Somos organizaciones que hemos monitoreado desde la perspectiva médica, legal y económica la situación de El Salvador en el contexto del COVID-19. Convergemos con el propósito de generar espacios de discusión y proponer soluciones que contribuyan al país a salir adelante.
En un escenario inédito, no ha sido fácil para ningún liderazgo tomar e implementar medidas para la contención del Coronavirus. Reconocemos que en El Salvador se han tomado acciones oportunas. Desafortunadamente, algunas de estas se han implementado de manera improvisada y reactiva, evidenciando la falta de un plan integral.
La promoción y defensa de los derechos humanos no son un obstáculo contra las necesarias acciones destinadas a la contención y propagación de la pandemia, así como tampoco lo es el respeto al equilibrio entre los tres órganos del Estado y el rol de controlaría del Ministerio Público, la prensa y organizaciones de sociedad civil.
Transcurridos más de cuarenta días desde los primeros centros de contención instalados, estos se convirtieron en focos de contagio incluso para personal médico y sanitario. Sostener a muy largo plazo el confinamiento y manejarlo como se ha hecho hasta ahora, puede tener consecuencias graves en la población.
La falta de articulación de las medidas sanitarias con las económicas ha provocado que ya se registren casos de hambre. Es de suma preocupación, que no se haya reestructurado el presupuesto público para eliminar gastos innecesarios y no prioritarios, para aumentar los recursos a instituciones claves como el Ministerio de Salud. Es grave que el mecanismo de entrega de las transferencias de USD 300.0 haya excluido a personas en pobreza extrema.
Partiendo de lo anterior, proponemos a las instituciones del Estado:
- Acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el respeto a su mandato, así como la función de otras instancias estatales.
- Atender la crisis desde distintos enfoques y sectores, por lo que se hace necesaria la conformación desde el gobierno de una mesa intersectorial desde la cual puedan canalizarse observaciones, aportes y propuestas. de entidades especializadas como el Colegio Médico, COMURES, Universidades, centros de pensamientos, organizaciones sociales, entre otras.
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- Incrementar la capacidad en la toma de pruebas para la detección COVID-19, así como el comunicar resultados y registro, archivo y consulta de estos. Autorizar a laboratorios privados que tienen capacidad para efectuar estas pruebas de manera coordinada con el Ministerio de Salud.
- Tratar como pacientes y, por tanto, respetarles los derechos correspondientes a las personas en centros de contención (casos sospechosos) y en hospitales
(infectados)como debe ser. - Cambiar la estrategia a Cuarentena Domiciliar Controlada para aquellas personas que cumplan criterios previamente establecidos, lo cual permitiría un mejor funcionamiento de los centros de contención, que por ahora son focos de contagio.
- Presentar antes de concluir la primera quincena de mayo un plan integral para enfrentar la pandemia, pero también con medidas post pandemia para minimizar los impacto sanitarios, económicos, sociales y ecológicos.
- Definir fases concretas de apertura escalonada de la economía que incluyan la organización de la reincorporación a puestos de trabajo mediante turnos o grupos asignados, sin que esto implique desmejoras salariales. Apertura de tribunales, procesos judiciales y mecanismos de verificación y garantía de derechos humanos de personas privadas de libertad, proporcionando de manera inmediata información a sus familiares sobre su condición y brindando acceso a comunicarse con ellos. Atención y protección a salvadoreños deportados y retornados, en particular aquellos que han sufrido desplazamiento forzado antes de migrar.
- Relevar el protagonismo en la ejecución que han tenido fuerzas policiales y militares, dando conducción a las autoridades de salud, con el apoyo de un comité técnico integrado por especialistas en la materia. Definir protocolos de actuación para cada de una de las autoridades que están realizando funciones basados en parámetros legales y normativa internacional en materia de derechos humanos.
- Revertir los contratos laborales ya suspendidos o las disminuciones salariales aplicadas, antes del plazo inicial para la reactivación gradual de regreso a los puestos de trabajo.
- Establecer medidas para el control de precios y contra el acaparamiento de productos de primera necesidad.
- Establecer, para la micro, pequeñas y medianas empresas, préstamos con plazo sin intereses, así como fondos no reembolsables para su rápida recapitalización y activación. Se deben establecer medidas específicas para el sector informal.
- Reestructurar el presupuesto público, para eliminar gastos innecesarios e incrementar recursos a aquellas entidades claves en estos momentos como lo es el Ministerio de Salud.
- Cumplir con el marco legal para la construcción de un sistema de protección social que tenga como objetivo universalizar el derecho al agua, al saneamiento ambiental, a la vivienda, a la seguridad social y que se implemente un ingreso básico universal. Priorizar los esfuerzos para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.
- Avanzar hacia un acuerdo fiscal integral que implique una carga tributaria globalmente progresiva, disminuir la evasión y elusión de impuestos; evitar más privilegios fiscales; tener un gasto público planificado y ejecutado buscando resultados, reestructurar la deuda pública, y cerrar los caminos a la corrupción aumentando mecanismos favorables a la transparencia y rendición de cuentas.
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Finalmente, invitamos a reflexionar que difícilmente podemos hablar de volver a una “normalidad” como la concebimos antes del COVID-19. Por lo que debemos aprender y corregir hacia la garantía de nuestra seguridad y autonomía alimentaria, la apuesta a un medio ambiente sano, la gobernanza democrática y políticas públicas para la reducción de las desigualdades, y el cumplimiento de un Estado de derecho efectivo. Ante la falta de planes, el cumplimento de la Agenda 2030, puede ser un horizonte para las decisiones inmediatas a adoptar.
San Salvador, 5 de mayo de 2020
