Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; en ese marco, la Fundación de
Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), siendo una organización defensora de derechos humanos y comprometida con la búsqueda
de la justicia social con equidad de género, manifestamos:
• A pesar de que en los últimos años en El Salvador se han dado algunos avances normativos como la entrada en vigencia desde hace ocho años, de la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV), y desde hace nueve años la Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres; en la práctica se siguen verificando hechos de violencia, patrones socioculturales machistas, sexismo y de discriminación hacia este grupo poblacional, con énfasis particularmente en la violencia sexual que es una problemática que afecta mayoritariamente a las mujeres en todo su ciclo vital.
• En El Salvador a diario se presentan casos de diversos tipos de violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres; como la violencia intrafamiliar,de género, sexual, física, psicológica, emocional, económica, patrimonial, cibernética, política, discriminación, entre otras. Por ejemplo, el feminicidio que constituye una de las expresiones de mayor agresión hacia las mujeres, presenta cifras alarmantes. Sólo de enero a agosto de 2020, se cometieron 84 feminicidios1, siendo ésta una problemática que el Estado debe primero prevenir, pero además atender con la
oportunidad, celeridad y efectividad debida, y evitar que queden impunes.
• En el contexto de la cuarentena domiciliar se han incrementado los casos de abusos en niñas, adolescentes y mujeres; debido al confinamiento generalizado. Según expresara Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, en su declaración del 6 de abril de 2020, “…Incluso antes de que existiera el COVID-19, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes. En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y, con el avance de la pandemia del COVID-19, es probable que esta cifra crezca con múltiples efectos…” En El Salvador, organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres han venido denunciando esta situación de manera constante sin que se atienda con seriedad.
• La violencia que sufren las mujeres en El Salvador, se ha puesto de manifiesto también en las prácticas cada vez más reiteradas de agresiones verbales o escritas que, a través de distintos medios de comunicación como las redes sociales u otros medios, realizadas por personas particulares y hasta funcionarios públicos. Estas agresiones han sido dirigidas, incluso, hacia organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres, así como a nivel individual hacia mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos, abogadas, médicas, entre otras. Lo más grave del caso es que pareciera ser que se está instaurando un ambiente tolerante a las expresiones y prácticas de odio hacia las mujeres.
Por lo anterior, como FESPAD demandamos: 1. El Estado salvadoreño debe generar las condiciones óptimas para que disminuyan todas las formas de violencia hacia las mujeres, las brechas de desigualdad de género y la asimetría del poder existentes de los hombres frente a las mujeres. Que garantice a través del cumplimiento de la legislación nacional e internacional la protección integral de la niñez, adolescencia y mujeres en el país.
2. El fortalecimiento de la institucionalidad del Estado que tutele de manera efectiva los derechos de las mujeres. Para ello se debe garantizar el desarrollo de políticas, planes y mecanismos que promuevan de forma inicial la prevención, pero además la atención y sanción de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Se requiere la instauración de un sistema nacional de datos y estadística, según indica el artículo 30 de la LEIV; además del fortalecimiento de capacidades del personal técnico especializado en atención a mujeres víctimas de violencia, a efecto
de brindar un mejor e integral seguimiento a cada caso.
3. Que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer como la institución rectora de la Política Nacional para el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, retome el rol protagónico en la vigilancia y garantía de los derechos de las mujeres.
4. Que el funcionariado que presenta prácticas lesivas contra las mujeres, cese las agresiones públicas en su contra, tanto hacia mujeres y contra organizaciones defensoras de los derechos humanos de ellas. Que en su lugar inste a todos los funcionarios y a las instituciones gubernamentales a implementar políticas públicas dirigidas a detectar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Hacemos un llamado al funcionamiento de la institucionalidad del Estado ante esas prácticas agresivas y delictuales, especialmente
de los funcionarios públicos.
San Salvador, 25 de noviembre de 2020
