Este viernes 21 de agosto, FESPAD y MOVITIERRA realizaron el foro virtual: «Vivienda adecuada. Una herramienta para contrarrestar al COVID-19». En este espacio se analizó la situación actual de la vivienda adecuada en el país, así como los marcos normativos nacionales e internacionales relativos al tema.
En el webinar participaron: el Procurador Adjunto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la PDDH, Luis García, ; la coordinadora general de MOVITIERRA, Maritza López; la Directora Ejecutiva de FUNDASAL, Claudia Blanco; y el Director de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD, Omar Flores.
El Director de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD, Omar Flores, planteó el contexto actual de El Salvador en materia de vivienda, particularmente la ausencia de marcos normativos nacionales para regular el tema. «El Salvador no cuenta con una ley, política o plan que desarrolle el derecho a la vivienda adecuada», acotó Flores.
Para Flores el punto anterior tiene estrecha relación con la situación de miles de personas que no cuentan con una vivienda adecuada, ni el título de propiedad de la misma, lo cual les ubica en una situación de vulnerabilidad frente a desalojos forzosos; tal es el caso del ocurrido en la comunidad El Espino, a mediados de 2018.
Por su parte, la Directora Ejecutiva de FUNDASAL, Claudia Blanco, explicó que 1,3 millones de personas actualmente tienen carencias de vivienda y que a pesar de estas cifras, no ha habido una apuesta concreta por parte del Estado para atender el tema.
«Tenemos recopilados los porcentajes de los presupuestos asignados a vivienda de los últimos 20 años; ninguno ha superado el 1% del presupuesto», detalló Blanco.
«Es difícil decir que vamos a mantener las disposiciones y sugerencias que exige el Gobierno, sino existen los medios», detalló Maritza López.
Por su parte, el Procurador de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la PDDH, Luis García consideró que además de exigir la aprobación de marcos normativos que regulen el derecho a una vivienda adecuada, también es urgente exigir la aplicación de cumplimiento de este derecho fundamental a miles de personas.
«Se ha desmantelado toda acción social de lucha contra la pobreza. La pandemia nos está instando a exigir que el Gobierno tome en serio la observación general número 4 del Comité DESC», detalló el Procurador Adjunto.
Puede acceder al webinar en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/130438270301890/videos/297456081348512/
