La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, nació con la inclaudicable misión de la defensa de la Constitución. Su historia y sus hechos dicen que ha sabido cumplir su cometido, promoviendo su estudio y exigiendo su cumplimiento.
Sin duda que la Constitución de la República de 1983 tuvo falencias y debilidades como cualquier instrumento jurídico, no obstante, ha sido una herramienta útil en las luchas del pueblo salvadoreño, en defensa de sus derechos civiles y políticos, en la construcción y apropiación de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, es innegable que ha sido producto de los avances históricos que se tenían a la fecha en la materia.
La Constitución de 1983 ha sido el marco jurídico que abrió la puerta al inicio de la construcción de la democracia en El Salvador. Esta se empezó a fortalecer a partir de 1992, con la separación de poderes como su pilar fundamental. Además, generó apertura para promover la independencia judicial, las garantías del debido proceso y un proceso lento de fortalecimiento de la institucionalidad del Estado. Es la Constitución que abrió la posibilidad de que el pueblo pobre emprendiera la defensa de sus derechos humanos, estableciendo límites al poder del Estado.
Desde 1871 las constituciones de El Salvador han adoptado un grado de rigidez para su reforma. Esto, con el propósito de proteger la organización socio política de un periodo dado, sin perder la capacidad de adaptación y actualización según las necesidades.
Las reformas constitucionales no deben tomarse a la ligera, dada su importancia y trascendencia en todos los niveles de la vida en sociedad. Uno de los elementos que caracteriza la rigidez de la Carta Magna de El Salvador, es el proceso de control que existe entre dos composiciones legislativas y el control popular. En otras palabras, una legislatura aprueba la reforma y otra la ratifica.
Dicha rigidez permite que entre la legislatura que aprueba y la otra que ratifique medie la voluntad popular (participación del pueblo mediante elecciones legislativas). Con la reforma al Art. 248 se está eliminando la posibilidad de que la población pueda pronunciase sobre cualquier propuesta de reforma, al elegir a la nueva Asamblea Legislativa que ratificaría o no la misma. En tal sentido, la reforma aprobada recientemente concentra el poder a un reducido número de actores políticos y elimina la posibilidad de que la población participe mediante los mecanismos instituidos.
La narrativa política del momento pretende justificar la reforma aludiendo que busca proteger a la Constitución. No obstante, en realidad, constituye una acción que propicia el más alto nivel de control político del Estado, superior a todas las acciones registradas desde el 2019 con ese mismo propósito.
Que una sola legislatura apruebe y ratifique reformas constitucionales es banalizar la ley máxima del Estado, es someterla a las veleidades del poder total, para fortalecerlo en detrimento de los derechos del pueblo, de la institucionalidad del Estado y de la endeble democracia que teníamos en construcción.
Sostener que una sola conformación legislativa apruebe y ratifique una reforma constitucional supone “la incorporación de la rigidez constitucional como elemento de garantía” es una actitud mendaz de los actores políticos. De igual forma, hay que manifestar que la legitimidad del soberano y su voluntad, radicada en el aumento del quorum de votación, está fuera de orden, pues lo que se busca en la realidad es tener un camino ágil y expedito de reforma constitucional ¿al servicio de quién?
La reforma del artículo 248 de la vigente Constitución, abre la puerta a la arbitrariedad, al abuso del poder, buscando fortalecer el poder absoluto.
En consideración a todo lo anterior, FESPAD rechaza vehementemente la reforma constitucional, pues violenta el mecanismo de reforma establecido actualmente y por ende resta poder a la población electora.
San Salvador, 30 de abril de 2024.
