Siempre se nos ha dicho que “por la verdad murió Cristo”; también por decir la verdad murieron San Romero de América y el beato Rutilio Grande hace más de cuatro décadas, junto a religiosas y religiosos que se opusieron a las estructuras injustas prevalecientes antes y durante la Guerra en el país. No podemos permitir que ahora el padre Miguelito, como cariñosamente conocemos al jesuita Miguel Ángel Vázquez Hernández, corra el riesgo de convertirse en un mártir más por decir la verdad, luego de haberse pronuncia haber pronunciado su valiente, homilía, en la que denunció el recién pasado domingo 7 de marzo del año en curso, lo que ha calificado como “la maniobra sucia de quienes se encuentran en la corrupción y compra de votos el camino para llegar al poder”.
En medio de un ambiente tan crispado como el que prevalece en la actualidad, con el poder total concentrado en una sola persona y unas bases que le siguen tan “deslumbradas”, nos invade la preocupación que alguien atente contra quienes se atrevan a poner el dedo en la llaga del cuestionable desempeño oficial en diversos ámbitos de la vida nacional. Esto último es lo que acaba de hacer el padre Miguelito y, debido a eso, tenemos por su integridad personal.
No obstante el peligro que entraña pronunciarse de manera clara y directa, él asegura que ha documentado numerosas compraventas de sufragios en los municipios de Arcatao y Nueva Trinidad, Chalatenango. La persona responsable de esa sucia conspiración lo ha atacado; asimismo, afirma que un salvadoreño migrante residente en Estados Unidos y electo concejal por Nuevas Ideas amenazó a una pobladora de la comunidad y con ella le mandó a decir a “ese cura que se quite el gabán y se vaya de aquí”.
El padre Miguelito, además, da fe que el alcalde postulado por dicho partido fue “electo” mediante un fraude real del cual tiene pruebas; estas son el fundamento de las imputaciones que, exponiéndose a recibir cualquier tipo de agresión ha hecho del conocimiento público el sacerdote jesuita. Señala, además que miembros de la Fuerza Armada instalados en el territorio, “obedeciendo órdenes superiores” y debido a la militarización de la frontera, negaron el Paso de manera selectiva a la población salvadoreña que vive en Honduras y pretendía ejercer su derecho al sufragio.
La probabilidad de que ocurra una fatalidad en este entorno político amenazador no se agota únicamente con la persona del padre Miguelito; también se encuentran en situación de inseguridad aquellas personas y comunidades que, en esos municipios, hayan sido identificadas como opositoras a la gestión gubernamental por haber expresado su inconformidad frente a la misma, por cuestionar las ilegalidades previas al pasado domingo 28 de febrero, por denunciar lo ocurrido ese día o por haber evidenciado su preferencia por otro partido político distinto al oficial.
Por todo lo anterior, quienes firmamos con preocupación el presente pronunciamiento exhortamos al padre Vázquez Hernández a denunciar los hechos en la fiscalía general de la república para que ésta proceda como corresponde. Es importante y estratégico en la hora actual continuar a sentando precedentes de lucha contra la impunidad, mediante el empoderamiento ciudadano y el funcionamiento institucional.
Asimismo, hacemos un llamado a las organizaciones sociales del país y a los medios de comunicación nacionales independientes, así como entidades internacionales y a los organismos intergubernamentales de Derechos Humanos, para que expresen su solidaridad afectiva y efectiva tanto con el padre Miguelito como con su feligresía de Arcatao, Nueva Trinidad; está debe traducirse en vigilancia social y política de lo que está ocurriendo en esas comunidades, en acompañamiento solidario y fraterno, y en acción urgente para prevenir en ese marco, el cometimiento de hechos irreparables y lamentables.
No podemos obviar, al hacer este planteamiento, nuestra profunda preocupación para el asesinato de Concepción Varela, quién era candidato alcalde municipal de Nueva Trinidad por el partido de Conciliación Nacional, él fue considerado desaparecido durante 3 días antes de las elecciones. Demandamos a las autoridades competentes una exhaustiva investigación, mediante la cual se esclarezcan los móviles de este grave hecho y se sancione a sus responsables.
Finalmente, hacemos un llamado a la cordura y a la responsabilidad por parte de las autoridades estatales. Si existe un compromiso con el mantenimiento de la paz y el respeto de los derechos humanos, no es admisible que de nuevo se pongan en riesgo las libertades de la población y su dignidad.
San Salvador, 10 de marzo de 2021
