Disposiciones en DE 19 podrían dar lugar a violaciones a DDHH

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- se pronunció sobre el Decreto Ejecutivo número 19, emitido este lunes 13 de abril,  por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, considerando que contiene algunas medidas que son contrarias a la Constitución.

A la derecha, Director de FESPAD, Saúl Baños | Foto: FESPAD/ Archivo

Para FESPAD, es particularmente preocupantes el literal «b» del artículo 1 de ese Decreto, que permite que toda persona que incumpla el resguardo domiciliar y no logre justificarlo, luego de ser examinado por personal de salud, sea llevada a centros de cuarentena controlada por 30 días.

«Esta disposición da lugar a arbitrariedades, ya que en los casos en donde se ha enviado a personas retenidas a cuarentena, no ha mediado un examen por parte de facultativos en salud, sino que han sido los miembros de la policía o del ejército quienes deciden a quién detener o a quien no,  a pesar que se sabe que no tienen el mínimo conocimiento técnico al respecto», expone el Director de FESPAD, Saúl Baños.

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Por otra parte,  lo establecido en el literal “e” del artículo 1, también es considerado preocupante por FESPAD pues obliga a todos los ciudadanos a permitir el ingreso al personal de salud para supuestamente inspeccionar casas de habitación, locales, predios públicos o privados, con el propósito de evaluar medidas sanitarias a tomar.

Esto, según la institución, puede reñir con lo que establece el art. 20 de la Constitución que establece que «La morada es inviolable y sólo podrá ingresarse a ella por consentimiento de la persona que la habita, por mandato judicial, por flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, o por grave riesgo de las personas».

Advierte que de ser mal interpretada esta dispocisión o aplicada por las autoridades podría dar lugar a violaciones a DDHH en el marco de la emergencia por el COVID-19.

FESPAD se ha mantenido atenta desde el inicio de la emergencia para velar por el respeto de los DDHH, instando a que cualquier medida que se tome para afrontar la pandemia sea ejecutada dentro del marco constitucional,  en colaboración y actuación complementaria entre los distintos órganos que integran la institucionalidad del país.

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