El Estado no ha cumplido con las reparaciones ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2000 y en particular no ha investigado, juzgado ni sancionado a los responsables intelectuales y materiales de su ejecución y tampoco ha promovido una auténtica reconciliación nacional como aplicación consecuente de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía general de 1993.
San Salvador y San José | 24 de marzo de 2020
Han transcurrido 40 años desde el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero o San Romero, a manos de un escuadrón de la muerte conformado por miembros del Ejército de El Salvador y de la oligarquía del país, por ello hoy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Concertación Mons. Romero, conmemoramos su legado y exigimos al Estado que garantice en el caso verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición; es lo que esperan y demandan tanto la sociedad salvadoreña como la comunidad internacional.
En medio de la crisis generada por la pandemia del COVID 19, destacamos que el mensaje de Monseñor Romero sigue más vigente que nunca y señalamos que este contexto no debería, bajo ninguna circunstancia, permitir que pase a segundo plano la búsqueda de la verdad y la justicia.
Recordamos que este mes se cumplen dos décadas desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptara su Informe de Fondo en el caso y señalara al Estado como responsable de este crimen, emitiendo una serie de recomendaciones que incluyen investigar y llevar a los responsables ante la justicia. La CIDH también requirió al Estado adecuar la legislación a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General de 1993, por ser incompatible con las obligaciones estatales respecto del acceso a la justicia, así como, reparar a las víctimas de este atroz crimen.
Precisamente, este aniversario del asesinato de Monseñor Romero tiene lugar apenas un mes después de que la Asamblea Legislativa aprobara una Ley de Reconciliación Nacional1 que contiene disposiciones que garantizan la impunidad sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y que actualmente aguarda la discusión de las y los diputados ante el veto del presidente de la República.
“La ausencia de acciones claras y decididas para obtener justicia en el caso de Monseñor Romero hace que se vacíen de significado medidas como este veto o los actos de reconocimiento de responsabilidad hechos por gobiernos anteriores”, expresó Ovidio Mauricio, Director de Tutela Legal.
Para Claudia Paz y Paz, Directora de CEJIL Mesoamérica, el Estado salvadoreño no puede seguir evadiendo su obligación de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. “Como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su reiterada jurisprudencia, en casos de graves violaciones de derechos humanos, como el asesinato de Monseñor Romero, el Estado está en la obligación de utilizar todos los medios a su alcance a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Monseñor Óscar Arnulfo Romero”.
Las organizaciones que acompañamos el caso hacemos un llamado para que el Estado tome todas las medidas necesarias para acabar con la impunidad sobre el asesinato de Monseñor Romero y desarrolle los procesos de investigación sin más demora. A la vez, exigimos que garantice que no exista ningún obstáculo para el juzgamiento de los responsables, particularmente ante la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional o nueva reedición de la Ley de Amnistía.
En el 40 aniversario de su martirio y en el día internacional del derecho a la verdad por las graves violaciones – establecido en homenaje a Mons. Romero –, instamos al Estado de El Salvador a cumplir integralmente las resoluciones de la CIDH, y particularmente a las autoridades de justicia, a investigar seriamente este caso y sancionar a los responsables intelectuales y materiales, ya que es necesario para El Salvador obtener justicia en este caso y otros graves cometidos durante el conflicto armado, lo que será un signo y muestra de voluntad del Estado en buscar una verdadera reconciliación en la sociedad.
Los hechos
El 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez fue asesinado por el disparo de un francotirador integrante de un escuadrón de la muerte, formado por agentes estatales. Romero venía levantando fuertes críticas a la represión y a las injusticas, en los tiempos en que iniciaba el conflicto armado interno en El Salvador, que se extendió hasta 1992 y produjo 75.000 víctimas civiles de graves violaciones a los derechos humanos
Su caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1993, que el 13 de diciembre del año 2000, emitió una resolución en la cual estableció que el Estado de El Salvador era responsable por la ejecución de Monseñor Romero y por no haber investigado de manera seria y efectiva los hechos, ni haber llevado a los responsables ante la justicia.
El 14 de octubre de 2018, Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue declarado Santo por la Iglesia Católica, ya que fue un profeta y pastor que denuncio al sistema opresor existente y se pronunció por temas actuales como la desigualdad e inequidad de las mayorías. Aún, se pronunció en favor de la vida humana denunciando el daño a la naturaleza y la explotación de los recursos, que nos han llevado a crisis sanitarias como la que vivimos actualmente en la región.
1 https://elpais.com/internacional/2020/02/27/america/1582831110_115487.html
