Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por los efectos que acarrea la decisión del Secretario General de la Organización de Estados Americanos –OEA, Luis Almagro, de no renovar el mandato de Paulo Abrão como Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH.
Han circulado distintas versiones de los motivos por los que Almagro tomó esta acción contra la CIDH pese a que la decisión de continuar la gestión de su secretario ejecutivo fue por unanimidad por esta instancia desde enero de este año sin que se conociese objeción alguna. Almagro esgrime que se trata de garantizar derechos humanos del personal de la misma OEA; según sus afirmaciones, han sido varias denuncias por acoso laboral contra Abrão que no fueron tramitadas, las cuales se recogen en un informe de carácter confidencial entregado por la ombudsperson de este organismo al mismo Almagro. Para la CIDH, esta decisión unilateral – y, principalmente, cuestionable en torno a la temporalidad después de 8 meses de tomada la decisión – constituye un franco desconocimiento de su independencia y autonomía, que busca la separación de facto de su secretario ejecutivo.
No es primera ocasión en que se evidencian fisuras entre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos –SIDH- y la estructura político-burocrática de la OEA. Tampoco es primera ocasión en que el Secretario General se ve envuelto en un conflicto donde oculta intereses reales en aspectos meramente formales, particularmente cuando los señalamientos de la CIDH se han dirigido a los Estados Unidos o a sus alianzas. No se trata de desvirtuar posibles denuncias hechas por personal de la OEA, pero sí debe señalarse que no es hasta que las mismas han sido verificadas, y en concordancia con principios de debido proceso, que puede fundamentarse una acción contra la persona supuestamente denunciada.
Más relevante que la argumentación o excusa que pudiese emplearse, es el hecho de que para que la Comisión Interamericana pueda llevar a cabo su mandato de supervisar y promover los derechos humanos en el hemisferio, es indispensable que sean respetadas las normas sobre las que se construyó el SIDH, las cuales responden a la necesidad de resguardar la competencias y autonomía institucional de este organismo. Que un actor marcadamente político pueda determinar quiénes desempeñan cargos en la CIDH o separarlos de los mismos, deja a esta instancia en franca desventaja en detrimento de su credibilidad.
Pero, ¿qué está en juego cuando se habla de una violación a la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Según el diseño del SIDH, la CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Además, es la primera instancia en recibir denuncias, casos y peticiones de medidas cautelares, además de monitorear el cumplimiento de los Derechos Humanos los países americanos. Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acompañadas por la CIDH han sido ciudadanos y ciudadanas del continente americano a quienes les ha fallado su Estado y su sociedad, personas que ven en el SIDH la última esperanza de justicia, verdad y reparación. Sin la institucionalidad y autonomía de la CIDH, no tendríamos, por ejemplo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Paola Guzmán Albarracín, quien fue acosada y abusada sexualmente en 2002 por el vicerrector del colegio público donde estudiaba, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador; o el Estado salvadoreño no estaría obligado a proporcionar retrovirales y salud de calidad a las personas salvadoreñas viviendo con VIH, si no hubiera habido una demanda de un ciudadano salvadoreño contra El Salvador en la CIDH.
La puerta al diálogo ha quedado abierta por la CIDH y retomada por Almagro en sus respectivos comunicados públicos. La renovación del mandato de Abrão no debería ser un punto abierto a ningún tipo de negociación. Lo cierto es que de dejar pasar este incidente, deja a la CIDH vulnerable a manipuleos de fuerzas descontentas con la labor realizada hasta ahora, usualmente vinculadas con los Estados que han sido señalados por su responsabilidad en graves hechos tanto del pasado como del presente. En ese sentido, es importante rectificar en la decisión anunciada por el Secretario General de la OEA en función del respeto hacia la autonomía que debe caracterizar al SIDH que en el continente, y particularmente en El Salvador, ha sentado importantes precedentes favorables a la garantía de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y contra la impunidad de sus perpetradores. No se trata de un cargo comprometido en esta situación, sino que se trata del respeto al mismo Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Es eso lo que está en juego.
Centroamérica, 26 de agosto 2020
