"Nuestra lucha es por la dignidad de las personas"

Comunicado | La imparcialidad del sistema de justicia es necesaria para garantizar la labor de las personas defensoras de DDHH

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2 abril, 2024

El 3 de abril se realizará la audiencia preliminar en contra de los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES, en medio de un proceso que ha sido señalado de serias debilidades jurídicas, probatorias y de acusaciones de instrumentalización del sistema de justicia.

Organizaciones nacionales e internacionales, activistas, congresistas y personas académicas de diferentes partes del mundo, han externado su preocupación sobre la posibilidad de que el proceso sea una represalia por la fuerte labor ambientalista desarrollada durante años por los líderes comunitarios procesados, argumentando la existencia de arbitrariedad en el proceso.

El Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque tiene el deber de realizar una evaluación objetiva del caso, constituyéndose en un auténtico ente contralor de las garantías procesales que asisten a los líderes ambientales y de su presunción de inocencia. En el caso no solo está en juego el derecho a la libertad sino también el derecho ciudadano de defender, sin temor alguno, el agua, los ecosistemas, los bienes naturales, la continuidad de la vida, nuevamente amenazada por la posible reactivación de la minería metálica y, también, de defender y promover cualquier otro derecho.

El diseño normativo e institucional que, de manera formal, está plasmado en nuestra Constitución y legislación Procesal Penal, está orientado a contar con un Órgano Judicial imparcial, que actué como auténtico guardián en contra de cualquier arbitrariedad o error que puedan cometer los otros órganos del Estado, razón por la que la resolución del juzgado que conocerá del caso debe ser apegada a la realidad jurídica y probatoria que se le presente, sin ceder, por ninguna razón, a cualquier otra circunstancia.

Mantenemos nuestra expectativa ciudadana de imparcialidad del ente juzgador de este caso y confiamos que prevalecerá, más temprano que tarde, la justicia, la seguridad jurídica, la razón y, sobre todo, el derecho a defender derechos sin temor a ser víctimas del poder descontrolado del Estado.

San Salvador, 2 de abril de 2024.

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