Ante el proceso judicial, contra Óscar Alfredo Hernández, acusado de Violación en Menor e Incapaz bajo la modalidad de delito continuado. La familia demandante junto a la parte querellante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y organizaciones locales de la Comunidad Santa Marta del departamento de Cabañas, manifestamos.
Contexto:
En abril de 2019, la familia denunció el abuso sexual del que fue objeto su hijo, como resultado de una crisis emocional ocasionada por los graves daños psicoemocionales a raíz de dicho abuso, además de sufrir de violación cuando tenía tan solo 9 años de edad. El imputado aprovechándose de ser considerado un amigo cercano de la familia y compadre de la madre del menor de edad, sometió al niño en incontables veces a abuso sexual, desde el año 2011 hasta el 2014, sumiéndolo en una profunda depresión que lo llevaron a tener cuatro intentos suicidas, inconstancia en el rendimiento escolar, desordenes de personalidad, ataques de ansiedad y otras actividades autodestructivas.
La denuncia formal se realizó en sede de Fiscalía General de la República de Ilobasco, Cabañas en mayo de 2019, a partir de ahí se han realizado todos los peritajes necesarios para deducir la posibilidad del delito, cuyos resultados dieron signos y síntomas positivos con los que se determinó girar orden de captura contra el acusado.
Audiencia inicial
En junio del 2019, se llevó a cabo la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de la Ciudad de Victoria, departamento de Cabañas, donde el Juez decretó medidas sustitutivas a la detención provisional, luego de pagar una fianza el imputado. La familia llena de indignación y frustración presentó los recursos de apelación que contenían todos los elementos y argumentos legales que puso en evidencia que la decisión del juez de paz no fue apagada a la ley, esto fue ratificado en julio de 2019, por la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, en la que resolvió revocar las medidas sustitutivas impuestas por el señor Juez de Paz de Victoria, y ordenó prisión preventiva, lo cual no ha sido posible a raíz que el imputado se dio a la fuga desde el mes de julio de 2019.
Fase de instrucción
En estas circunstancias tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la parte querellante continuaron con el proceso para realizar la fase de instrucción, culminándose conforme lo establece la ley en la fecha prevista.
Queremos hacer del conocimiento público, que la mayor dificultad que encontramos en esta fase, es que, a la fecha, la División Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil de San Salvador, no ha entregado el reporte de todos los elementos incautados y vaciado de información relevante para el caso, lo cual no ha sido posible y no conocemos las causas o justificantes, ya que, ni la fiscal auxiliar del caso, ni la División Técnica y Científica de la PNC nos han dado información al respecto.
También desconocemos acciones concretas de la Policía Nacional Civil (PNC) o autoridades, para la ubicación y captura del imputado, es frustrante conocer que, en nuestro país, no existen protocolos claros para estas situaciones, tampoco hay a quien acudir para obtener información o un seguimiento eficiente de los casos dentro del sistema judicial.
La etapa de instrucción ha finalizado con los dictámenes de acusación de parte de la FGR y querella, por tanto, el juez notificó a las partes y resolvió: A raíz de la incomparecencia del imputado en el proceso, se resuelve nombrarlo REBELDE y, por tanto, el caso está en dependencia de la efectividad de la PNC para lograr su pronta captura y así se lleve a cabo la audiencia preliminar y posteriormente la vista pública.
Ante este tipo de hecho, la Familia, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD y Organizaciones locales de la Comunidad Santa Marta, deseamos trasladar a la ciudadanía.
- Oscar Alfredo Hernández sigue prófugo de la justicia desde el mes de julio del año 2019.
- La incomparecencia del imputado es el resultado de una resolución equivocada por parte del Juez de Paz de Victoria y facilita que agresores sexuales puedan evadir la justicia.
- El no cumplimiento de las fechas establecidas para la entrega de los reportes pendientes por parte de la Policía Nacional Civil, limita el abordaje del caso y deja en evidencia que las instituciones no procesan la información de manera eficiente en todos los casos.
- La falta de canales de comunicación, con las autoridades encargadas de aplicar la ley, pone a las familias en situaciones de incertidumbre total.
Por tanto, exigimos la funcionalidad de las instituciones.
- A todas las autoridades del Municipio de Victoria, del departamento de Cabañas y del país en general, a sumar sus esfuerzos para concretar la captura de Oscar Alfredo Hernández, quien tiene dos órdenes de captura vigentes.
- Exigimos a la Fiscal auxiliar asignada al caso, ser más diligente y efectiva en realizar acciones concretas para obtener el reporte con todos los elementos incautados y el vaciado de información relevante para el caso, que aún está pendiente por parte de la División Técnica y Científica de la PNC, además de seguir esforzándose en el desarrollo del proceso.
- A la Policía Nacional Civil, doblar esfuerzos para localizar y capturar al agresor.
- Además, invitamos a las organizaciones defensoras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), a pronunciarse y exigir justicia, porque las cifras reportadas solo en el año 2019, sumaron 666 casos de abuso sexual registrados por la PNC y Procuraduría General de la República. Por otra parte, según datos del Instituto de Medicina Legal, en el año 2019 se realizaron 2,894 reconocimientos por violencia sexual, es decir, 8 casos diarios. Es alarmante que el 75% de abusos se cometieron en niñas y adolescentes menores de 17 años, incluyendo 848 casos de niñas menores de 11 años.
- Si bien, el país ha experimentado una reducción de homicidios, la violencia sexual se ha mantenido, particularmente contra mujeres y niñas. También, el número de mujeres desaparecidas ha incrementado, pasado de 560 casos reportados en 2018 a 676 en 2019, con un aumento del 17%, equivalente a 116 mujeres más, según datos de la Oficina de Información y Respuesta de la PNC.
Finalmente queremos reafirmar nuestra determinación en la búsqueda de la justicia para los niños y niñas víctimas de abuso sexual y todas las formas de violencia.
San Salvador, 26 de febrero de 2020
