COMUNICADO: ANTE LAS RECIENTES CAPTURAS DE MILITARES IMPLICADOS EN CASO JESUITAS

Las organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales abajo firmantes, ante la decisión de las autoridades estadounidenses de extraditar al Coronel Inocente Montano y la captura por parte de autoridades policiales salvadoreñas de cuatro de los militares requeridos por la Audiencia Nacional de España por el caso jesuitas.

EXPRESAMOS:

  1. Nuestro apoyo y respaldo a las capturas realizadas por la Policía Nacional Civil, hasta ahora de 4 de los implicados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, por ser conformes con nuestra legislación y con las normas internacionales en materia de derechos humanos.
  2. Esperamos que los demás implicados se entreguen a la justicia o se proceda a la captura  de los mismos, ya que algunos de ellos conformaban el Alto Mando de la Fuerza Armada, que estuvo detrás de la decisión de asesinar a los jesuitas.
  3. Condenamos las declaraciones públicas irresponsables de algunos funcionarios –en particular del partido ARENA- que han amenazado que las capturas provocarán inestabilidad y conflictividad en el país. A nuestro juicio, la búsqueda de la verdad y la justicia de crímenes sucedidos en el conflicto armado no sirve para abrir heridas, sino para repararlas.
  4. La decisión de las autoridades judiciales estadounidenses de extraditar al Coronel Montano, debería servir de ejemplo a las autoridades judiciales salvadoreñas, para no permitir la impunidad en graves violaciones de los derechos humanos. Los crímenes en el caso jesuitas no deben ser considerados “simples asesinatos”, como se ha querido ver, sino graves violaciones a los derechos humanos.

Por lo anterior EXHORTAMOS:

  1. A las autoridades policiales, seguir cumpliendo con las órdenes de captura internacional contra los 17 militares implicados. Quienes no se entreguen deberían ser considerados prófugos de la justicia.
  2. A la Corte Suprema de Justicia en pleno, a no colaborar con la impunidad en el país y reconocer el derecho a la verdad y justicia de las víctimas –reconocido por la jurisprudencia constitucional – tanto al momento de decidir sobre las actuales detenciones como cuando le corresponda decidir sobre extradición.

 

San Salvador, 12 febrero de 2016

Fespad

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