El 31 de diciembre de 2019 se confirmó el brote de una enfermedad altamente infecciosa denominada COVID-19 en la zona de Wuhan, China, causada por el virus SARS-CoV-2, parte de una extensa familia de organismos conocidos como coronavirus. A partir del 1 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) activó su estado de emergencia para abordar el brote del nuevo coronavirus COVID-19.
En El Salvador, a partir de febrero 2020, el Gobierno Central activó protocolos para evitar el ingreso de personas con sospecha de infección por COVID-19. Desde ese momento, se generó un contexto político sumamente difícil por la falta de coordinación de las diferentes instituciones públicas obligadas a actuar.
La presente investigación analiza el impacto de este contexto político en la actuación de instituciones del Estado, a partir del estudio de la creación normativa durante el período de febrero a noviembre de 2020 y los conflictos suscitados entre los principales órganos del Estado (Asamblea Legislativa –AL–, Órgano Ejecutivo -presidente de la República a través de sus ministros-, y Órgano Judicial, mediante la actuación de la Sala de lo Constitucional –SC–).
