Diferentes ciudades del área metropolitana de San Salvador, como Soyapango, Ilopango, La Gloria, Mejicanos, Zacamil y otras partes aledañas de la capital han presentado denuncias ante la mala calidad del agua. La situación es agravante ya que muchas de las familias afectadas utilizan el vital líquido para consumo humano y trabajos domésticos.
Desde el año 2016 se declaró al país en emergencia ante la escasez del agua, a la fecha la falta de agua en algunas zonas del país ha generado el descontento de diferentes comunidades y colonias ante la pésima calidad y abastecimiento del agua
Es evidente la contradicción ante el discurso de los partidos de derecha, al decir que existe agua de buena calidad en el país, mientras se busca extraer agua del Lago de Ilopango que contiene cantidades elevadas de boro y arsénico o, por otro lado, las declaraciones del presidente de ANDA, Frederick Benítez, de aperturar 47 pozos de agua, pero la realidad de la población es que en las últimas semanas se ha vuelto notable la falta del vital líquido y su mala calidad reflejada en el olor, color y sabor.
A esta situación se le suma una propuesta de hoja de ruta en el tema agua presenta el 14 de enero en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático por la diputada Martha Evelyn Batres para alcanzar una ley de aguas , hoja que no representa garantía alguna para las exigencia de la población.
Resumidamente, la propuesta de la diputada, Batres, plantea tres cosas: uno, que el contenido de la ley se lleve a un equipo técnico; dos, lo único público será la votación en la comisión de la propuesta de ley, donde la derecha lleva amplia ventaja y quienes ya votaron en una ocasión por una administración de mayoría privada; y tres, pese a que reiteró que “el aporte de cada ciudadano, funcionario, institución u organización será de gran valor y tomado en cuenta”, en su hoja de ruta no contempla los espacios para el debate público al respecto, sino más bien que se permita hacer observaciones ¿qué garantiza que deliberen sobre las observaciones?
Según estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se calcula que para el año 2030, se dispondrá de un 82% menos de agua de lo que actualmente se tiene en el país, esto afectaría a las grandes mayorías de población salvadoreña. Y que a pesar que las Naciones Unidas, declararon el 28 de Julio del 2010 el agua como un derecho humano y fundamental, esto no parece ser prioridad del Estado.
A sí mismo el 12 de diciembre del 2019, el seno legislativo aprobó el Presupuesto General de la Nación presentado por el Ejecutivo con un sinfín de anomalías que no corresponden a las necesidades del país y mucho menos a la realidad medioambiental. El presupuesto fue aprobado dejando desfinanciado al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con $3.2 millones menos a comparación del año anterior; al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales (MARN), se dejó con $3.88 millones menos; ANDA, por su lado, sufrió una reducción alarmante de $13 millones. Mientras, al ejecutivo le parece más importante incrementar con $7.7 millones sus gastos publicitarios y aumentar $83.98 millones los gastos injustificados del Estado.
Pero las quejas de la población siguen en aumento, mientras en la Asamblea Legislativa se cierra al debate público para garantizar una ley general de aguas que beneficie a todos y todas, a pesar que en el reciente sondeo de opinión del Instituto de Opinión Publica (IUDOP) de la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas (UCA) indica que el 87% de los salvadoreñas y salvadoreños creen que es urgente que la Asamblea Legislativa reconozca el derecho humano al agua en la Constitución de la República.
En este panorama exigimos que el debate técnico se haga de forma pública y se permita la participación de la sociedad civil en la discusión de la ley de aguas.
Invitamos a toda la población a estar alertas y poner los ojos sobre esta comisión que ya hizo un intento de aprobar un ente rector con ventaja para los mismos que explotan y nos quitan el agua.
Demandamos una ley general de agua que contenga los cinco puntos no negociables para una buena administración del bien hídrico:
- El Agua como un Bien Público
- Derecho Humano al Agua y Saneamiento
- Gestión Pública con participación efectiva de la sociedad salvadoreña
- Gestión Sustentable de las Cuencas Hidrográficas
- Régimen Económico y financiero justo y equitativo
¡POR UNA GESTIÓN PÚBLICA Y PARTICIPATIVA!
¡TODAS Y TODOS POR LA DEFENSA DEL AGUA!
San Salvador 17, enero, 2020
Puede descargar el comunicado aquí: https://bit.ly/2u7aZ3s
