La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), presentó correspondencia a  la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia.
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Sentencia-última-versión-FIRMADA

52 Lecture of the Americas – Presentation of Ambassador William Swing – General Director of the IOM

El Equipo Regionsl de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica y un conjunto de organizaciones de derechos humanos de la región, entre ellas, FESPAD, se han pronucniado sobre la perspecución judicial que han enfrentado Berta Caceres,  Coordinadora Nacional del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -COPINH-, y otros defensores de derechos humanos del hermano país.

En los últimos meses COPINH ha encabezado una lucha sin tregua acompañando a las comunidades Lencas de la zona de Río Blanco, en rechazo de la realización del proyecto
hidroeléctrico ‘Agua Zarca’, impulsado por la empresa de capital hondureño “Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. -DESA-“ y ejecutado por la compañía contratista China Sinohydro y otras. Proyecto hidroeléctrico que amenaza con el desplazamiento forzado de las comunidades Lencas y con la expropiación de recursos naturales y ríos de la zona que les abastecen su vida cotidiana.

Puede bajar los pronunciamientos en los siguientes enlaces:

Pronunciamiento del Equipo Regional

Pronunciamiento de CEJIL, FESPAD y otras organizaciones

En el marco del proyecto “Fortaleciendo la Vigilancia Social y la participación en cumplimiento del marco jurídico e institucional, el de mujeres, jóvenes y comunidades”, auspiciado por Cristian Aid, la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD),  desarrolló  un taller de capacitación  sobre  la Ley  de Protección Integral de Niñez y adolescencia (LEPINA), dirigida a maestras y maestros de los centros escolares  de José María Peralta Lagos, Centro Escolar Dolores Apulo y  Ignacia Cruz Castro del Cantón Dolores  Apulo del municipio de Ilopango.

Uno de los objetivos primordiales del evento fue eliminar aquellos mitos y dudas que la LEPINA genera para maestros y maestras en el desempeño de su tan importante labor. Ésta normativa  es un instrumento  importante de  protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes,  y no limita la facultad de disciplina y corrección escolar  que  la docencia tiene sobre el alumnado (art. 89, LEPINA), siempre y cuando se garantice el  respeto a su  dignidad y derechos.

El espacio además fue aprovechado para invitar a los y las asistentes a denunciar cualquier acto de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que es una de las responsabilidades que la ley señala para las autoridades de los centros educativos, utilizando  y poniendo a prueba  el Sistema de Protección Integral de Protección  que ha sido creado  por la LEPINA.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), desarrollaron un foro sobre los obstáculos que enfrentan los sistemas de justicia en el combate a la impunidad; el foro contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil de Guatemala, Honduras, Chile y  El Salvador.
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El pasado 30 de agosto La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), organizó el Foro  público denominado “Independencia Judicial y Conflicto entre salas”.

El evento contó con la participación como panelistas  María Silvia Guillén, Directora Ejecutiva de FESPAD, Benjamín Cuellar, Director de IDHUCA, Antonio Durán, Juez de sentencia y Nelson Vaquerano, Abogado Constitucionalista.

El tema central fue el reciente conflicto entre la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativo motivado por el conocimiento que tienen ambas de recursos contra la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diferentes períodos. El tema se analizó a la luz de la independencia judicial, que es una de las garantías fundamentales del debido proceso.

Los y la panelista expresaron sus puntos de vista sobre los antecedentes del conflicto, los efectos positivos y negativos que deja y las posibles alternativas de solución.

Para María Silvia Guillén, este conflicto entre las Salas deja muchas cosas negativas, pero esto negativo de ahora, se puede convertir en una propuesta para encontrarle solución y que no suceda en el futuro, pero es alarmante porque se le está perdiendo valor a la judicatura frente a la población, porque la palabra de los jueces puede perder peso.

Así mismo, se hizo un llamado a la Sala de lo Contencioso para que se ajuste al marco de lo constitucional y la ley que lo rige y  se apegue a los mandatos constitucionales y legales.

Espera que antes que se cierre el año, en todas las Salas de la Corte Suprema de Justicia se haga una rendición de cuentas que tenga que ver con la moral, con la evaluación y depuración de los Jueces y lo relacionado al tema de justicia.

Benjamín Cuellar, por su parte, considero que los antecedentes de estos conflictos tienen su origen en los Acuerdos de Paz, que no lograron impulsar los cambios necesarios para que se superare la impunidad. Considero que como efecto positivo de que algunos jueces hayan generado resoluciones a favor de la Constitución y los Derechos Humanos, las víctimas son ahora más exigentes, poniendo el ejemplo de un caso que llevo el IDHUCA sobre el hijo de un militar que fue asesinado por otros militares, y que gracias a la insistencia de las víctimas fue resuelto.

Antonio Duran, hizo referencia a varios ejemplos de conflictos entre órganos que se han producido en la historia por decisiones judiciales. Cito el caso de Abraham Lincoln y de Franklin Delano Roosevelt, en Estados Unidos, que se enfrentaron a decisiones judiciales con las que no estaban de acuerdo, y tomaron diversas opciones.

El abogado Nelson Vaquerano, hizo un análisis desde el derecho administrativo y constitucional, y considero que ambas Salas han cometido algunos “pecadillos”. A su juicio, la demanda contencioso administrativa que se presentó a la Sala puede ser admitida.

En ese sentido, desvirtuó las razones que otros han planteado para considerar que la Sala de lo Contencioso no debió conocer como que el plazo ya había vencido o que el actor no había demostrado su agravio. Sin embargo, señaló que el proceso solo servirá para declarar la ilegalidad y para dirimir responsabilidades del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Asamblea Legislativa, pero no puede provocar la nulidad de los nombramientos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de acuerdo al art. 7 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa