En el marco del Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Sexual contra las Niñas y Niños en El Salvador, que se conmemora cada 4 de abril, la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de El Salvador, muestra su preocupación ante la situación de violencia sexual ejercida contra las niñas, niños y adolescentes y EXPRESA:
En nuestro país, las niñas y adolescentes están en absoluta indefensión y desprotección. Se han vulnerados sus derechos a la vida, la salud, la salud sexual y reproductiva, la integridad personal, la autonomía reproductiva, la información, la educación integral, la no discriminación y la protección integral de la niñez, entre otros; lo cual se traduce en un escenario de vulneración sistemática, si se considera, especialmente, las serias e irreparables afectaciones que los hechos de violencia sexual y los embarazos forzados tienen para las niñas y adolescentes.
Datos registrados por la Fiscalía General de la República, evidencian un aumento de denuncias por los delitos de violencia sexual en el año 2021, cuando hubo 2,644 hechos de violencia sexual cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes menores de 17 años, es decir, alrededor de 7 casos diarios, significando un aumento 34.4% en comparación con 2020, cuando hubo 1,967 casos. En este registro se incluyen cinco delitos: Agresión sexual en menor e incapaz, estupro, otras agresiones sexuales, violación y violación en menor e incapaz. El delito más denunciado fue el estupro, con 1,003 casos, seguido por el delito de violación en menor e incapaz, con 885.
Los datos muestran que la mayoría de víctimas son niñas y adolescentes. El 93.% se cometió contra el sexo femenino y 7% del sexo masculino. Un gran número de denuncias (44%) provino de los departamentos de San Salvador, Santa Ana y La Libertad.
En cuanto a la información sobre embarazos en niñas y adolescentes, de acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSAL), entre enero y septiembre de 2021 se reportó un total de 410 niñas y adolescentes entre 10 y 14 años con embarazos. Esta cifra representa un alza del 8% respecto al mismo período del año 2020, es decir, 31 casos más, lo que evidencia que no existe una tendencia a la disminución de esta problemática en personas menores de 14 años.
El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) ha señalado que “Todo embarazo en una niña menor de 14 años debe considerarse no consentido y, por tanto, producto de violencia sexual”. De igual manera, el MINSAL reportó en el mismo período 9,479 niñas y adolescentes entre los 15 y 19 años que se convirtieron en madres.
La vulneración a los derechos de la niñas y adolescentes, como su derecho a la salud, a la finalización de su formación escolar, a vivir libres de violencia (en especial de violencia sexual), a tener un proyecto de vida y seguridad integral, es evidente. Es preciso aprobar e implementar la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva, además de incorporar a la currícula del MINED, la Educación Integral en Sexualidad, de forma transversal y asumida por el personal docente en su labor diaria.
De igual forma, es necesario fortalecer la aplicación (por parte del MINSAL, el CONNA, el MINED, el ISDEMU, e ISNA) de la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017-2027 (ENIPENA). Hasta el momento se desconocen los planes gubernamentales para avanzar en su impulso, por lo cual es indispensable dar a conocer los resultados a la fecha.
Estas son sólo algunas cifras que permiten advertir la gravedad de la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes, que dan cuenta que erradicarla, es una tarea que debe ser abordada de forma interinstitucional y con la colaboración de la sociedad civil organizada.
Con relación al decreto que establece el régimen de excepción, reiteramos nuestra preocupación por prácticas que vulneran los derechos de la niñez y adolescencia, ya que distintos medios de comunicación han difundido imágenes que muestran a la Fuerza Armada registrando las mochilas de niñas, niños y adolescentes identificados con sus uniformes escolares y que residen en los territorios cercados por las autoridades. Llamamos al CONNA a proteger los derechos de esta población.
Por lo anterior, como Alianza por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, exhortamos:
- Al Órgano Ejecutivo, a contar con sistemas de información diferenciados, tanto del impacto sanitario de la pandemia, como de los delitos de violencia sexual, que visibilicen a la niñez y adolescencia víctimas, incluyendo estadísticas que respondan al análisis de su ciclo vital, sexo, pertenencia étnica, procedencia, entre otras.
- A la Fiscalía General de la República, actúe inmediatamente para esclarecer todos los hechos delictivos cometidos contra las niñas, niños y adolescentes, llevando ante la justicia a las personas responsables, creando los mecanismos, planes, programas y estrategias necesarios para atender como es debido la problemática de violencia sexual.
- Al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia -CONNA- en su calidad de ente rector de la Política Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia, garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual desde un enfoque de derechos humanos y de género.
- Al Ministerio de Educación, a dar cumplimiento del enfoque de género y la educación sexual, que son dos herramientas necesarias para que niñas, niños y adolescentes de nuestro país aprendan a detectar relaciones abusivas, incestuosas e impropias dentro de las familias, comunidades, centros educativos y otros espacios.
- Esperamos que desde las instituciones competentes: CONNA, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, PNC, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y la Red de Atención Compartida, refuercen las respuestas inmediata a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y ampliar las coberturas en programas y servicios adaptados a las necesidades y particularidades desde un enfoque centrado en la víctima y en el trauman diferenciado e interseccional.
Como Alianza, renovamos nuestro compromiso y convocamos a la población en general, así como a la sociedad civil organizada a unir esfuerzos en la erradicación de la violencia sexual hacia las niñas, niños y adolescentes, reiterando nuestra solidaridad con la población en mayor condición de vulnerabilidad.
San Salvador, 4 de abril de 2022
