El martes 10 de los corrientes la Fiscalía General de la República -FGR-, cumpliendo con sus facultades legales, el debido proceso,
y con base en sendas órdenes judiciales, realizó allanamientos en las instalaciones de algunas instituciones públicas, como parte de
diligencias de investigación.
Durante ese procedimiento, en las instalaciones del Ministerio de Salud, los agentes fiscales fueron interrumpidos y obstaculizados en
su labor por parte de miembros de la Policía Nacional Civil -PNC-.
El art. 193, ord. 3°, de la Constitución de la República estipula que “Corresponde al Fiscal General de la República: 3° Dirigir la investigación
del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la Ley”. Además, la Ley Orgánica de la PNC, y el
Reglamento Relativo a la Dirección Funcional del Fiscal General de la República en la PNC; establecen la dirección funcional de la FGR.
En atención a esas disposiciones, la policía debe adecuar su actuación en conformidad a la Constitución y a las leyes para cumplir así
con el presupuesto básico de legalidad de su actuación. Su deber no es solo actuar dentro de cierto marco de derechos, sino que es
principalmente impedir que otros los infrinjan.
Por mandato constitucional le corresponde al Fiscal General de la República dirigir la investigación del delito, con el auxilio de la policía,
lo que obviamente establece una relación de colaboración/subordinación de ésta última para con los fiscales.
Indudablemente, las facultades constitucionales claramente establecidas no admiten una doble interpretación, habida cuenta que la
misma ley fundamental estipula en el art. 86 que los funcionarios son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que
expresamente les da la ley.
En este caso, es claro que la policía irrespetó el mandato constitucional e infra constitucional de la dirección funcional de los fiscales en
la investigación. Además, recientemente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia 6-2020, ordena
tanto al director general como a la misma corporación policial a no ejercer actividades distintas a las que constitucional y legalmente
están obligados.
Estos excesos de algunas actuaciones de los funcionarios de gobierno se están volviendo recurrentes y hasta parecen premeditados
y pueden llevar al país a una crisis institucional generalizada, en el que se evidencie un gobierno que busca tomar las riendas del
poder total en sus manos. Esta forma en que se está gobernando, genera altos niveles de inseguridad jurídica, polariza la sociedad y
difícilmente abona al desarrollo del país.
Hacemos un llamado a los funcionarios del Órgano Ejecutivo, al respeto a la Constitución, a someterse al marco jurídico vigente, y por ende
al respeto a la institucionalidad del Estado; no es admisible a los intereses del pueblo salvadoreño, que actitudes ilegales e irrespetuosas
de parte de algunos funcionarios traigan consigo un ambiente de inestabilidad e incertidumbre social y política, de generación de odio y
temores que se concretan en una vuelta a violaciones al núcleo de las libertades individuales, situación que se consideró superada con
la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. No es admisible volver a violentar derechos civiles cuando la gran apuesta debería ser, resolver
la problemática estructural histórica de las grandes mayorías, que tiene que ver con sus derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales.
Por su parte, la FGR debe ser clara y firme en la recta y correcta intención de su actuación, con estricto apego a su mandato constitucional
y legal.
Un urgente llamado al pueblo salvadoreño, a la comunidad internacional, a los sistemas de protección de Derechos Humanos, y a los
países amigos del pueblo salvadoreño, a que se mantengan atentos a los acontecimientos nacionales, para que en su momento puedan
contribuir a que no sigan ocurriendo acontecimientos que pueden convertirse en detonantes que podrían provocar una crisis política que
rompa completamente la frágil democracia todavía en construcción en El Salvador; frágil democracia que se ha logrado con un alto costo
de vidas de salvadoreños/as, una historia que no se debe repetir nunca más.
San Salvador, 13 de noviembre de 2020.
