La muerte de un agente policial en Chalatenango, este 16 de mayo, se suma a una larga lista de hechos que día con día han llenado de tristeza a las familias salvadoreñas, y nos recuerdan que es necesario, por ende, tomar acciones audaces, contundentes, valientes e integrales de parte del Estado salvadoreño para poner fin a las múltiples violencias.
La corporación policial ha pagado un alto precio como consecuencia de la falta de políticas públicas concretas, reales e integrales en materia de seguridad. Hasta agosto de 2020 se registraban 351 agentes fallecidos en cumplimiento del deber desde la fundación de la Policía Nacional Civil, en 1992.
A la corporación policial se suman miles de familias salvadoreñas víctimas de la violencia homicida, solo entre el año 2011 y 2022 se reportaron 39,474 homicidios, de los cuales, 5,432 habrían ocurrido durante la actual administración.
Junto a lo anterior, la problemática de las desapariciones también ha golpeado a los hogares salvadoreños. Entre 2014 y 2019 -hasta antes de la actual administración gubernamental- la Fiscalía General de la República recibió más de 22 mil denuncias de personas desaparecidas, en su mayoría –pero no exclusivamente- por el actuar de grupos criminales. Esa situación ha persistido, pues entre 2020 y 2022, ya en la actual administración, el número de denuncias sobre personas desaparecidas supera las 4 mil, de las cuales, según estimaciones, el número de casos activos –personas no encontradas- supera los 2 mil, es decir, no hemos sido capaces –como sociedad- de parar tan grave problemática que, junto a los homicidios, han sido los principales indicadores en materia de seguridad, aunque, debe tenerse presente, no son los únicos.
Basta con esos datos para darnos cuenta que somos un país de víctimas de diferentes tipos de violencia –a las que se pueden sumar las del conflicto armado- y sin embargo, la estela de hechos dolorosos, no termina ahí, pues a la violencia provocada por grupos criminales se ha sumado las consecuencias del uso irresponsable del poder desde el Estado durante la vigencia del régimen de excepción, situación de lo que son ejemplos los miles de casos de personas inocentes que han sido capturadas sin tener vínculo alguno con grupos criminales, sobre lo cual las autoridades han reconocido un número superior a los 5 mil, es decir, miles de personas guardaron prisión por meses sin que hubiera motivo para ello, sometidos a las condiciones deplorables en el sistema penitenciario que, incluso, ha costado la vida a más de 100 personas, según la información de las mismas autoridades de seguridad pública y datos recopilados por organizaciones de la sociedad civil.
Ninguna familia salvadoreña debe ser víctima de la violencia, ni de la provocada por grupos criminales, que amparados en la impunidad han soslayado la vida de la población salvadoreña, ni de los abusos del Estado, propiciados por la debilidad de los mecanismos de control que deben funcionar para evitar la afectación de personas inocentes. La violencia debe condenarse, denunciarse y contrarrestarse venga de donde venga. Ninguna familia salvadoreña debe ser sometida a vejámenes, zozobra y humillación, por ninguna razón y por nadie.
El Salvador aspira a cambios profundos que pasan, entre otras cosas, por lograr la atención integrar de las víctimas de violencia, el fortalecimiento del sistema de justicia, incluyendo los mecanismos de control del ejercicio del poder y la construcción de una auténtica política pública en materia de seguridad, que implique llevar cambios sustancias a las condiciones de vida de la población salvadoreña.
Es posible una patria soberana y democrática, que garantice una vida digna para todas las familias salvadoreñas, pero para ello, los principales actores políticos deben adoptar una visión de país y propiciar el diálogo necesario para la construcción conjunta de ese sueño llamado El Salvador.
“Nuestra lucha es por la dignidad de las personas”
San Salvador, 19 de mayo de 2023.
