Cada 9 de julio se celebra en el mundo el “Día internacional de la destrucción de armas de fuego”, una fecha que se impulsó a raíz de la Conferencia general sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, que se realizó en el año 2001 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas ONU-.
Bajo el Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras (UNPoA), los 193 países de la ONU acordaron aplicar programas de destrucción de armas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. Al hacerlo, no solo pueden ayudar a cumplir sus compromisos bajo el Programa de Acción, sino que también pueden avanzar hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.4, que tiene como meta reducir significativamente los flujos de armas ilícitas para 2030.
El Salvador es uno de los países considerados en los últimos años como de los más violentos de la región latinoamericana, un buen porcentaje de hechos violentos se cometen con un arma de fuego.
Entre los años 2015 y 2019 se registraron más de 20 mil homicidios, de los cuales el 79.77% fueron cometidos con armas de fuego (casi 17 mil asesinatos); y el principal grupo afectado, fueron las personas jóvenes, con edades entre los 15 a 29 años1, aunado a ello, no se cuenta con estadísticas ni programas de atención integral a víctimas sobrevivientes de este flagelo. En los primeros cuatro meses del año 2020 se han cometido 453 homicidios2, de los cuales el 73.73%, es decir 334 de los hechos, fue cometido con un arma de fuego. En este mismo periodo, de 43 mujeres asesinadas, el 46.51% fue por esta misma causa3.
Tal como lo reflejan las estadísticas, existe una relación directa entre los hechos de violencia letal y la circulación de armas de fuego; sin embargo, el tema no ocupa aún un lugar visible y prioritario en la estrategia de seguridad. El tema fue incluido en el Plan Cuscatlán señalando que se crearía “un ente gubernamental para que velará de forma centralizada por el tema del control de las armas en el territorio nacional, lo cual conllevaría a reformas de ley, implementar programas de canje de armas por bienes y entrega voluntaria de armas”, siendo, por tanto, una tarea pendiente de profundizar por la actual gestión gubernamental.
Aunque existen enormes retos en torno al tema, en el país se realizan algunas acciones encaminadas a disminuir la violencia cometida por armas de fuego, entre ellas, los decomisos de armas que realiza la Policía Nacional Civil y las destrucciones de estos artefactos que año tras año realiza el Ministerio de la Defensa Nacional. Desde el año 2014 a la fecha se han destruido un total de 8,649 armas de fuego4.
En este marco, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD– y la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, en el marco del Proyecto Humanium Metal, financiado por IM Suecia, que promueve la destrucción de las armas de fuego para convertirlas en productos útiles para la vida, insta al Estado salvadoreño a incrementar esfuerzos para:
- Dar cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por El Salvador para mejorar el control y registro de armas de fuego, municiones y todos sus componentes, creando instancias interinstitucionales para construir una estrategia nacional para la prevención de la violencia armada, en el marco de lo planteado en el Plan Cuscatlán.
- Promover propuestas de reformas a legislación relacionada con las armas de fuego, explosivos, municiones y artículos similares, para mejorar el control, registro y prevención de violencia armada, así como para mejorar aquellos procesos de reducción de la circulación de las armas.
- Sumar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil para lograr disminuir el impacto que tienen las armas de fuego en la seguridad ciudadana y promover una cultura de paz.
- A mantener y reforzar los esfuerzos en torno a la destrucción anual de armas de fuego decomisadas. El proyecto Humanium Metal reitera su compromiso de apoyar esos procesos al igual que en años anteriores, con la finalidad de contribuir a la prevención de la violencia en todas sus formas.
- Impulsar políticas de atención integral a las víctimas sobrevivientes de la violencia armada en el marco de los esfuerzos del Estado por mejorar la seguridad pública.
San Salvador, 9 de julio de 2020.
1 Información elaborada a partir de los datos oficiales. Homicidios y Feminicidios Homologados 2019. Repositorio de homicidios homologados. Dirección de Información y Análisis. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Tomado de: http://www.seguridad.gob.sv/dia/estadisticas-homologadas/repositorio-de-los-homicidiosdesagregados-por-las-variables-homologadas/
2 Información elaborada a partir de datos oficiales. Homicidios y Feminicidios Homologados meses de enero, febrero, marzo y abril 2020. Repositorio de homicidios homologados. Dirección de Información y Análisis. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Tomado de: http://www.seguridad.gob.sv/dia/estadisticashomologadas/repositorio-de-los-homicidios-desagregados-por-las-variables-homologadas/
3 Ídem.
4 FESPAD Ediciones. Impacto de las armas pequeñas y ligeras en la seguridad pública, cultura de paz y el desarrollo sostenible en la región norte de Centroamérica.
