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Comunicado | ¿Y después del régimen de excepción?

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29 marzo, 2022

Necesidad de una verdadera política pública en materia de seguridad

El día 27 de marzo la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción como respuesta ante el alza de homicidios que, entre viernes 25 y domingo 27 de este mismo mes, cobró la vida de 87 personas en El Salvadori, ante lo cual, FESPAD expresa su más profunda indignación y se solidariza con los-as familiares de estas víctimas. Desde la perspectiva de políticas públicasii, la decisión de establecer un régimen de excepción puede entenderse como el reconocimiento de la falta de efectividad de las acciones del Órgano Ejecutivo en materia de seguridad, en tanto no ha logrado responder adecuadamente a la problemática de violencia del país. La idoneidad de la medida para enfrentar la violencia y su congruencia con el marco jurídico nacionaliii o internacionaliv es algo sobre lo que no hubo debate al interior y exterior del seno legislativo, más bien se propuso, acordó y publicó en menos de 48 horasv. A casi tres años de la gestión del actual gobierno, el Plan Control Territorial -PCT- no pudo evitar un repunte de la violencia homicida, por lo que se acudió a una decisión extrema que implica la suspensión de derechos fundamentales para toda la ciudadanía, sin distinción alguna. Dicha medida es un mecanismo constitucional para responder ante situaciones que no pueden ser abordadas en condiciones normales, es decir que, bajo el supuesto que la reducción de homicidios que se había experimentado haya tenido que ver con la implementación del PCT, éste no ha generado resultados sostenibles y por ello –desde la lógica gubernamental- se ha acudido al régimen de excepción. Se debe tener presente que esa respuesta del Estado solo servirá –en términos jurídicos- para facilitar detenciones, pero no resulta una apuesta sustancial para erradicar los factores que propician la violencia que nos aqueja desde hace décadas. De hecho, las detenciones masivas no son algo nuevo en la actual gestión gubernamental. El año 2019 cerró con 41,112 personas detenidas (66.82 % en flagrancia)vi, el año 2020 cerró con 30,962 (73% en flagrancia)vii, mientras que entre enero y noviembre de 2021 las autoridades reportaban 27, 095viii. Es decir, que solo entre 2019 y noviembre de 2021 las autoridades reportaron más de 99,169 detenciones en el marco del PCT y, sin embargo, de manera abrupta los homicidios se dispararon, entre el 25 y 27 de marzo, hasta cifras arriba de las registradas en el año con la mayor tasa de homicidios hasta ahora (año 2015). Así, la decisión de suspender derechos y garantías fundamentales -como herramienta jurídica de emergencia- solo representa la continuidad de la lógica de detenciones impulsada por el actual y anteriores gobiernos, pero ¿Qué pasará después que termine? ¿Cómo se garantizará que la violencia homicida no se vuelva disparar? Además del limitado efecto del régimen de excepción en la problemática de seguridad, éste crea un clima apropiado para la eventual afectación de derechos fundamentales de ciudadanos honrados que nada tienen que ver con la situación de violencia, tal como sucedió durante la cuarentena domiciliar obligatoria de 2020, en donde ésta figura constitucional también fue aprobada. Esa posibilidad de vulneraciones a derechos fundamentales se ve incrementada a partir de la estrategia de comunicación política del gobierno, mediante la cual proyecta “mano dura” ante la población y que parece ser entendida por algunos elementos de seguridad y funcionarios, como un “cheque en blanco” para el uso de la fuerza y arbitrariedad, como también sucedió en los gobiernos anteriores, donde hubo señalamientos, incluso, de ejecuciones extrajudiciales. Así, es posible anticipar que las acciones impulsadas por el Ejecutivo y Legislativo ante el alza de homicidios no resolverá la problemática de seguridad de El Salvador, únicamente incrementará las detenciones y, sin duda, ayudará a opacar ante la opinión pública el fracaso del gobierno en materia de seguridad. Es oportuno hacer un llamado al Órgano Ejecutivo a que el contexto actual sirva para iniciar un profundo proceso de reflexión en cuanto a cómo construir acciones integrales en materia de seguridad, y el primer paso es, justamente, construir una política pública al respecto, más allá de fines publicitarios. Mientras lo anterior no suceda, la plena vigencia de los Derechos Humanos en El Salvador estará bajo la amenaza de la violencia recurrente, ejecutada por grupos criminales comunes, como por agentes y funcionarios del Estado.

San Salvador, 29 de marzo de 2022


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