Organizaciones de la sociedad civil hemos presentado públicamente un informe de veeduría ciudadana sobre el proceso de selección de la persona titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que se realizó entre el mes de septiembre y diciembre del año 2022.
La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), aparece dentro del esquema institucional salvadoreño con la finalidad, justamente, de velar por el pleno respeto de los derechos humanos por parte de los poderes públicos.
Es por ello que la elección del titular de la PDDH adquiere especial relevancia en el contexto político y social salvadoreño actual, caracterizado por una alta concentración del poder y serias deficiencias de mecanismos de control sobre la gestión pública, por lo que, además, resultan oportunos los esfuerzos de la ciudadanía por verificar la idoneidad o no de las personas que aspiran a ocupar cargos en instituciones que tienen un rol contralor de las actuaciones de la institucionalidad de Estado, tal es el caso de la PDDH.
En nuestro informe planteamos una serie de observaciones al proceso de selección, entre ellas: 1) el poco interés de los profesionales del derecho en la convocatoria hecha por la Asamblea Legislativa; 2) la ausencia de instrumentos técnicos para evaluar o ponderar el cumplimiento de los requisitos por parte de las personas aspirantes; 3) la ausencia de instrumentos o guías de entrevista para la etapa pública, ni de criterios sobre cómo los resultados de la entrevistas se iban a ponderar en la fundamentación de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa; 4) deficiencias en la fundamentación del dictamen de la citada Comisión; 5) inexistencia de mecanismos de participación ciudadana; 6) votación sin análisis de los grupos parlamentarios a la hora de la elección; 7) incumplimiento de requisitos de mérito, idoneidad e independencia, por parte de la funcionaria que resultó electa.
Para que sean tomadas en cuenta en futuras designaciones de segundo grado de funcionarias o funcionarios, las organizaciones, hacemos las recomendaciones siguientes:1) elaboración del perfil que debe reunir la persona que ocupe el cargo; 2) utilizar instrumentos técnicos para evaluar y ponderar los requisitos; 3) utilizar instrumentos para realizar y ponderar las entrevistas públicas; 4) crear mecanismos para la participación de la sociedad civil efectivos durante el proceso de selección; 5) incluir la ponderación de cada postulante en el dictamen que se remite al pleno de la Asamblea Legislativa.
Consideramos que al tomar en cuenta los aspectos planteados, se mejoraría sustancialmente los procesos de elección, con ello, el funcionamiento institucional y, en última instancia, como consecuencia, el cumplimiento del rol garante de derechos que corresponde al Estado en su conjunto.
San Salvador, 23 de marzo de 2023.
