Derecho a vivienda digna
FESPAD acompaña jurídica y organizativamente desde hace algunos años a mujeres y hombres residentes en la comunidad “El Milagro Belén” del municipio de Candelaria, Departamento de Cuscatlán. Quienes, con fecha diecinueve del mes en curso, fueron notificados por parte del Juzgado de Paz de ese municipio, de una orden de desalojo a ejecutarse ocho días después de esa notificación.
La comunidad, está conformada por un total de 105 familias (134 mujeres, 116 niños y niñas, 80 personas entre jóvenes, hombres y personas adultas mayores. Desde julio de 2010 ocupan un terreno ubicado Cantón San Miguel, Nance Verde, del municipio ya mencionado.
En vista de esa orden judicial, FESPAD junto a miembros de la comunidad están desarrollando una serie de acciones con el propósito de detener el desalojo. Entre dichas acciones destaca:
Con fecha 21 de agosto del corriente, se envió correspondencia a la Licenciada Jackelin Rivera en calidad de Diputada por el Departamento de Cuscatlán, y al Licenciado David Ernesto Morales Cruz, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, solicitando su intervención urgente, con el objeto de evitar un potencial conflicto entre la comunidad y las fuerzas públicas de seguridad, tal y como ha ocurrido en otros procedimientos recientes; todo con el propósito de prevenir más violaciones a los derechos humanos, en especial porque en la comunidad reside una cantidad considerable de niños, niñas y mujeres.
El 22 de agosto del corriente, se envió correspondencia a la Señora Vanda Guiomar Pignato, en calidad de Secretaria de Inclusión Social de la Presidencia, y a la Licenciada Nancy Orellana en calidad de Coordinadora del Área de Gestión de Conflictos, de la Sub Secretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, con el objetivo de plantearles la problemática y determinar de manera conjunta mecanismos de protección, que se concreten en la búsqueda de soluciones a la grave realidad que vivimos las familias ahora desalojadas.
Además, el mismo día se solicitó al Juzgado de Paz de Candelaria, una prórroga de 3 meses para la ejecución del desalojo.
La intención de estas acciones es solicitar su intervención urgente, con el objeto de evitar un potencial conflicto entre la comunidad y las fuerzas públicas de seguridad, tal y como ha ocurrido en otros procedimientos recientes; todo con el propósito de prevenir más violaciones a los derechos humanos, en especial porque en la comunidad reside una cantidad considerable de niños, niñas y mujeres.
