La familia es la base fundamental de la sociedad y el Estado debe protegerla. Así lo dice nuestra Constitución de la República en su artículo 32. Lamentablemente muchas familias están sufriendo por la desaparición de sus seres queridos.
La desaparición de personas es un problema grave que afecta a El Salvador desde hace décadas. Durante la guerra, entre 7 mil y 8 mil personas habrían sido víctimas de desaparición forzada, es decir, a manos de agentes estatales.
Después de los Acuerdos de Paz, los grupos criminales se convirtieron en los principales responsables de este delito: solo entre 2014 y 2019 se habrían registrado más de 22 mil denuncias según datos de la Fiscalía General de la República.
Entre 2019 y junio de 2022 se estima que ocurrieron 6, 443 denuncias de desaparición de personas, de las cuales, 2,397 pudieran continuar como casos activos.
Entre marzo de 2022 y junio de 2023, los señalamientos de hechos desaparición atribuidos a agentes estatales han vuelto a aparecer en el contexto salvadoreño, al respecto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cuenta con 30 denuncias y organizaciones de la sociedad civil tienen registro de 209 casos de este tipo.
¿Imagine el dolor de no saber dónde está su hijo, su hermana, su hermano, su padre, su madre? ¿Se imagina la angustia de no tener justicia ni reparación? Esto es lo que viven miles de familias salvadoreñas, sobre todo las más pobres.
El 9 de noviembre, el Estado de El Salvador rindió cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que está haciendo para enfrentar esta problemática.
Es urgente que el Estado tome acciones concretas como: elaborar una política nacional contra las desapariciones, que incluya la creación de un registro de personas desaparecidas y un banco de ADN; apruebe una ley general sobre desapariciones, cree una comisión de búsqueda y programas de reparación para las familias. También, que ratifique convenios internacionales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La familia debe ser protegida, es un mandato Constitucional y debe ser una prioridad para el desarrollo integral de El Salvador.
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-.
