Vivienda adecuada: ausente de la agenda electoral

 

El Salvador se encuentra a menos de una semana de la elección de diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano, así como alcaldes y alcaldesas; para el período
2021-2024. Desde el 27 de diciembre del 2020 1, oficialmente los partidos políticos se encuentran en campaña electoral, en la cual se identifica el poco abordaje de propuestas legislativas en materia de derechos humanos, particularmente sobre vivienda adecuada.


Un factor destacable de esta campaña es que está orientada mayoritariamente al posicionamiento de rostros o figuras, más que de propuestas que brinden respuestas sostenibles a la satisfacción de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de la población. Son casi nulas las iniciativas sobre el tema que esté en consonancia con el cumplimiento del derecho de todas las personas a contar con hogar digno.2 3

Las propuestas en materia de vivienda adecuada deberían garantizar acciones encaminadas a reducir el déficit cualitativo y cuantitativo habitacional. La situación de vivienda en El Salvador no es
alentadora, de acuerdo al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) el déficit total por unidades de vivienda es de 1,388,477, señalando que el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo asciende a 91%4.

La vivienda adecuada constituye un derecho humano, y en él se enmarca la necesidad de toda persona de vivir en condiciones adecuadas, con dignidad, paz y seguridad. También es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos , por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC-, y se encuentra en las observaciones generales 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Lo anterior es vinculante para el Estado salvadoreño en la generación de una política pública, un marco normativo y planes que fomenten el desarrollo de hábitat y vivienda adecuada para las familias salvadoreñas. Además, la Constitución de la República en su Artículo 119 manifiesta:

“Se declara de interés social la construcción de viviendas. El Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda. Fomentará que todo propietario de fincas rústicas proporcione a los trabajadores residentes habitación higiénica y cómoda, e instalaciones adecuadas a los trabajadores temporales; y al efecto, facilitará al pequeño propietario los medios necesarios”6

Por lo tanto, la producción de vivienda y hábitat debería ser prioridad en las propuestas electorales, bajo la visión de proveer de espacios habitacionales para que las familias vivan seguras y en paz. Para ello es necesario dejar de apostar al rédito del mercado o la visibilización publicitaria mediante soluciones asistencialistas e insostenibles para las familias salvadoreñas.
Los punteos que en sus propuestas han realizado algunos partidos políticos sobre la temática de vivienda no están orientados a que el Estado asuma un papel protagónico en la satisfacción de este
derecho; más bien, se orienta a plantear acciones en el marco de mercado inmobiliario, lo que limita el acceso a la vivienda adecuada de la población en general y poco abona a paliar el déficit que impera a nivel nacional.

Ante este escenario el Movimiento por la Defensa de la Tierra de El Salvador -MOVITIERRA- y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-, DEMANDAMOS:

I. Que los partidos políticos y candidatos-as que resulten electos-as se comprometan a la aprobación de una ley que reconozca el derecho a la vivienda adecuada y entre otras contenga: A) La articulación de un sistema nacional de vivienda que evite dispersión de instancias vinculadas al tema. B) Financiamiento estructural para el desarrollo de vivienda adecuada de interés social. C)Mecanismos de acceso al suelo urbano y urbanizable para las familias de menores recursos.

II. Que se garantice la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra de los asentamientos humanos irregulares en inmuebles propiedad del Estado por medio de procesos de desafectación.

III. Que se derogue el decreto 23-2009 que contiene la LEY ESPECIAL PARA LA GARANTÍA DE LA PROPIEDAD O POSESIÓN REGULAR DE INMUEBLES, en vista que promueve desalojos
forzados expeditos, transgrediendo la Observación general Nº 7: El derecho a una vivienda adecuada, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las Naciones Unidas.

IV. Que se comprometan a emitir recomendables al Ministerio de Vivienda, en el sentido: A) de establecer una Política nacional de Vivienda y Hábitat, que implique un proceso de
formulación con pluralidad de actores, o dar seguimiento a la adoptada en el año 2015. B) a crear mecanismos de interlocución entre el ministerio de vivienda y las organizaciones de la sociedad civil y reactivar el Consejo Consultivo de Hábitat y Vivienda, como una instancia de diálogo y propuesta en atención a al problema de la vivienda en nuestro país.

 

 

San Salvador, 23 de febrero del 2021

Comunicaciones

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