Comunicado: Primer año de gobierno de Nayib Bukele

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4 junio, 2020

Más retrocesos que avances en memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado

La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro- Memoria Histórica de El Salvador, colectivos que integran a más de treinta organizaciones de víctimas y de derechos humanos que acompañamos la lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral y las medidas de no repetición para crímenes de guerra y de lesa humanidad acaecidos en el contexto del conflicto armado interno (1970-1992), ante el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, expresamos:

1. 1. 1. 1. Durante más de 28 años, desde el fin del conflicto armado, las víctimas de atrocidades como ejecuciones extrajudiciales masivas (masacres), desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, desplazamientos forzados, entre otros; han quedado relegadas en el debate nacional, con escasas excepciones, que les ha obligado a mantener una permanente lucha para que el Estado honre sus obligaciones y garantice sus derechos, especialmente con las más vulnerables por su edad, pobreza y precarias condiciones de salud. En ese contexto, el inicio de un nuevo gobierno, pareció ser un momento para avanzar en esta agenda postergada, pero no fue así.
      2. Si bien, al inicio de la actual gestión de Gobierno se produjeron algunos gestos simbólicos como el de borrar el nombre de Domingo Monterrosa Barrios del muro en la Tercera Brigada de Infantería en la ciudad de San Miguel, la reunión del presidente Nayib Bukele con la Asociación Promotora de DDHH de El Mozote, y el rechazo presidencial a una nueva ley de impunidad (amnistía encubierta) manifestado en el consecuente veto a la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Legislativa el 26 de febrero de 2020.
      3. Sin embargo, lamentamos que el Gobierno ha mostrado indiferencia para cumplir sus obligaciones en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a los casos de graves violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado.
        Por ejemplo, durante esta gestión de Gobierno se ha debilitado el apoyo a los programas de reparaciones a víctimas y de búsqueda de personas desaparecidas que ya existían y de por sí resultaban insuficientes. Las víctimas del conflicto se encuentran otra vez en el olvido de las autoridades, por lo cual hacemos un llamado al Órgano Ejecutivo para:

a) Reorganizar la aplicabilidad del Decreto Ejecutivo 204 de junio de 2013 denominado “Programa de reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno”, y su reforma de octubre de 2016, que establecen un programa gubernamental de reparaciones. Esta normativa creó el “Consejo Directivo de Reparación a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos” (CODREVIDH), una instancia de dirección para las medidas de reparación derivadas del Registro de Víctimas.

b) Reafirmar la continuidad y fortalecer el funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos durante el conflicto armado interno (CNB) – creada por Decreto Ejecutivo No. 5 de 2010–, así como de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador (CONABÚSQUEDA) –creada por Decreto Ejecutivo No. 33 en 2018–.

c) Impulsar un amplio programa de promoción y sensibilización en derechos humanos y memoria histórica, con participación de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que las acompañan y representan. En este marco, instamos a que el gobierno retome el integral cumplimiento de las medidas de reparación establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos salvadoreños sobre los cuales han emitido sentencia. Asimismo, urgimos al presidente Nayib Bukele que, en su calidad constitucional de jefe de Estado, haga lo propio y debido para que el Estado Salvadoreño cumpla todas las resoluciones emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para El Salvador.

4. Lamentamos que el presidente, en su calidad de Comandante General de la Fuerza Armada, haya incumplido su promesa pública de desclasificar los archivos militares y de cuerpos de seguridad, importantes para esclarecer crímenes de guerra y de lesa humanidad acaecidos en el contexto del conflicto armado. El inverosímil argumento que tales documentos no se localizan, expresado ante el Juzgado que ventila la causa de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, así como los bloqueos de facto o mediante recursos legales contra los requerimientos del Instituto de Acceso a la Información, evidencian una voluntad de seguir encubriendo la responsabilidad de los perpetradores de estos crímenes, como ocurrió en gobiernos anteriores.

Insistimos en que esta opción a favor de la impunidad se abandone y el presidente ponga a disposición de autoridades competentes y representantes de las víctimas, los archivos militares históricos que le sean requeridos y debe incluir la reconstrucción de la documentación extraviada o destruida y de investigar causas y responsables de posibles ilícitos por la desaparición indebida de este patrimonio documental.

5. Si bien El Salvador es un país en proceso de democratización que formalmente ha superado un período bélico, vemos con enorme preocupación cómo los ciclos de la violencia, impunidad, militarización y autoritarismo continúan hasta nuestros días. Las políticas de seguridad pública con altas dosis de represión, sin controles y con amplia participación de la fuerza armada, aunado a un clima que inhibe la crítica y la denuncia, generan un cuadro de abusos generalizados que se han incrementado en el marco de la emergencia que actualmente vive el país. El presidente Nayib Bukele debe adoptar decisiones y emitir mensajes en el marco del Estado Constitucional de Derecho y la democracia, respetando el carácter civil y laico del Estado, la independencia de los tres órganos de Estado y la colaboración entre ellos para el bien del país. No repitamos el pasado que tanto dolor ha causado y cuyas consecuencias traumáticas no terminamos de enfrentar.

Consideramos que fue un gesto muy negativo para la democratización del país que el Gobierno actual ignorase el 28° Aniversario de los Acuerdos de Paz y, con ello, las deudas históricas que siguen pendientes, entre ellas la verdad, justicia y reparación para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos. En el actual contexto de la emergencia nacional, el Director General de la Policía Nacional Civil se ha presentado públicamente en un uniforme camuflado verde olivo, desconociendo la vestimenta oficial de esa entidad y reafirmando el exacerbamiento del militarismo que sigue creciendo en la actual administración. Las obligaciones para con las víctimas del conflicto y la existencia de una policía civil y bajo una doctrina democrática, son garantías de no repetición que no deben seguirse poniendo en riesgo y desconocerse.

6. Reiteramos la petición de reunión con el presidente Nayib Bukele, que nuestras organizaciones han hecho en el pasado (julio y agosto de 2019), solicitud que no ha recibido respuesta. Es necesario que el presidente Bukele instale un mecanismo de diálogo permanente que conduzca a la atención eficaz y oportuna de las demandas todavía insatisfechas de las víctimas. Escuchar a las víctimas es una obligación de Estado.

San Salvador, 4 de junio de 2020