"Enfermos terminales y discapacitados al interior de los Centros Penales"

Población penitenciaria salvadoreña en estado inhumano

Como parte de los conversatorios institucionales que FESPAD impulsa desde su Unidad de Incidencia y Comunicaciones, este día se abordó la temática: “Enfermos terminales y discapacitados al interior de los centros penales” a cargo del licenciado Dennis Muñoz, abogado que trabaja con este tipo de casos desde hace seis años.

El facilitador manifestó que el sistema penitenciario salvadoreño no está apto para ningún interno, discapacitados o no. “…los enfermos terminales y discapacitados están lejos de adaptarse y reinsertarse a la sociedad, en virtud que dicho sistema no es capaz de cumplir su finalidad constitucional; siendo esta que la pena de prisión no solo sirva para prevenir la comisión de delitos, sino para que la población penitenciaria sea de provecho a la sociedad y no una carga más para el Estado”, agregó.

Entre los casos ejemplarizantes de esta problemática, el lic. Muñóz se refirió a Manuel Ramírez Soto, quien carece de sus dos brazos y una de sus piernas pende únicamente de tejidos musculares; y William Alberto Pérez, que padece de una enfermedad en estado terminal. En ambos casos, el sistema penitenciario no les brinda los servicios mínimos de salud y a pesar de su grave estado y de contar con el beneficio legal de poder quedar libres por la condición médica que enfrentan, siguen en condiciones inhumanas dentro de las cárceles de nuestro país.

Al final de la jornada las y los asistentes concluyeron que la situación que vive la población penitenciaria al interior de las cárceles salvadoreñas es totalmente inhumana, y esto es producto de la falta de compromiso de los entes públicos encargados y/o vinculados a la vigilancia penitenciaria. Además hicieron diversas propuestas de acciones como presentar los casos ante el Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos.

Informe sobre mujeres jóvenes y niñas excepcionalmente discriminadas

Actividades de incidencia contra el abuso sexual de mujeres y niñas.

En el marco del proyecto: ”Rescatando Mujeres Jóvenes y niñas excepcionalmente discriminadas”, desarrollado en asocio con Plan Internacional por la niñez y el Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas); la Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho (FESPAD) ha llevado a cabo durante los meses de mayo y junio, diversas actividades de incidencia, en donde se ha dado a conocer el primer informe trimestral, año 2011, sobre la situación jurídica de mujeres jóvenes y niñas a nivel nacional y también la de aquellas que forman parte del proyecto.

Dichas actividades han sido realizadas con distintos sectores de la población, entre los cuales se pueden mencionar: funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil relacionados a la protección de la niñez y adolescencia. De igual forma, las presentaciones han sido replicadas en los sectores territoriales de La Paz, Chalatenango y Cabañas, en donde también se ha tomado en cuenta a otra parte de la población, como a los miembros y miembras de comunidades y grupos de jóvenes específicos.

En el desarrollo de estas jornadas, se han hecho presentes los sectores de salud, educación y defensa de los derechos humanos. Así como las áreas directamente vinculadas a la niñez y adolescencia, en instancias judiciales y administrativas. De igual forma se ha contado con la presencia de instituciones dedicadas a la protección de la mujer.

El objetivo de la celebración de dichos eventos ha sido dar a conocer la situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchas mujeres jóvenes y niñas, quienes son discriminadas por distintos sectores de la población, tales como escuelas, centros de salud y sus propias comunidades; pero, en la mayoría de ocasiones sus derechos son violentados por sus propias familias; anunciando de esta forma que, el 90% de casos conocidos en el proyecto se refieren a jóvenes abusadas sexualmente por personas cercanas, en donde la mayoría de ocasiones sus familiares han hecho poco o nada para buscar la restitución de sus derechos.

Las conversaciones se han desarrollado con la intención de realizar un llamado de atención a la población en general, respecto de la explicada situación, ya que son diversas las instituciones y personas llamadas al cuido y protección de estos derechos, necesitando un trabajo multidisciplinar al respecto.

Los resultados de nuestras acciones han sido positivos, pues algunas instituciones gubernamentales se han mostrado interesadas en realizar convenios específicos con los y las ejecutoras del proyecto, todo en la unión por la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.

Presentan propuesta de política pública integral para prevenir la violencia juvenil

Poljuve presenta propuesta: “Construyendo un futuro de paz…”

Con el objetivo de promover el desarrollo integral de la juventud y contribuir a una cultura de paz, este jueves 26 de mayo de 2011, el programa POLJUVE, integrado por la Alianza Internacional para la Consolidación de la Paz (Interpeace), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), presentó su propuesta: “Construyendo un futuro de paz…, Propuesta de política pública integral para prevenir la violencia que afecta a la adolescencia y la juventud”.

Este documento se concretiza en una propuesta de política pública que contiene un enfoque integral para enfrentar tanto los factores que están detrás de la violencia, como la atención prioritaria a las y los jóvenes, que son la población mas afectada o expuesta a esta. Las estrategias y acciones propuestas se suman y complementan a los esfuerzos del actual gobierno en materia de prevención de violencia.

Para Poljuve la violencia que experimenta la juventud no es casual, sino que “está vinculada con una serie de problemas sociales, culturales, económicos y políticos que, en El Salvador, se han venido acumulando con el transcurso de los años, sin una atención ni tratamientos adecuados. A esa violencia estructural que está a la base de las otras formas de violencia, nunca se le ha atendido con políticas públicas de prevención”.

En la propuesta se recomienda que las estrategias y acciones planteadas se dirijan principalmente a tres grupos sociales, con una lógica diferenciada. Estos grupos están conformados por adolescentes y jóvenes en general (prevención primaria), adolescentes y jóvenes en vulnerabilidad social (prevención secundaria) y adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal (prevención terciaria).

La propuesta presentada es el resultado de un proceso de diálogo en el que participaron -en 3 mesas de trabajo- representantes de 17 instituciones del Estado, 15 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de prevención de violencia y 7 agrupaciones juveniles. El diálogo que conllevó a la realización de la propuesta se desarrolló entre octubre de 2009 y octubre de 2010, a lo que se sumó otras actividades de investigación y consultas con otros actores sociales.

Avances de los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador

Presentación balance de los derechos de la niñez y adolescencia, El Salvador, 2010

La Alianza por los derechos de la niñez, adolescencia y juventud en El Salvador, en la que se integra la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, desarrolló este 7 de abril de 2011, el foro denominado: Situación de avances de los derechos de la niñez y adolescencia, El Salvador, 2010.

El foro tenía como propósito central presentar el documento “Balance de los derechos de la niñez y adolescencia, El Salvador, 2010”; elaborado por la Alianza , en el que se destaca la situación actual y los retos del Estado salvadoreño para el cumplimiento de los derechos de estos grupos poblacionales que constituye el 42.62% de la población salvadoreña, de acuerdo a la encuesta de Hogares de propósitos múltiples, 2009.

Dicho documento recoge estadísticas oficiales, informes de las Organizaciones de la Alianza y monitoreo de prensa, en torno a las condiciones de vida de la niñez y adolescencia, con énfasis en el derecho a la vida, la educación y salud. Contenidos que fueron analizados conforme al marco legal nacional e internacional, como la Convención de los Derechos del Niño.

Con respecto al sistema educativo, en el material, se destaca el reto del Estado salvadoreño para mejorar la inserción escolar; la calidad educativa y las dificultades de acceso a los centros educativos en la zona rural, que obliga al alumnado a desplazarse lejos de su zona de residencia para poder culminar su educación básica y media.

La Alianza aprovechó la oportunidad para reiterar sus cuestionamientos por las reformas a la Ley penal juvenil, que aumentó las penas de prisión de 7 a 15 años para personas menores de 18 años acusadas de cometer crímenes graves como homicidios, extorsiones, violaciones y otros, ya que, según el movimiento, “esta medida atenta contra principios contenidos en la Declaración de los Derechos del Niño, pero, sobre todo, porque significa la continuidad de acciones aprobadas en gestiones gubernamentales anteriores que de manera errónea pretendían disminuir la criminalidad mediante el endurecimiento de las penas hacia la población joven”.

En el foro, representantes de la Coordinadora Intersectorial Pro juventudes de El Salvador (CIPJES), Plataforma Nacional de Juventudes de El Salvador (PLANJES), Ministerio de Educación y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; expusieron sus valoraciones sobre la temática.

Asimismo el grupo teatral del Centro Escolar El Amatillo, Las Vueltas, del departamento de Chalatenango, participó con una dramatización que contextualizó los diferentes escenarios que viven las niñas y los niños en hogares donde el núcleo familiar respeta sus derechos y en aquellos donde, por el contrario, se vulneran.

Otra de las participantes estuvo a cargo de la solista Milagro Tobar quien con una canción alusiva a la paz y la esperanza dio cierre al evento.

Foro de consulta y concertación para la prevención de la violencia y convivencia ciudadana

Consulta ciudadana para la prevención de la violencia

El Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia (CMSCPV), del municipio de Apopa, en coordinación con FESPAD, Tutela Legal del Arzobispado y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos, realizó el pasado 4 de diciembre el “Foro de Consulta y Concertación para la Prevención de la Violencia y Convivencia Ciudadana”.

La actividad tenía como objetivo incrementar los niveles de participación ciudadana de los diferentes sectores y actores vivos del municipio de Apopa, a fin de que éstos se conviertan en agentes de transformación ante el fenómeno de la violencia e inseguridad del municipio, a través de su involucramiento en espacios como el CMSCPV, equipos zonales de prevención y otras iniciativas municipales. Además fortalecer la gestión municipal en materia de seguridad y prevención de la violencia a través de la concertación y compromiso ciudadano, para lograr a corto plazo estrategias efectivas de buenas prácticas y de convivencia.

En la primera parte del foro estuvieron como panelistas invitados: Santiago Flores, en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gerardo Alegría, procurador adjunto en derechos civiles y políticos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Jerónimo Yanes, en representación de la alcaldía de Apopa, Silvia Pedraza, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y Nelson Flores en representación de FESPAD.

Además se contó con representación de los diferentes sectores: mujeres, comunidades, juventud, empresarial, comerciantes, iglesias, centros educativos, adultos mayores, entre otros. En total participaron 160 personas.

Al final de la jornada se logró un compromiso de todas y todos para construir una estrategia municipal democrática para la prevención de la violencia y la delincuencia.

Organizaciones civiles demandan del Órgano Ejecutivo verdadera política de Seguridad

Concertación de ONG’s demanda política de seguridad basada en principios democráticos y de plena inclusión y participación social

Representantes de la Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social, dieron a conocer esta mañana en conferencia de prensa, su posicionamiento frente a las manifestaciones de violencia que se están dando en el país, a consecuencia del paro del transporte público ocurrido la semana recién pasada por supuestas amenazas a este sector hechas por miembros de pandillas.

El espacio demanda del presidente de la República y del Gabinete de Seguridad “que asuman el liderazgo necesario que conduzca al diseño e implementación de una verdadera política de seguridad pública, basada en principios democráticos y de plena inclusión y participación social, en la que deben estar recogidas las expectativas y propuestas de todos los sectores de la vida nacional.”

Las demandas de la Concertación están dirigidas a varios sectores que convergen en la vida política y social del país, por considerar que los jóvenes que integran los grupos conocidos como maras o pandillas “son una generación creada por graves problemas estructurales como la histórica inequidad social y económica, la división de las familias, el desempleo, la falta de oportunidades y la exclusión…”

Los representantes de la Concertación también aprovecharon para hacer un llamado a los distintos medios de comunicación, a que hagan una labor de periodismo investigativo y ejerzan una labor crítica pero objetiva sobre los problemas que aquejan al país.

Por último, las organizaciones aglutinadas en la red de ONG’s, expresaron su respaldo al Padre Antonio Rodríquez López, quien el pasado martes 7 leyó en algunos medios de comunicación un comunicado supuestamente enviado por líderes de pandillas, pues consideran que su actuar fue un acto de buena fe, que buscaba contribuir a la grave problemática nacional.

Conversatorio sobre LEPINA

Implementación LEPINA es un avance para el país en derechos de la niñez.

En la acostumbrada discusión de cada semana, esta vez se abordó la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia -LEPINA-; el personal de FESPAD conoció los aspectos positivos y negativos de dicha normativa y sus implicaciones en la vida de la niñez y adolescencia en nuestro país.

Nuestra compañera Ismelda Villacorta, colaboradora del programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal, fue la responsable en ilustrar la LEPINA.

Para Ismelda, el aporte que representa esta ley, luego de un vacío que duró más de 20 años, es el identificar los diversos derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, así como las responsabilidades por parte del Estado para el cumplimiento de los mismos y de esta formar garantizar el disfrute de tales derechos.

La discusión generó diferentes valoraciones entre nuestros compañeros; el coordinador del programa de Seguridad Ciudadana, Nelson Flores, asegura que en toda implementación de ley, siempre se genera una serie de malas interpretaciones.

En ese sentido, Ismelda comentó que en un principio se difundió, en los medios de comunicación y entre la población salvadoreña, la idea de que los padres de familia ya no tendrían control o autoridad sobre sus hijos e hijas y que estos últimos podrían demandarlos, cuando en realidad la ley no plantea eso.

La ley plantea un sistema de protección integral que pasa por el ministerio de Seguridad Pública.

Asegura nuestra amiga Ismelda, que hoy tenemos una ley que representa avances en la protección a la niñez y la adolescencia, pero que hoy en día, la responsabilidad de las organizaciones sociales involucradas debe ser la controladuría para la implementación correcta de la normativa a partir de enero de 2011, que será cuando entre en vigor de manera completa.

Para concluir, Nelson Flores comentó al resto de compañeros y compañeras, que los problemas que enfrenta la implementación de la LEPINA es el desconocimiento que tienen los actores involucrados y la sociedad en general y la falta de presupuesto para que las instituciones responsables cumplan con su papel asignado.

Seminario: “Retos en la seguridad ciudadana desde la institucionalidad de las instancias del Estado en tema de seguridad pública con agentes policiales y del CAM”

FESPAD imparte seminario sobre seguridad ciudadana a agentes policiales y del CAM.

El seminario en el que participaron 30 agentes de la PNC y 30 del CAM, se desarrolló en dos partes y cada uno de ellos se desarrolló en 11 jornadas. El objetivo es crear la participación ciudadana en la aplicación de una política municipal preventiva de seguridad ciudadana en los municipios de Ciudad Delgado, Apopa y Mejicanos.

La primera jornada se realizó del 8 al 22 de marzo y la segunda del 12 al 26 de abril; se formaron en él,8 mujeres y 52 hombres de las instituciones antes mencionadas.

Se abordaron los siguientes temas: concepto y tendencias de la seguridad en El Salvador, las competencias legales de la Policia Nacional Civil y el Cuerpo de Agentes Municipales, Código Pocesal Penal, delitos y faltas, ordenazas contravencionales, el enfoque comunitario de la PNC: generalidades y componentes, la relación con la comunidad, entre otros de suma importancia para alcanzar el objetivo propuesto.

Se contó con destacados profesionales, expertos en la temática, tales como el Dr. Ivan García, Juez 4º de Sentencia, el Lic. César Rivera, de la Sub-Secretaria de Desarrollo Territorial y Descentralización, el comisionado Héctor Mendoza Cordero, jefe de Región Metropolitana de la PNC, el Lic. Misael Ponce, asesor de la Sub-Dirección de Seguridad Pública de la PNC, entre otros.

Planes de seguridad fracasan

FESPAD señala algunas de las lecciones que nos dejan las políticas que se han empleado para enfrentar esta situación.

Las medidas represivas y de mano dura, privilegiadas como única forma de enfrentar la delincuencia, han generado en los últimos años en el país, efectos adversos y contraproducentes.

PLANES MANO DURA Y LEYES ANTIMARAS.

En el año 2003, el entonces presidente de la República, Francisco Flores, ordenó el despliegue del operativo policial denominado Plan Mano Dura, a cargo de efectivos de la Policía Nacional Civil -PNC- y de la Fuerza Armada, con el fin de reducir la delincuencia mediante la desarticulación y captura de miembros de todas las pandillas juveniles de las áreas urbanas y rurales. De inmediato se inicio un largo proceso de detención masiva en lugares populosos de San Salvador, de jóvenes pertenecientes o que aparentaban pertenecer a las pandillas juveniles.

Simultáneamente el entonces Presidente remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado “Ley Antimaras”, en el cual generó una fuerte polémica social y legislativa, logrando finalmente su aprobación con vigencia de seis meses (10 de octubre de 2003- a 10 de abril de 2004). Como parte del debate sobre dicha ley, fueron interpuestas varias demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, la cual emitió sentencia declarándola totalmente inconstitucional, el día 1 de abril de 2004.

Sobre el resultado de dicho plan, cabe señalar que del 23 de julio de 2003 al 30 de agosto de 2004, la Policía Nacional Civil había reportado la captura de 19,275 personas acusadas de pertenecer a pandillas, de las cuales 17,540 equivalentes al 91% fueron liberadas casi inmediatamente. Entre ellas 16,191 que representaron el 84%, fueron sobreseídas (absueltas) de forma definitiva por no existir motivo alguno para su detención; 1,349 fueron sobreseídas provisionalmente ya que, pese a que les atribuían algún delito, no existían pruebas sufrientes. Otras 771 (4%) personas estaban bajo detención administrativa pendientes de audiencia judicial y solamente el 5% de las personas capturas (964) fueron detenidas judicialmente de forma provisional.

PROLONGAR EL TIEMPO DE ENCARCELAMIENTO.

El 30 de agosto de 2004 el nuevo presidente de la República, Antonio Saca, anunció que continuaría con la lucha antimaras de su predecesor e impulsó un plan denominado “Súper Mano Dura”, un plan mucho más agresivo y violento contra las maras y pandillas, con lo que intentaría extinguir a los pandilleros; la prevención y la rehabilitación están ausentes. A la par de este anuncio la Asamblea Legislativa aprobaba reformas a la Ley Penal, aumentando la pena hasta 75 años.

A pesar de ello, el país experimentó un incremento de los homicidios y asesinatos que mostró una tendencia ascendente de homicidios así: en el 2002, fueron asesinadas 2,024 personas; en el 2003: 2,388; 2004: 2,933; 2005: 3,812; 2006: 3,928 2007: 3,497; 2008: 3,179; 2009: 4,367; 2010: 535 entre el primero de enero al nueve de febrero.

El promedio diario de seis homicidios que se mantuvo hasta el 2002, se elevó entre 12 y 14 en los últimos años, en un contexto en que se ha creado y puesto en marcha planes, unidades especiales, creación de leyes especiales, reformas a leyes penales aumentando la pena; para el combate de la delincuencia. Situación que provoca elevados costos humanos, económicos, sociales y políticos; y confirma nuestra posición, sostenida en anteriores pronunciamientos, de que la sola implementación de medidas punitivas sólo genera resultados contrarios.

Las medidas de mano dura y súper mano dura evidenciaron la inexistencia de una política criminal coherente con el marco constitucional y que respondiera al anhelo de tranquilidad y seguridad de la población salvadoreña. Estos planes brindaron falsas expectativas sobre la solución del problema delincuencial, ignorando la criminalidad enquistada en las propias estructuras gubernamentales.

INVOLUCRAR A LA FUERZA ARMADA EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

En los últimos años, los gobiernos han tomado la decisión de que la Fuerza Armada salga a realizar funciones de Seguridad Pública en todo el territorio nacional; FESPAD ha señalado reiteradamente que sacar al ejército a las calles transgrede nuestra Constitución. La entidad responsable de la Seguridad Pública es la Policía Nacional Civil; las condiciones para que opere la excepción del inciso 12 del artículo 168 de la Constitución no están dadas; pero lo más importante es que no se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la seguridad pública en nuestro país.

Por otra parte la Fuerza Armada no está preparada para hacer seguridad pública; la carrera policial demanda capacidades y destrezas diferentes, pero también una filosofía y una mística, que distancia a una institución de la otra. Es preocupante el grave retroceso autoritario que en materia de seguridad pública significa la utilización del ejército en funciones que le corresponden a la PNC, que en la práctica afectará no solo a los miembros de pandillas, sino a toda persona que, según un policía o un soldado, tenga aspecto de pandillero.

Finalmente, se violenta el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz, constituyéndose esta medida en un grave retroceso autoritario en materia de Seguridad Pública.

Además, con la salida de la Fuerza Armada no se han reducido los índices de violencia y criminalidad; por el contrario, se ha generado más violencia al incrementar el odio y la intolerancia hacia jóvenes de pandillas y estimular la estigmatización de todo joven en situación de pobreza, como generador de violencia; y se continúan dejando impunes los crímenes que efectivamente cometen algunos miembros de agrupaciones delictivas que conforman la criminalidad organizada.

CONTINUIDAD DE POLÍTICAS REPRESIVAS.

MÁS REPRESIÓN Y MANO DURA.

A pesar que los primeros seis meses del actual gabinete de Seguridad Pública se había caracterizado por enfocar su política hacia la prevención del crimen con participación de la ciudadanía, buscando trascender de las erróneas políticas de mano dura de las gestiones gubernamentales anteriores, el presidente Mauricio Funes decretó en el mes de noviembre de 2009, la utilización de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, amparándose en el Art. 168, No. 12 de la Constitución, que faculta al Presidente para usar el ejercicio en tareas de seguridad pública en forma excepcional y temporal.

Hasta la fecha, a pesar del aumento de la intervención de la FAES en el ámbito de seguridad pública, mediante los denominados Grupos de Tarea Conjunta con la PNC, ahora con funciones ampliadas para el ejército, no se ha logrado obtener los resultados esperados en la reducción de los índices de homicidios y la comisión de delitos; por el contrario, en lo que va del 2010, el contexto parece agravarse, solamente entre el primero de enero al nueve de febrero del presente año, la Policía Nacional Civil reporto un total de 535 homicidios, es decir, 37 asesinatos mas que los reportados en el mismo período del 2009.

Asimismo se han denunciado por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos -PDDH-, una serie de hechos de violación a derechos humanos, especialmente de jóvenes por parte del ejército.

AUMENTO DE PENAS A JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL JUVENIL.

Otra medida orientada a enfrentar la ola de violencia que vive el país, es la reciente reforma a la Ley Penal Juvenil, aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa que decidieron aumentar la pena máxima de siete a quince años a los jóvenes en conflicto con dicha ley, que hubieren cumplido 16 años al momento de la comisión del delito.

Políticamente, la reforma ésta orientada a generar la percepción ciudadana de que se esta actuando contra las maras o pandillas juveniles, una reacción coherente a la percepción que se ha logrado generar en la población, de que la criminalidad empieza y termina con las pandillas; obviando otra vez, el verdadero problema, que se llama crimen organizado y la falta de voluntad para enfrentarlo, grupos que actúan con procedimientos y rasgos típicos de los que fueron conocidos como “sombra negra”.

En consecuencia, nos pronunciamos a favor de la lucha contra toda forma de criminalidad; pero esto supone, tomar medidas inteligentes, concertadas y a adecuadas al grave momento que vive El Salvador. El punto de partida debe ser, no volver sobre los mismos errores que se han venido cometiendo en los últimos años.

Por lo antes expuesto, SOLICITAMOS:

Al Organo Ejecutivo:

No continuar aplicando e impulsado medidas y reformas represivas que atenten principalmente contra los derechos de niños; niñas y jóvenes.

Vetar la reforma a la Ley Penal Juvenil aprobada por la Asamblea Legislativa.

Coordinar una política de prevención de la delincuencia juvenil y la reinserción de las y los jóvenes en conflicto con la ley, tal como lo establece el Art. 127 de la Ley Penal Juvenil; complementando con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores o Reglas de Beijing y la Directrices de la Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil o Directrices de RIAD.

Limitar la participación de la Fuerza Armada en el marco de sus competencias de seguridad nacional e investigar los abusos denunciados en materia de derechos humanos.

A la Policía Nacional Civil:

Evitar las redadas y capturas de forma arbitraria.

A la Asamblea Legislativa:

Abstenerse de aprobar reformas de ley, sin antes haber sido discutida en un foro amplio en el que se involucren todas las entidades del sector justicia y organizaciones de la sociedad civil, que permita evaluar de manera responsable sus impactos positivos y negativos.

Aprobar sin más dilación la Ley de Escuchas Telefónicas y una Ley que regule a nivel nacional el uso de armas de fuego.

Al Ministerio Publico:

A la Fiscalía General de la República, cumplir con su obligación de investigar la comisión de delitos y hacer valer su rol de garantes de la legalidad y la constitucionalidad.

Al sector justicia:

Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, con total apego a los mandatos constitucionales. Motivamos a los jueces y juezas a seguir respetando el debido proceso y las garantías que le asisten a todo ciudadano, independientemente de su condición social.

Procurar la racionalización del uso de la cárcel y contribuir a superar su actual estado de crisis.

A los medios de comunicación:

Exhortamos a reflexionar sobre su papel, a fin que contribuyan a una comprensión verdadera y objetiva del fenómeno de la violencia desdes sus causas y no sólo desde sus efectos.

Que tengan una visión integral del fenómeno de la violencia y criminalidad en cuanto a quiénes son los que delinquen, quiénes son los entes responsables del combate de delito y cuáles son los procesos que permiten un abordaje coherente del fenómeno: la represión, pero también la prevención y la reinserción económica y social.

San Salvador, 18 de febrero 2010

Personas con discapacidad en el sistema penitenciario

FESPAD y familiares de Santos Ramírez Soto presentaron el caso de este último que se encuentra purgando una condena de 12 años.

Santos Ramírez es una persona discapacitada que carece de ambas manos y con su pierna izquierda casi cercenada, debido a un accidente, es uno de los tantos internos de los centros penitenciarios del país que al igual que otros reos del sistema penitenciario con discapacidad carece de una atención médica especial.

Fue condenado por el Juzgado Especializado de Sentencia San Miguel el 8 de junio de 2008, fecha desde la cual se encuentra guardando prisión.

En septiembre de 2008, el abogado de Soto, Dennis Muñoz, interpuso un indulto ante la Asamblea Legislativa, y en abril de 2009 se solicitó una conmutación de la pena ante el ministerio de Justicia y Seguridad, sin que se haya logrado resolución al respecto.

FESPAD señaló que el caso de Soto es dramático por las dificultades que tiene de desplazarse, alimentarse y hacer sus necesidades básicas, ante la carencia de apoyo o de otros medios para desplazarse.

Estas situaciones por las que atraviesan las personas con discapacidad en los centros penitenciarios violentan la Constitución, la Ley Penitenciaria y tratados internacionales en la materia. .

Según señala el art. 27 de la Constitución “El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”.

El articulo 10 párrafo tercero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece “Que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados ”

Conforme el art. 80 de la Ley Penitenciaria “Los Centros especiales estarán destinados para la atención y tratamiento de la salud física y mental de los internos. Mientras el Sistema Penitenciario no cuente con estos centros especiales, el ministerio de Justicia a través de la Dirección de Centros Penales podrá solicitar la colaboración del ministerio de Salud y Asistencia Social y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social”……

Actualmente, el sistema penitenciario carece de estos centros especiales debido a la falta de recursos, y el apoyo del ministerio de Salud y del ISSS es insuficiente para atender las necesidades de los reos con discapacidad.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (13 de diciembre de 2006) en su artículo 14 Inc. 2, señala que “Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de ajustes razonables.”

Se señaló que en el país se da un desigual tratamiento en el sistema penitenciario, ya que mientras algunos personajes públicos procesados son hospitalizados o conducidos a clínicas particulares para tratarlos, las personas con discapacidad no tienen una adecuada atención médica.

Los organizadores pidieron a las autoridades de centros penales dar especial atención a las personas con discapacidad y a la Corte Suprema de Justicia, celeridad sobre los recursos que se han presentado en el caso de Ramírez Soto.