Más de siete meses de detención provisional para cinco líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta y de ADES, en Cabañas; y un proceso que continúa a pesar de las debilidades del argumento jurídico y probatorio, dan cuenta de lo grave que puede ser debilitar uno de los pilares que justifican la existencia del Estado salvadoreño: la seguridad jurídica.
El artículo 1 de la Constitución pone al centro de la actividad del Estado, a la persona humana y señala como una de las finalidades primordiales del Estado, garantizar la seguridad jurídica, lo que se traduce, entre otras cosas, en “la garantía de cumplimiento del Derecho por todos sus destinatarios y regularidad de actuación de los órganos encargados de su aplicación, es decir, la vinculación de todas las personas públicas y privadas, a la ley”, esto, con miras a proteger los derechos fundamentales y evitar la arbitrariedad del ejercicio del poder, particularmente, de un poder tan grande como lo es el ejercicio del poder punitivo del Estado por medio del Derecho Penal.
A la luz de lo anterior, FESPAD ve con mucha preocupación y alarma, los múltiples señalamientos existentes en cuanto al uso instrumental de ese Derecho Penal para menoscabar la labor de defensa del medio ambiente llevada a cabo por los cinco líderes de ADES y de la comunidad Santa Marta, en el departamento de Cabañas, particularmente, una lucha en contra de la explotación minera; las debilidades del sustento jurídico y probatorio utilizado por la Fiscalía General de la República, ampliamente conocidas, justifican esos señalamientos.
Ciudadanas y ciudadanos en su carácter personal, organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, organismos internacionales de las Naciones Unidas han expresado su preocupación, tal es el caso de la Relatoría Especial de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la Relatoría Especial sobre la cuestión de las obligaciones de Derechos Humanos relacionados con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, han pedido al Estado salvadoreño que justifique su actuación, han expresado su preocupación sobre la evidente arbitrariedad cometida en el caso de los ambientalistas.
Ante la evidente inexistencia de delito, instamos a la Fiscalía General de la República a tener en esta situación una oportunidad de rectificar su actuar, adoptando una posición apegada estrictamente a la Constitución y la ley, tal cual es su cometido, coherente con los hechos objetivos y el derecho aplicable.
Por otra parte, motivamos al tribunal que conoce el caso, a que atienda sin demora, la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa técnica de los ambientalistas; a no demorar en resolver el caso y tomar una decisión en aplicación correcta del Derecho; son exigencias enmarcadas en ese postulado fundamental de nuestra Constitución: la seguridad jurídica.
La judicatura en uso de su independencia, como garantía ciudadana, debe hacer valer que el Estado no puede menoscabar los derechos de la ciudadanía de manera arbitraria, tal como está ocurriendo en el caso concreto.
“Nuestra lucha es por la dignidad de las personas”.
San Salvador, 4 de octubre de 2023.
