La participación política es un derecho humano tan importante para la democracia que son varios los marcos regulatorios que en El Salvador la definen. La Constitución de la República, en su Art. 73, ordinal segundo establece que “Los deberes políticos del ciudadano son: 2º Cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República”, por su parte, la Ley de Acceso a la Información Pública, en su Art. 3, relativo a los fines, literal (d) establece como fin la “Promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental y la fiscalización ciudadana al ejercicio de la función pública”.
Por su parte, la Ley de Desarrollo y Protección Social, en su Art. 5 define la participación ciudadana como el “Derecho de las personas, comunidades y organizaciones para participar en el diseño, seguimiento, ejecución y evaluación de los programas sociales, en el ámbito de las instancias y procedimientos establecidos para ello”.
Lo cierto es que la participación política ha ido abarcando con el paso de los años acciones que van más allá del ejercicio del sufragio; elementos que antes no formaban parte de este concepto, como por ejemplo participaciones en asociaciones o plataformas de naturaleza política, que han ampliado esa definición inicial.
Reconociendo que en el sistema democrático existen intereses que se ven reflejados en las políticas públicas, es necesario contar con controles que permitan evidenciar abusos que puedan cometerse en el ejercicio de la labor pública, es por ello que la participación en el ciclo de las políticas públicas, cumplen una doble función: la de participación como tal y la de contraloría ciudadana, ambas figuras permiten ir posicionando la voz de la población en todas las fases de las políticas públicas.
Esta contraloría no se trata solo de vigilar la función pública, sino también de ofrecer información y opinión para apoyar a que se resuelvan los problemas en la comunidad, mejorando las decisiones e implementaciones en el ámbito público. Considerando lo anterior, la información es un recurso valioso que puede generar relaciones entre diferentes actores y con ello inclinar la balanza de poder en el ciclo de las políticas públicas a partir del ejercicio de ver, analizar y propiciar transformaciones en la sociedad.
Habiendo ya transcurrido el primer semestre de la actual administración de gobierno, es oportuno hacer notar la marcada ausencia de instrumentos de planificación que permitan orientar su trabajo estratégico, pero además, que posibiliten la participación y contraloría ciudadana; así como también el establecimiento de un sistema de indicadores de cumplimiento.
Ante la ausencia de un Plan Quinquenal de Desarrollo de la presente administración, el Plan Cuscatlán, que fuera la oferta electoral del entonces candidato presidencial, se ha convertido en la fuente orientadora de la acción gubernamental. Aun así, del Plan Control Territorial no se conoce documento alguno que haya sido presentado públicamente. El Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social debió haber sido presentado en el primer semestre del período de gobierno, esto según lo que ordena la Ley de Desarrollo y Protección Social; en enero 2020 el gobierno anunció el lanzamiento del Plan de Despegue Económico, cuyo documento estaría listo dentro de seis meses. Y más recientemente, a raíz de la crisis que pasó el Órgano Ejecutivo por el problema de la calidad y cantidad del agua en algunos municipios del Gran San Salvador, se anunció el Plan Nacional del Agua.
De todos estos planes no existe un documento oficial, y por tanto, tampoco existe acceso público a los mismos. Esto limita grandemente la participación y contraloría ciudadana y, lamentablemente, imprimen mucha discrecionalidad y un alto grado de improvisación, sobre todo cuando al gobierno le corresponde atender acontecimientos que alteran la convivencia social regular; tal como quedó demostrado con la reciente situación de provisión de agua de baja calidad para el consumo humano.
Con todo, da la impresión que el Órgano Ejecutivo prioriza en las acciones mediáticas más que en la planificación para resultados positivos al mediano y largo plazo, lo que puede afectar estratégicamente el rumbo que el país necesita emprender para atender y resolver los graves problemas sociales, económicos y políticos que afectan a la ciudadanía.
En consideración a lo anterior, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), consciente de la importancia de la participación política de la ciudadanía en todo el ciclo de las políticas públicas y en el fortalecimiento de la democratización, expone:
- Creemos que este es un momento oportuno para fortalecer espacios de consulta y participación efectiva de la ciudadanía. Nadie conoce mejor sus problemas que las personas en sus localidades, por ende, las políticas públicas deben retomar las experiencias de la localidad en un ejercicio de gobernanza que reconoce a los diversos actores.
- A lo largo de la historia, las políticas públicas han venido evolucionando desde los modelos en los cuales las decisiones han sido tomadas desde arriba hacia abajo, de manera vertical, hasta la comprensión de la importancia de la interacción de los actores, el aprendizaje de las decisiones tomadas y la comprensión de los procesos históricos que ha vivido el país, reconociendo los desaciertos, pero también los aciertos que en materia de políticas públicas han existido, esto no excluye la posibilidad y necesidad de innovación.
- Exhortamos a hacer operativos los principios de Participación, Empoderamiento, Estado de Derecho, Transparencia, No discriminación, Responsabilidad y Dignidad Humana que desde un enfoque de derechos se proponen para efectos de desarrollo humano, y que contribuyen al perfeccionamiento del ejercicio de la democratización, la gobernanza y la gobernabilidad.
- Sugerimos analizar las políticas públicas iniciadas en las anteriores administraciones de gobierno, y luego de ello fortalecer y dar seguimiento a aquellas que ya estén formuladas1 o que hayan dado resultados en beneficio a la población; así como a aquellos espacios de participación ciudadana como el CONASAV, CONED, CNSCC, entre otros; aprovecharlos es una oportunidad para el gobierno que no debería desperdiciar.
Es importante señalar que la gobernabilidad y la gobernanza entremezclan factores políticos, económicos, sociales. En ese sentido, su ejercicio no descansa únicamente de la institucionalidad pública, sino de una diversidad de actores y, por lo tanto, los problemas que inciden en éstas dependen también de los diversos ámbitos en los que surgieron como reflejo del «desequilibrio entre los resultados obtenidos por el gobierno en materia de crecimiento económico basado en el mercado, por una parte, equidad y protección social, por la otra, y una mayor participación en el proceso democrático», es por ello que la participación ciudadana es clave, por cuanto abre la posibilidad de nivelar la balanza de la decisión que se adopta.
Una vez más FESPAD señala la importancia de generar espacios reales de participación ciudadana, generando con ello una transformación en la forma en la que se plantea la gobernanza que permite revestir a las personas de su naturaleza de sujetos de derecho más que de beneficiarias pasivas de las decisiones que se adoptan.
San Salvador, 23 de enero de 2020
1 Por ejemplo, ante el reciente anuncio del gobierno sobre la creación del Plan Nacional del Agua, se debería tener como insumo clave el Plan Nacional de Agua y Saneamiento de El Salvador (PLANAPS), hecho público por la administración anterior en enero de 2018.
