Demandamos una efectiva investigación
Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos que integramos la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica y el Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado, expresamos nuestra solidaridad con el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” por el allanamiento y robo que sufrió en sus oficinas el pasado fin de semana. El CPDH es una organización de derechos humanos de reconocida trayectoria, que históricamente ha contribuido a dignificar a las víctimas civiles del conflicto armado y a organizar a sus comunidades para la participación en democracia.
Según lo ha denunciado el CPDH, entre el 24 y el 26 de julio, personas desconocidas ingresaron ilegalmente en sus oficinas, ubicadas en el municipio de Mejicanos, sustrayendo todo su equipo informático y audiovisual, así como dinero en efectivo. Este acto afecta la labor esencial que han venido realizando desde hace veintiocho años, con grandes sacrificios institucionales e incluso personales. Es de especial preocupación la información contenida en los equipos sustraídos, ya que se trata de archivos sensibles para los procesos de memoria histórica, verdad, justicia y reparación que el CPDH ha acompañado, a lo largo de estos años.
Por lo anterior, pedimos a las autoridades estatales, especialmente a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República, que desarrollen las investigaciones pertinentes para esclarecer las motivaciones de este hecho, identificar a los responsables y deducir las responsabilidades penales y civiles correspondientes; asimismo, pedimos a la Asamblea Legislativa, aprobar lo más pronto posible la propuesta de ley sobre defensoras/es de derechos humanos que ha presentado la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. No es la primera vez que organizaciones de derechos humanos sufren incidentes similares, por lo que es necesario que se sientan precedentes ejemplares y se supere la impunidad en todas sus manifestaciones.
Además, estamos convencidos y convencidas que hechos como este justifican nuestra exigencia al Estado para que asuma su obligación de proteger a las personas defensoras y a las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos. De ahí que, demandamos que las instituciones estales brinden la debida y plena protección a las autoridades y personal técnico–administrativo del CPDH; y, de manera especial, a la población beneficiaria de los programas que impulsa en diversos puntos del territorio nacional.
San Salvador, 31 de julio de 2020.
Organizaciones integrantes de la Mesa contra la Impunidad, Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica.
