No puede haber pasos en retroceso
El rescate de la MEMORIA HISTÓRICA en El Salvador pasa por el compromiso de quienes, de una u otra manera, fueron parte de esa realidad nacional convulsa y dolorosa para un importante sector poblacional durante los años previos y durante el conflicto armado. Pero también es deber de todo el pueblo, para ser más conscientes y protagonistas de nuestra historia.
El punto de partida para resguardar la memoria histórica es el conocimiento y valoración de la historia vivida, para que luego la misma pase de generación en generación, como un legado que nos dará un mejor horizonte de realización colectiva; esta dimensión de nuestra vida e historia nacional es una tarea todavía pendiente; lo cual trae consigo el riesgo que una vez ya no tengan existencia física las víctimas, sus familiares o sus amigos, esa historia ahí se detendrá y el paso del tiempo jugará a favor de la impunidad.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, no ha habido un esfuerzo serio por el rescate de la memoria histórica, por su resguardo, a no ser por parte de las organizaciones de víctimas, o las organizaciones de derechos humanos que les acompañan; oficialmente no hay más que una página en el libro escolar de Ciencias Sociales donde hacen un relato insignificante sobre el conflicto armado vivido; en ese relato no hay víctimas ni victimarios, parecería que el ánimo ha sido la trivialización -aunque bien se podría hablar de negación, ocultamiento y hasta tergiversación- de un acontecimiento que marcó la vida del pueblo salvadoreño.
Tanto es así que, durante 20 años luego de la firma de la paz, no hubo mención relevante a los acontecimientos del conflicto armado, de sus víctimas y los victimarios, a no ser por los casos presentados a la Fiscalía General de la República por organismos de derechos humanos. Estos casos no han tenido resultado alguno, por la necedad del sistema de justicia nacional que sostenía que eran casos prescritos, sin reconocer que hubo una retranca permanente a la posibilidad de justicia que se llamó Ley de amnistía general para la consolidación de la paz1, pese a que son casos imprescriptibles en razón de ser delitos de lesa humanidad; o las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas, acompañados por organizaciones de derechos humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que luego con informe de fondo pasaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la que en varios casos dictó sentencias condenatorias para el Estado de El Salvador; sin embargo, su cumplimiento fue y sigue siendo trivializado.
No obstante, sin realizar un balance pormenorizado de la temática en cuestión, se debe reconocer que a partir de la gestión del gobierno 2009-2014, hubo ya un reconocimiento explícito a las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado y en los años previos al mismo; hubo pedidos de perdón a nombre del Estado de El Salvador, que pudieron ser mejor realizados en términos de más participación de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, de promoción de la verdad, justicia y reparación; se dio cumplimiento parcial de las sentencias de la CoIDH y se empezaron a construir algunos significativos mecanismos de reparación a las víctimas; luego en la gestión 2014-2019 hubo otros avances significativos en esta materia: por ejemplo, ayuda económica y de salud para las víctimas, continuación del censo de víctimas, algunos incipientes niveles de interlocución con las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. También se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador (CONABÚSQUEDA).
Lo anterior es relevante pues, parecería que, en la actual gestión gubernamental, hay una intención manifiesta de decretar perdón y olvido a los criminales, dejando en el abandono a las víctimas, al negarse a reconocer, continuar e incluso mejorar todos los avances que en materia de MEMORIA HISTÓRICA se lograron en las gestiones anteriores de gobierno. El reconocimiento de los pasos dados en esta fundamental realidad es importante rescatarlo, pues eso vendría a plantear un punto de partida al actual gobierno y no permitir que se anulen esos resultados o se den pasos en retroceso. No estamos empezando desde cero.
Los siguientes, son logros que en materia de memoria histórica tiene el pueblo salvadoreño:
- La elaboración del proyecto del Memorial de Monseñor Romero en el espacio donde estuvo el cine Libertad, en el centro histórico de San Salvador; aunque la propuesta que la CIDH transmitió al Estado es la construcción de una plaza donde se conmemore el martirio de Monseñor Romero. La propuesta arquitectónica quedó concluida y en el Ministerio de Relaciones Exteriores quedó un monto que asciende a $ 1,174,321.70 para este fin.
- Cambio de nombre de algunos centros educativos que tienen nombres de personas señaladas como violadores de derechos humanos en el contexto del conflicto armado; conforme al Reglamento para la nominación de centros educativos, D.E. No. 10. De 15-01-13. Ha quedado pendiente el cambio del nombre a otros centros escolares.
- Remodelación del Monumento a la Memoria y la Verdad, ubicado en el Parque Cuscatlán, San Salvador.
- Remodelación del Monumento a Monseñor Romero ubicado frente a El Salvador del Mundo, en San Salvador
- La necesaria desclasificación de los documentos que han servido de base para la elaboración de informes a presentar por el Estado de El Salvador a la CIDH y CoIDH, cuando ya tengan sentencia.
- La búsqueda de acceso a archivos militares. El Estado de El Salvador se comprometió con la CIDH, en audiencia del 14 de febrero del 2019, a crear una Comisión de búsqueda de archivos militares; quedó aprobado un decreto Ejecutivo.2
- Fue hasta la gestión anterior cuando se identificó que, en la sede de la ex casa presidencial en San Jacinto, se encontraban resguardados bajo la responsabilidad de la dirección de recursos humanos de CAPRES, los documentos de la extinta Comisión de Derechos Humanos Gubernamental (CDHG), creada mediante Acuerdo Ejecutivo No. 121, de 27 de agosto de 1982, durante la administración presidencial del Dr. Álvaro Magaña. Quedó en curso el resguardo, clasificación y entrega al archivo general de la nación de dichos documentos.Además, quedaron definidos los pasos a seguir y el tratamiento a dar a los documentos encontrados.
- Aprobación de la guía técnica para el pago de indemnizaciones de víctimas ejecutadas y/o fallecidas de las masacres de El Mozote y lugares aledaños. En el Ministerio de Relaciones Exteriores quedó ya construida una propuesta que va a permitir superar la exigencia a los familiares de las víctimas, de seguir diligencias de aceptación de herencia, ante una realidad en la cual, la indemnización a pagar no tiene nada que ver con relaciones sucesorales.
- El seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la CoIDH en el caso de El Mozote y lugares aledaños, cuyas medidas de reparación quedaron definidas y en curso de cumplimiento, en cuanto a indemnizaciones y medidas infraestructurales en las comunidades.
Estos procesos quedaron encaminados luego del cierre de la gestión gubernamental 2014-2019, de los que debemos apropiarnos y no permitir que se ignoren o que se den pasos hacia atrás; permitirlo, nada más abona a la impunidad y a la ausencia de medidas de reparación a las víctimas y, lo que es muy grave, olvidar y volver ultrajar a las víctimas, hasta el colmo de utilizarlas para fines ideológicos, partidarios o demagógicos.
Este día es muy significativo en materia de justicia para El Salvador, pues la Audiencia Nacional Española hace pública la sentencia contra el militar Inocente Montano, por su participación en la masacre de los sacerdotes jesuitas de 1989. Lo será también el 21 de septiembre, ya que inician las inspecciones judiciales en archivos militares históricos relacionados en el caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños. Son las víctimas, su dignidad y derechos, quienes nos marcan el rumbo para tomar consciencia y promover la memoria histórica.
San Salvador, 11 de septiembre de 2020
