Los Acuerdos de Paz marcaron no solo la finalización del conflicto armado, sino también la instauración de un esquema político dominado por dos principales fuerzas: ARENA y FMLN.
Cada una de estas fuerzas han representado extremos en el espectro político, mantuvieron permanentemente prácticas de polarización que las terminaron debilitando. Para una parte considerable de la población, ARENA y FMLN no dieron solución a problemas graves del país, como la violencia y la precariedad económica, y no corrigieron sus errores internos, en especial la corrupción.
Todo esto ha posibilitado el surgimiento de nuevas fuerzas o el reposicionamiento de otras, entre las cuales se encuentran las que ahora conforman o se expresan en apoyo al presidente.
El movimiento político que respalda al presidente, que se identifica en su partido Nuevas Ideas, GANA1, Cambio Democrático (CD) y diputados de otros partidos, sirve de eco a la frustración de esa parte de la población desencantada con el sistema tradicional. Y por tal razón, este movimiento se planta en oposición a la dinámica de poder que establecieron ARENA y FMLN, fijando un nuevo polo que no se ubica en el centro de las fuerzas tradicionales, sino en oposición con éstas. Sin embargo, con los hechos que se han observado hasta ahora, este nuevo polo en lugar de tener un contenido más democrático ha evidenciado rasgos más autoritarios.
En el esquema tradicional existieron fronteras de lo que era aceptable políticamente. Esas fronteras impedían que la democratización en El Salvador siguiera avanzando, pero a la vez operaron como una condición mínima sobre cuestiones en las que no se retrocedía. Por ejemplo, era aceptable políticamente tratar de controlar la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CSJ por medio de la elección de magistrados, pero no lo era desobedecer sus resoluciones. Ahora, varios hechos indican que esos límites se están rompiendo, como la irrupción del presidente Bukele y la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, las detenciones ilegales durante la cuarentena, el no acatamiento de resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y la negativa de presentar informes a la Asamblea Legislativa, entre otros.
La forma de gobernar del presidente y su equipo representan una polarización de nuevo orden, de la cual no es posible vislumbrar hasta donde llegará. Esto dependerá de qué tan sostenible sean los apoyos políticos del gobierno y lo que esto implique en términos de fortalecer su posición y debilitar la de los adversarios. Un momento clave será las elecciones de diputados y alcaldes 2021, porque permitirá precisar el peso de los diferentes actores políticos y ofrecerá un panorama más claro de la correlación para los siguientes años.
Variables claves en la sostenibilidad de dicho proyecto son mantener el respaldo de una parte importante de la opinión pública, la cohesión interna, el acrecentamiento de los entendimientos con sectores empresariales, la disponibilidad de fondos para mantener en funcionamiento programas críticos del gobierno y el respaldo internacional, en especial de la administración de los Estados
Unidos.
Por otra parte, con independencia de la sostenibilidad del proyecto político gubernamental, en el futuro inmediato, mecanismos de poder utilizados por esta administración seguirán operando. Entre ellos está la confrontación con los adversarios y el ataque a las posturas críticas. En estos ataques cumplen un papel relevante las expresiones de escarnio público. Críticas o comentarios del presidente y sus colaboradores cercanos son retomados por una estructura de publicaciones allegadas y por seguidores en redes sociales, proceso en el que los mensajes llegan a alcanzar el nivel de expresiones de odio. Estos ataques alcanzan a opositores políticos, voces críticas de organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, entre otros.
La tolerancia de la corrupción representa una práctica compartida y asimilada entre el equipo de gobierno. El cometimiento de irregularidades que pueden constituir ilícitos de corrupción es, si acaso, atribuido a conductas individuales y aisladas, pero la tolerancia a estas acciones, incluso su defensa, es una práctica colectiva del gobierno. Esta última requiere de la participación de múltiples actores en acciones como el ocultamiento de información, la desactivación de los mecanismos de control, la habilitación para que los implicados sigan al frente de sus cargos y la respuesta conjunta del aparato de comunicaciones del gobierno. Y en esa dinámica, la corrupción y la tolerancia hacia ella están operando también como mecanismos de poder de la actual administración.
La crisis del COVID-19 ha revelado signos de negligencia y corrupción por parte de las autoridades gubernamentales. La negligencia se ha observado en la forma de responder a la pandemia con medidas desproporcionadas o improvisadas, la descoordinación entre los equipos y un manejo confuso de los datos.
Aún es poco lo que se conoce sobre posibles actos de corrupción en el actual gobierno, porque las restricciones a la información y la resistencia a rendir cuentas se ha acrecentado, a la vez que las instituciones de control no han revelado resultados de su intervención, a excepción de la Corte de Cuentas que ha emitido primeros informes donde se revelan algunos indicios. Las denuncias han surgido principalmente de investigaciones periodísticas, sin que hayan sido contra argumentadas con evidencia por los funcionarios implicados. La respuesta de las autoridades ha
sido generalmente la descalificación contra los periodistas responsables de dichas investigaciones o los medios que las han publicado. El no contra argumentar con evidencia y a la vez descalificar a los periodistas, representa un mensaje de tolerancia hacia las prácticas corruptas, repitiendo en este campo el patrón de comportamiento de administraciones anteriores.
La relación de los gobiernos con el periodismo crítico siempre presenta tensiones. Pero durante la gestión gubernamental se han observado expresiones que indican un agravamiento de esa
relación. En general, además de las restricciones de acceso a la información pública, existe una política de control de las comunicaciones desde el gobierno por medio de la cual se decide qué temas abordar, quiénes son los voceros y a qué medios se les da la información.
Con la pandemia, la suspensión de los plazos procesales fue interpretada de manera extensiva al grado de suspender el trámite de solicitudes de información y el funcionamiento de las oficinas de
información. Luego, se están presentando casos en que se hacen declaraciones de información reservada sin justificación, se declara la inexistencia de archivos sin cumplir con el procedimiento de búsqueda y se desatienden resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública -IAIP-y de tribunales judiciales. Además, ha habido negativas de funcionarios para presentar informes, tanto requeridos en el marco de la emergencia como ordinarios.
Independientemente de la sostenibilidad del proyecto político del gobierno, las afectaciones reportadas al arreglo institucional y en general al proceso de democratización tendrán un efecto
duradero. De igual manera, al menos en el corto plazo, los mecanismos de poder utilizados para ejercer gobierno, como la confrontación y la limitación de la transparencia, continuarán teniendo un rol relevante.
La pandemia del COVID-19 ha expuesto con mayor fuerza patrones autoritarios que prevalecen en la cultura política salvadoreña, y que se evidencian en su preferencia por las conductas transgresivas, discrecionales y opacas. Estas características han estado presentes en las fuerzas políticas que han controlado el aparato gubernamental desde los Acuerdos de Paz y se han hecho rápidamente evidentes en la actual administración, con el agravante de que se están rompiendo supuestos que eran considerados inaceptables políticamente, como el no acatamiento explícito de resoluciones judiciales.
El acceso a la información pública y en general, la transparencia, aparecen como un aspecto central en la actual coyuntura del país. En primer lugar, es un indicador de la dirección y magnitud del orden institucional y del proceso de democratización. Reconociendo que hubo avances en las dos administraciones anteriores, ahora se puede afirmar que hay retrocesos en transparencia, también
los hay en la calidad de las instituciones, en la vigencia del estado de derecho y en el respeto de los derechos humanos.
Los patrones de comportamiento de algunas instituciones de control muestran cierto favorecimiento por acción u omisión hacia el gobierno. La Corte Plena de la CSJ rechazó entregar documentación patrimonial del presidente Bukele, lo cual había sido ordenado por el IAIP. En la misma línea, posteriormente el IAIP se allanó a esa decisión de Corte Plena, y ha mostrado un giro evidente desde que se nombró a su actual presidente, a un comisionado propietario y a su suplente.
También ha habido acciones de neutralizar la labor de auditoría que realiza la Corte de Cuentas a fondos destinados para la atención de la pandemia; estas acciones incluso pueden ser ilegales ya que ha sido el Ministerio de Trabajo quien ha ordenado la inhabilitación de las oficinas de las unidades que realizan esa labor de auditoría, cuando no tiene facultad legal para hacerlo.
La CICIES, a un año de su instalación, ya está dando sus primeros resultados, así lo ha manifestado el Fiscal General de la República, en cuanto a que las investigaciones que ha iniciado la FGR a algunas instituciones del gobierno, son el resultado del convenio de cooperación entre ambas entidades.
Es importante no perder de vista que la coyuntura actual es un resultado de la interacción entre actores y estructuras. En ese sentido es clave no caer en el sesgo de atribuir los retrocesos solo
a la conducta de los actores, como puede ser el presidente Bukele y su equipo, y perder de vista aspectos estructurales que anteceden, se mantienen y perduran por encima de la intervención de estos actores.
En ese orden de ideas, es necesario analizar lo ocurrido en otras esferas de la administración pública distintas del Órgano Ejecutivo, como los órganos Legislativo y Judicial, el sector municipal y otras entidades públicas. Esto permitirá contar con un panorama más completo de cómo ha evolucionado la transparencia y la lucha contra la corrupción, no solo para identificar lo ocurrido en esas otras esferas, sino también comprender en un marco más amplio las interacciones institucionales.
La pandemia de COVID-19 también ha develado las vulneraciones a que está expuesta la población en sus derechos. No se trata solo del derecho a la salud, que en el actual período parece estar cayendo en el reduccionismo de la enfermedad, los medicamentos y la hospitalización. El derecho al trabajo, alimentación adecuada y la educación también han sido severamente afectados.
Además, producto del enfoque prevaleciente en el manejo de la respuesta gubernamental, en este período se han observado abusos de las fuerzas de seguridad pública con maltratos y detenciones arbitrarias, así como un ascendente protagonismo militar en las intervenciones de salud y de distribución de la ayuda a las familias. Es más, en esta coyuntura se manifiesta cómo la falta de transparencia y la corrupción distorsionan la responsabilidad de los agentes del Estado en cuanto a la promoción, respeto y tutela de los derechos humanos. Sin duda alguna, la transparencia es un punto débil de la actual administración.
Es tiempo que dejemos de ser meros espectadores de la caótica realidad nacional, y de lamentarnos ante cada afrenta al Estado de Derecho y definamos qué medidas tomar frente a las arbitrariedades del poder, teniendo en cuenta que somos pueblo soberano. Lo que sigue es la construcción de una propuesta estratégica que contribuya al rescate de nuestra incipiente democracia, ahora tan mancillada.
San Salvador, 18 de noviembre de 2020.
1GANA también entra en los que han dado por llamar “los mismos de siempre”, al igual que el PCN y PDC; incluso NI tiene miembros que están en esa categoría.
