En un fallo loable, la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador ordenó a la sociedad Lido S.A de C.V reinstalar a un directivo sindical. A pesar de ello, dicha sociedad , el día 13 de diciembre del corriente año, negó el ingreso del directivo sindical a las instalaciones de la empresa.

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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), junto a otras organizaciones que impulsan la campaña “Nosotros pagamos, nosotros participamos” exigen a autoridades de Gobierno y a los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa garantizar la participación ciudadana en la Mesa Fiscal, para alcanzar un verdadero acuerdo de nación.

Para las organizaciones es preocupante que actualmente la discusión del acuerdo fiscal se realice a puerta cerrada, y que solo participen  organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, así como el partido mayoritario de oposición ARENA.

En este sentido Danilo Pérez, del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC)  considera que se corre el riesgo de continuar profundizando un modelo económico que siga afectando a los sectores desprotegidos y beneficiando al gran capital.

 “Quienes están concentrando la discusión son precisamente dos partidos de la Asamblea Legislativa, y fundamentalmente el partido ARENA, que tradicionalmente ha ido representando, los intereses de sectores empresariales, oligárquicos de éste país y sin duda alguna, al representar este tipo de intereses, los menos favorecidos a la hora de las decisiones financieras serán la población trabajadora y la clase media” agregó.

El colectivo de organizaciones señala que el Acuerdo debe ser Integral, justo y progresivo y que permita sanear el erario público, por ello rechazan que en su lugar no se ataquen problemáticas históricas como la evasión y elusión fiscal, y surjan propuestas como incrementar el Impuesto al Valor Agregado IVA.

Por otro lado el abogado de FESPAD, Omar Flores  considera que si bien el Estado debe equilibrar las finanzas, no se debe caer en recortes presupuestarios, en función de la austeridad.  “Actualmente se está cayendo en la trampa de la famosa austeridad, sin embargo, esa austeridad ha llevado a recortar el gasto que se hace en los beneficios sociales para la población salvadoreña. Del  8.7% del gasto social en 2013, respecto al PIB, para el 2018 se ha propuesto reducirlo a un 8.2%, un recorte impresionante, es eso a lo que nos lleva la trampa de la austeridad”

“El problema de fondo es un problema de ingresos del Estado, pero lo irónico es que por ejemplo se están otorgando exenciones tributarias a empresas privadas de gran renombre, hace menos de 20 días, la Asamblea Legislativa exoneraba de tasas, a una empresa pesquera, particularmente CALVO. Tenemos un problema de recursos, pero los estaba exonerando” agregó Flores.

Las organizaciones aseguran que seguirán presionando para que estos y otros planteamientos sean escuchados, y  principalmente para que sean integrados a la Mesa Fiscal.

Además de FESPAD, en la campaña “Nosotros pagamos, nosotros participamos” participan  El Centro para la Defensa del Consumidor CDC, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas COLPROCE, el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer IMU, La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia ASGOJU,  Red Visión Juvenil, Kolectivo San Jacinto, el Movimiento 5+, la Colectiva Feminista Prudencia Ayala, la Plataforma AltavozES, CEAL, PROVIDA, entre otros.

El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, frente a la suspensión de las garantías constitucionales aprobado por el Consejo de Ministros, el 1 de diciembre de 2017,  MANIFIESTA:

Honduras enfrenta una crisis política estructural y coyuntural. La primera, responde a la insatisfacción de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, la violación constante de las libertades y los derechos humanos en general, a la crisis del modelo democrático, a los altos niveles de corrupción, a la débil institucionalidad del Estado que continua promoviendo la opacidad, a la transgresión de los principios constitucionales en cuanto a su forma de gobierno democrático al permitir la reelección presidencial por medio de una interpretación constitucional, inobservando el principio de alternancia en el poder   y generando un clima para concentrarlo en el Órgano Ejecutivo y el Presidente de la República. El Estado de Honduras se acelera para adoptar una forma de gobierno con carácter autoritario.

Ver comunicado completo: SUSPENSIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN HONDURAS