La inexistencia de políticas públicas orientadas a la protección del medio ambiente a nivel mundial genera condiciones de vulnerabilidad; frente a ello, los monopolios y oligopolios, transnacionales o capitales nacionales promueven con facilidad industrias extractivas, monocultivos, deforestación, producción de mercancías de un solo uso, sobre explotación de mantos acuíferos superficiales y subterráneos, depredación y extracción de la fauna, entre otras.
El Salvador no es la excepción frente a esa crisis global, ya que el país carece de medidas legislativas para la protección del medio ambiente, por el contrario, con el paso del tiempo el Estado ha acumulado distintas deudas en la materia, siendo una de ellas la reforma a la Ley del Medio Ambiente, con la cual se daría potestad administrativa sancionadora al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) frente a incumplimientos cometidos a dicha Ley.
Pese a que en diciembre de 2022 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Recursos Hídricos esta no ha solucionado los conflictos ambientales en los territorios, por ejemplo, el caso del proyecto de la octava represa hidroeléctrica sobre el Río Sensunapán, el proyecto urbanístico Valle del Ángel, la destrucción del “El Cerrito”, en Quezaltepeque, la quema en plantaciones de monocultivo de caña de azúcar, la amenaza trasfronteriza de la mina Cerro Blanco, la sobre explotación de los mantos acuíferos, entre otros.
Por otro lado, El órgano Ejecutivo ha impulsado y ejecutado proyectos y mega proyectos bajo la narrativa de “potenciar el desarrollo”, inobservando la función del Estado de tutelar los derechos ambientales mediante el amplio otorgamiento de permisos ambientales. Estos proyectos tienen como característica principal comprometer los derechos humanos de las personas, dado que la ejecución de los mismos va de la mano con amenazas a bienes naturales y desalojos forzosos.
La jurisdicción ambiental tuvo ligeros avances desde su creación; no obstante, la depuración y movilidad de jueces/as y magistrados/as en el año 2021 impactó negativamente a esta.
El momento electoral que vive el país es idóneo para que las fuerzas políticas promuevan la discusión de estos temas y generen propuestas concretas que garanticen un ambiente sano, sin embargo, son temas ausentes en la narrativa electoral.
Tomando como base lo anterior, es importante resaltar la necesidad que, desde las víctimas, organizaciones de derechos humanos y ambientales, se cuente con espacios alternativos, con robustez ética y técnica, para realizar denuncias de vulneraciones al medio ambiente, por lo que la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) creará el primer tribunal socioambiental en El Salvador, un ente capaz de emitir resoluciones no vinculantes ante casos emblemáticos en la materia.
FESPAD hace el llamado a comunidades, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, pueblos indígenas, mujeres, juventudes, personas naturales o jurídicas a plantear sus casos de grave violación al medio ambiente mediante el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/DM7sF8xTmj
¡Garantizar un ambiente sano es justicia para El Salvador!
San Salvador, 26 de enero del 2024.
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