La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro- Memoria Histórica, EXPRESAMOS:
RECHAZAMOS la tentativa de algunos diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para avanzar en un dictamen y eventual votación de una “Ley de Reconciliación”, utilizando una nueva propuesta que hasta el momento se desconoce, y que no ha sido compartida con las víctimas ni las organizaciones de derechos humanos que les representamos.
Durante los recientes foros sobre la ley, denominados de “divulgación”, promovidos por el presidente diputado Mario Ponce y facilitados por el ex Procurador de DDHH Oscar Luna, no se produjo una consulta informada, los contenidos de las propuestas en discusión no fueron dados a conocer a las víctimas, a quienes no se les brindó tampoco el mínimo apoyo psicosocial.
Fue así como los foros de febrero se convirtieron en plenarios sin metodología y no llegaron a ser una consulta. No obstante, muchas víctimas compartieron valientemente sus testimonios desgarradores, evidenciando que la violencia que sufrieron configura los hechos del conflicto armado como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Dada la deficiencia de los foros, solicitamos formalmente a la Comisión Política la integración de una comisión de trabajo con participación de víctimas y organizaciones, a fin de dar aportes informados a las propuestas de ley. Solicitamos también al presidente Ponce que hiciera valer su promesa de permitir la observación de
la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH en el proceso. La respuesta del presidente Ponce y la Comisión Política ha sido el silencio.
Recordamos también que la Comisión Política se ha negado a recibir a víctimas y organizaciones proponentes del proyecto de ley presentado en mayo de 2019, con iniciativa del diputado Juan José Martel. Hemos solicitado audiencia por escrito en varias ocasiones durante más de 5 meses sin recibir respuesta, con lo cual la Comisión está violentando el art. 18 de la Constitución, el art. 37 de su propio Reglamento Interno y la misma sentencia.
Condenamos desde ya cualquier intento de aprobar por “madrugón” legislativo (con dispensa de trámites), una propuesta inconsulta de Ley de Reconciliación, probablemente con fines de favorecer victimarios, buscando fórmulas para evitar penas de prisión o afectación de sus patrimonios, aún si se demuestra en juicios justos que asesinaron, torturaron o desparecieron a miles de personas.
Lamentamos el pasivo rol que ha desempeñado en este proceso el señor Procurador para la Defensa de los DDHH, quien no se ha pronunciado por las deficiencias del proceso legislativo, ni ha adoptado aún una posición acorde al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por el contrario, ha adelantado públicamente opiniones que expresan tolerancia con posturas de impunidad, como la posibilidad de evitar penas de prisión para victimarios condenados.
La eventual aprobación de un dictamen que no será consultado con víctimas y organizaciones fue reconocida ante medios de prensa por el diputado Raúl Beltrán Bonilla, el pasado 19 de febrero, quien manifestó que ya se contaba con un 90% de avance del dictamen, lo que haría posible su aprobación inmediata antes del 28 de febrero de 2020.
San Salvador, 21 de febrero de 2020.
