Presentan informe sobre el fenómeno de desplazamiento forzado en el país

Este miércoles 10 de julio, la Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado, espacio del cual FESPAD forma parte, presentó el informe: «Lo que El Salvador no reconoce: Informe de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los casos de Desplazamiento Forzado por violencia 2017-2018». Leer más «Presentan informe sobre el fenómeno de desplazamiento forzado en el país»

Exponen anomalías en proceso de elección de Fiscal General de la República ante CIDH

FESPAD participó en el 170 periodo de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, donde se presentó información acerca de la forma en que se viene llevando el proceso de selección por parte de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa entre ella: falta de reglas previamente establecidas, ausencia de criterios objetivos para evaluar a los 33 candidatos, y la ausencia de salvaguardas que eviten la posible influencia de grupos de poder que puedan estar interesados en preservar la impunidad.

En este marco también se señaló el impacto de la elección del fiscal General de la República en relación al derecho a la justicia de las víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos cometidas en el marco del conflicto armado que vivió El Salvador.

Fotografía: Cortesía | Comisionados de la CIDH durante el 170° Periodo de Audiencias

La abogada de FESPAD, Kerlin Belloso explicó: “Los fiscales generales en las administraciones posteriores a los Acuerdos de Paz han mostrado pasividad, encubrimiento y maltrato a las víctimas, incluso presionándolas para que desistieran de los procesos legales. Tanto esta Honorable Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han podido constatar estas omisiones y violaciones al acceso a la justicia al haber tenido conocimiento de varios de los casos”
“En tal sentido el rol del Fiscal General es muy importante para cumplimiento de la referida sentencia ya que los retos son difíciles, debido a las edades avanzadas de las víctimas, sus familiares y de quienes pueden servir de testigos, algunas de ellas ya fallecidas. Muchas de las víctimas no cuentan con apoyo jurídico para impulsar sus casos. Esto se une a las dificultades para contar con prueba directa y a la falta de colaboración con las investigaciones por los Altos Mandos de la Fuerza Armada y de otros funcionarios” agregó Belloso.

Los Comisionados de la CIDH lamentaron la poca participación de la Sociedad Civil en el proceso de selección y a su vez mostraron su interés en dar seguimiento a los procesos de selección de cargos de alto rango de El Salvador.

Fotografía: Cortesía | 170° Periodo de Audiencias

 

 

 

 

 

 

Países centroamericanos sufren deterioro institucional producto de la corrupción, impunidad e ingobernabilidad

Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala sufren un deterioro institucional que tiene como consecuencia la corrupción, impunidad e ingobernabilidad y que se manifiesta en acciones represivas, persecución política, amenazas, criminalización, judicialización y asesinatos en contra de la ciudadanía.

Lo anterior fue destacado este lunes en Tegucigalpa, capital hondureña, durante la presentación del “Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 20172018”, por parte del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamericana, del cual es parte la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD (por El Salvador), el Grupo de Apoyo Mutuo (por Guatemala), entre otros.

Fotografía: Equipo Regional | Asistentes durante la presentación del informe

El Informe aborda la crisis socio política haciendo referencia a las violaciones de derechos humanos en la región; las constantes reformas al marco jurídico, acciones arbitrarias y punitivas por parte de los gobiernos que no garantizan el disfrute y ejercicio de los derechos fundamentales para la mayoría de personas.

Habitante de El Espino: "Si nosotros ya tuviéramos donde vivir ya nos hubiéramos ido, no estaríamos en estas condiciones precarias"

El 16 de mayo de este año, alrededor de 75 familias pertenecientes a la Comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán, fueron desalojadas de manera forzosa de sus viviendas, el desalojo se llevó a cabo bajo la orden emitida por el Juez de Paz de dicho municipio, José Antonio Palma.

Ante tales hechos FESPAD se encuentra en solidaridad y constante interlocución con la comunidad, y se ha pronunciado contra el desalojo. El pasado viernes 18 de mayo FESPAD envió de una carta de petición de intervención y acción de los Derechos Humanos de las 190 personas que constituyen las familias desalojadas, a la Relatora Especial para una Vivienda Digna de las ONU, Leilani Farha, al mismo tiempo realizó un informe narrativo y fotográfico del desalojo.

El terreno donde se ubica la comunidad El Espino está conformado por dos parcelas, una propiedad del Estado salvadoreño y la otra propiedad de la familia Dueñas (familia de alto poder económico en el país), la última fue anteriormente propiedad del Estado, hasta permuta realizada el 29 de mayo del 2009 bajo el mandato del Ex Presidente Elías Antonio Saca, es decir, el Estado salvadoreño intercambió con la familia Dueñas los terrenos donde se encontraba alojada la comunidad, a cambio de los terrenos para el paso del Boulevard “Diego de Holguín” renombrado como “Monseñor Romero”.

IMG_1581Posteriormente, desde abril de 2014 el Juez de Paz de Antiguo Cuscatlán realizó en reiteradas ocasiones acciones para proceder al desalojo de las familias, que han habitado por generaciones en dicho terreno, estas acciones fueron frenadas gracias a recursos de amparo emitidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor de la comunidad.

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No obstante, el 16 de mayo agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO, ingresaron a la comunidad y realizaron el desalojo completo del terreno, interviniendo con maquinaria y por la vía represiva las viviendas de las y los pobladores, que en muchos casos, no tuvieron oportunidad de movilizar el total de sus pertenencias.

El síndico de la ADESCO, Pedro Manzano, manifestó: “La situación de nuestra comunidad es grave, estamos en crisis, no porque nosotros lo hayamos buscado, sino porque el poder económico de este país vale más que la orden de un presidente de la República, nosotros lo lamentamos porque todo el tiempo hemos nacido en esta tierra, hay un sistema que no es justo, más que todo con las comunidades que están habitadas por gente pobre como nuestra clase, estamos pidiendo al Gobierno que considere las ofertas que nos ha hecho a través de FONAVIPO y el Viceministerio de Vivienda, nosotros no queremos dinero, hablamos de un proyecto habitacional que está contemplado en un convenio que fue firmado en el año 1999 por la Cooperativa El Espino, y el gobierno de aquel entonces, sin embargo no lo han respetado, dicen que no existe, para nosotros es lamentable es lo que nos daba vida, nosotros hasta este día le damos vida a ese convenio no lo hemos desechado, pero lamentablemente nos quieren sacar de la zona”.

Respecto a la propuesta del Gobierno mediante el Viciministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, y de FONAVIPO, se encuentra el reconocimiento económico a las familias bajo un monto que oscila entre $11,000 a familias que no poseen alguna otra propiedad y $4,000 a familias que cuentan con algúna propiedad.

La propuesta ha sido rechazada por las y los habitantes, quienes sostienen que se niegan a ser desarticulados como comunidad, y reubicarse en otros espacios, debido al grave problema de inseguridad que enfrenta el país. Ante esto una habitante de la Comunidad expresa: “Yo en lo personal siento que nos conformaríamos con que nos dieran un pedacito de terrenos con escrituras para no seguir pasando esto, porque después que nos matamos mucho tiempo trabajando en la finca para los Dueñas, para la cooperativa, nunca nos reconocieron nada. Yo pienso que es injusto, ahorita lo que les pedimos es eso, un traslado a un terreno, un traslado para que ya no tengamos nunca más este problema, por nuestros hijos que van creciendo. ¿Qué les cuesta darnos a los más pobres? para ellos nosotros aquí solo somos un estorbo y por venir a construir sus hoteles, sus centro comerciales nos están sacando”.

Finalmente, Manzano agregó: “nosotros le estamos pidiendo al Gobierno que reubique a nuestra gente en la parcela que esta contiguo al Ministerio de Relaciones Exteriores que pertenece a la cartera del Ministerio de Hacienda, es decir es terreno del Estado, o sino aquí enfrente donde está el edificio de la ILEA tal vez nos pueden reubicar, en caso que no nos acepten en el terreno del Ministerio de Hacienda, es lamentable para nuestra gente porque no tenemos donde ir”.

FESPAD acompaña a organizaciones LGBTI en el marco del IDAHOT

32779979_1887802531232113_4675244456302084096_nEl pasado 17 de mayo, FESPAD acompañó a las organizaciones que integran la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en una conferencia de prensa en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Durante la conferencia, los y las representantes de las diferentes organizaciones emitieron un comunicado donde se pronunciaron y exhortaron a las autoridades a intervenir para cesar la ola de crímenes cometidos contra la población LGBTI y más específicamente contra las mujeres Trans.

El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó a la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud (CIE-9). El «International Day Against Homofobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT) o Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se celebra en razón de ese acontecimiento; sin embargo, aún son pocas las razones para celebrar.

Hasta hace poco, los crímenes en contra de las personas diversas, no eran considerados crímenes de odio, sino catalogados como delitos comunes sin tomar en cuenta su verdadera naturaleza. Todo esto como consecuencia directa del poco o nulo respaldo de las instituciones estatales en tutelar y garantizar los derechos de una población LGBTI que ha estado desde siempre desprotegida.

Al día de hoy se han hecho avances significativos a favor del reconocimiento de los derechos de la población LGBTI, lo que ha contribuido sin duda a disminuir los índices de violencia de los que habían venido siendo víctimas invisibles; prueba de ellos son los esfuerzos en establecer políticas para la atención a la comunidad LGBTI, como la recientemente lanzada del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Sin embargo, la discriminación, la exclusión social y el odio en razón de la orientación sexal, identidad y expresión de género siguen existiendo dentro de las fibras más sensibles de la sociedad.

En ese sentido, se hace imperativo que se impulsen procesos de sensibilización y concientización con enfoque de derechos humanos, respecto de la problemática que viven las personas LGBTI, dirigidos no sólo a la población en general sino a los operadores de justicia, agentes del orden y funcionarios de instituciones públicas  con el objetivo de contribuir a que se genere una adecuada aplicación de las leyes y los procedimientos, libre de prejuicios y estigmas.

La conmemoración del Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia es un llamado de atención, no sólo a la institucionalidad, sino también a la sociedad en general, en cuanto a la violencia de la que son objeto todas aquellas personas que viven dentro del territorio nacional y se identifican como lesbianas, gais, bisexuales, trans o intersexuales; y a la necesidad de que todos y todas contribuyamos a que las personas, sin distinción ni discriminación, puedan vivir una vida libre de violencia, con oportunidades y el goce de todos sus derechos y libertades fundamentales.

Posicionamiento competo en el siguiente link: Comunicado de la Mesa por una Ley de identidad, en el marco del IDAHOT_17mayo2018

El acompañamiento a la Ley de identidad de género es parte de las acciones que FESPAD continua realizando con  la población LGTBI, y a la Mesa Permanente por una Ley de identidad, con el apoyo de HIVOS, PADF, The Fund for Global Human Rights, y Chistian AID.

Defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador urgen de ley de protección a su labor

El pasado 18 y 19 de enero se realizó el Primer Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en El Salvador, donde se analizó la situación actual de las personas defensoras, así como las medidas de protección con las que deben contar.

Las y los miembros de las distintas organizaciones de Derechos Humanos señalan que actualmente hay serias vulneraciones hacia las personas defensoras, y que lamentablemente estos son perpetradas en su mayoría por agentes del Estado, grupos religiosos fundamentalistas, delincuencia organizada, empresa privada, entre otros.

Sonia Sánchez, ambientalista del movimiento de mujeres de Santo Tomás señala la importancia de que se reconozca la labor de defensa de Derechos Humanos, y que además se busque su protección.

Estamos en la necesidad que el Estado salvadoreño busque mecanismos o cree instrumentos de protección y de garantías para que las y los defensores hagamos un trabajo donde no tengamos amenazas y riesgo, pues estamos enfrentando criminalización y judicialización por el simple hecho de defender los bienes comunes”

En este sentido Loyda Robles, abogada de FESPAD, explica que el compromiso de los tomadores de decisiones no debe ser solamente de palabra, sino con hechos, por ello espera que retomen y aprueben una propuesta de Ley que presentarán próximamente a la Asamblea Legislativa.

Hemos realizado un trabajo largo y arduo, de mucho debate, de mucha propuesta, tenemos en este momento elaborada una propuesta de Ley, la estaremos haciendo pública próximamente, esperamos la congruencia de los diputados con los Derechos Humanos y que apoyen esta propuesta de Ley”

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Las organizaciones esperan que la propuesta se retome y no sea deformada en el proceso de formación de ley, pues ésta recoge el sentir de las y los defensores de Derechos Humanos de todo el país.

La Violencia sólo genera más violencia: la necesidad de una seguridad ciudadana democrática

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, ante la situación de violencia actual, que hace de marzo el mes más violento de la última década, presentando un incremento en asesinatos y ataques a funcionarios policiales y judiciales, MANIFESTAMOS:
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