El lunes 12 de los corrientes el Pleno de la Corte Suprema de Justicia -CSJ-, como pocas veces lo suele hacer, publicó un comunicado denunciando el menoscabo a los derechos al honor, la propia imagen, la intimidad personal y familiar de magistrados, magistradas, jueces, juezas y demás funcionarios que se desempeñan en el Órgano Judicial; en aras de hacer prevalecer el principio de independencia judicial.
Entendemos que la publicación de la Corte obedece a los altos niveles de escalamiento de los ataques que son objeto ciudadanos particulares hasta las altas magistraturas por medio de distintas Tecnologías de Información y Comunicación -TIC- especialmente por redes sociales; donde personas utilizando perfiles plenamente identificables, otras ocultándose en perfiles anónimos, en generadores de contenidos (aparentes medios de comunicación), entre otros; han venido profiriendo contra personas particulares, mujeres, organizaciones de sociedad civil, periodistas, funcionarios públicos, entre otras; mensajes que traspasan el límite de lo que es legalmente permitido; algunas personas que cometen estos actos posiblemente se vean animados a hacerlo porque también un número identificable de funcionarios del actual gobierno son generadores iniciales de ese tipo de mensajes y expresiones; y pese a que evidentemente sus acciones tienen responsabilidad penal, no ha habido un precedente que detenga esa práctica hasta hoy impune.
La reforma que se esgrime como necesaria a la Ley de delitos informáticos no debería ser excusa para que la Fiscalía General de la República -FGR- inicie investigaciones efectivas sobre los autores de tales ataques. Además de esa ley que debe ser aplicada, se tiene el Código Penal que regula los delitos relativos al honor e intimidad; la Ley de reparación por daño moral, y la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Siendo esta última utilizada recientemente por valientes mujeres que tienen procesados judicialmente a dos personas que han proferido expresiones de odio, misóginas, violencia, desprestigio y contra el honor de ellas y otras personas. Demostrando con ello que sí es posible contrarrestar este tipo de ataques, pero que se requiere de valentía, y la concurrencia de funcionarios de la FGR, de la Policía Nacional -PNC- y del Órgano Judicial, dispuestos a respetar los Derechos Humanos, la Constitución de la República y las Leyes. Incluso, hemos sido testigos que el titular de la FGR ha sido objeto de mensajes irrespetuosos contra su honor y hasta amenazantes; sin que haya habido alguna acción de su parte sobre los responsables. Esa omisión del Fiscal manda un mensaje que alimenta la impunidad con que esas personas actúan y sobre quienes les alientan.
Ante ello, como FESPAD, expresamos nuestra solidaridad con las personas particulares y funcionarios públicos, especialmente mujeres, que son víctimas de estos actos; además, manifestamos:
- Nuestro llamado a todos los funcionarios estatales al irrestricto respeto a los Derechos Humanos, a la Constitución y las leyes; que sus funciones se ciñan a las facultades que la ley les otorga respetando la independencia y colaboración entre órganos.
- Que en consecuencia de lo anterior se respete la potestad exclusiva que la Constitución otorga al Órgano Judicial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, así como el principio de independencia judicial.
- A los funcionarios públicos que emiten y alientan por distintas plataformas y medios expresiones o mensajes de odio, misoginia, violencia, de desprestigio y contra el honor; a eliminar tales actuaciones que no abonan a la construcción de paz social del país.
- A las personas particulares que emiten, por distintas plataformas y medios, expresiones o mensajes de odio, misoginia, violencia, de desprestigio y contra el honor; a abstenerse de continuar con dicha práctica la cual puede conllevar a procesos judiciales y responsabilidades penales.
- A las personas particulares, funcionarios y funcionarias que en su contra se han y se ejerce este tipo de acciones reprochables, a que denuncien ante la FGR.
- Al Fiscal General de la República, a que atienda y acompañe a las víctimas de estos casos, y que en cumplimiento de su mandato legal y demás leyes relacionadas, se procese y castigue judicialmente a los autores intelectuales y materiales de estas reprochables prácticas.
- A la Policía Nacional Civil, para que en cumplimiento a su mandato constitucional colabore con la FGR en el procedimiento de investigación de estos delitos.
- Al Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, de Naciones Unidas, tome nota de la denuncia pública realizada por la Corte Plena de la CSJ, que da cuenta del socavamiento de la independencia judicial en El Salvador; vigile y siga las diligencias que su cargo le otorgan.
- A la población en general, a que contribuyamos a la construcción de paz social mediante la tolerancia, la autorregulación para la no promoción de estos mensajes y expresiones que tienen contaminado de odio el ambiente del país.
San Salvador, 14 de abril de 2021
