duradera hasta la séptima generación venidera.

¡Escazú Ahora El Salvador!

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