El día 23 de los corrientes se conoció del inicio del procedimiento administrativo de remoción de la comisionada propietaria del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Liduvina Escobar Campos, bajo los argumentos de “posible cometimiento de actos que afecten gravemente el funcionamiento del IAIP e incumplimiento de sus funciones”.
En la notificación se hace constar de la suspensión inmediata en el cargo para el que fue nombrada; medidas para restringirle el acceso a información que por su cargo conoce, y el otorgamiento de diez días para que pueda ejercer su derecho de defensa.
Si bien la Ley de Acceso a Información Pública -LAIP- faculta al presidente de la República a realizar este procedimiento; éste se debe dar siguiendo el debido proceso y cumpliendo con ciertos requisitos. Será la Comisionada Escobar Campos quien deberá controvertir lo que se señala en los términos establecidos. A nuestro juicio hay elementos de peso para hacerlo.
Esta acción contra la Comisionada debe verse en un contexto más amplio donde el fondo obedece al interés de controlar el IAIP y de impedir que la población ejerza ciudadanía activa y contraloría social, para lo cual es indispensable el acceso a la información.
En menos de dos años se han desmontado los avances institucionales, legales y procedimentales en materia de acceso a información pública y transparencia. Es de recordar que en septiembre 2020 se reformó el Reglamento de la LAIP que puso más trabas a los ciudadanos que solicitan información pública. Además, se eliminaron requisitos para personas que se postulan como comisionados. Antes, en noviembre de 2019, el comisionado presidente del IAIP, René Cárcamo, presentó su renuncia, después de ventilarse la filtración de datos confidenciales de ciudadanos y reportes programados desde el IAIP hacia Casa Presidencial. Durante este tiempo también se han dado cambios que aminoraron las capacidades instaladas en las oficinas de información y respuesta en el Órgano Ejecutivo.
Actualmente, tres de los cinco comisionados propietarios han sido nombrados en la actual administración gubernamental luego de procesos cuestionados, esa correlación ha hecho que se presenten una serie de regresiones en materia de acceso a información pública. La Comisionada Escobar era quien mostraba oposición ante ese tipo de regresiones, y por tanto se convertía en un obstáculo.
Estos actos, sustentados en acciones retorcidas del Derecho y apadrinados por una institucionalidad cada vez más al servicio del gobierno, busca dar un revestimiento de legalidad a actos que no la tienen; pero que al final se imponen, debilitando la institucionalidad de control de la función pública, cerrando espacios de participación ciudadana al eliminar mecanismos de lucha contra la corrupción e impunidad, y trastocando más el frágil proceso democrático del país.
San Salvador, 27 de abril de 2021.
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