En un fallo loable, la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador ordenó a la sociedad Lido S.A de C.V reinstalar a un directivo sindical. A pesar de ello, dicha sociedad , el día 13 de diciembre del corriente año, negó el ingreso del directivo sindical a las instalaciones de la empresa.

Leer más «Empresa Lido se niega a reinstalo de sindicalista a pesar de orden judicial»

 

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), junto a otras organizaciones que impulsan la campaña “Nosotros pagamos, nosotros participamos” exigen a autoridades de Gobierno y a los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa garantizar la participación ciudadana en la Mesa Fiscal, para alcanzar un verdadero acuerdo de nación.

Para las organizaciones es preocupante que actualmente la discusión del acuerdo fiscal se realice a puerta cerrada, y que solo participen  organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, así como el partido mayoritario de oposición ARENA.

En este sentido Danilo Pérez, del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC)  considera que se corre el riesgo de continuar profundizando un modelo económico que siga afectando a los sectores desprotegidos y beneficiando al gran capital.

 “Quienes están concentrando la discusión son precisamente dos partidos de la Asamblea Legislativa, y fundamentalmente el partido ARENA, que tradicionalmente ha ido representando, los intereses de sectores empresariales, oligárquicos de éste país y sin duda alguna, al representar este tipo de intereses, los menos favorecidos a la hora de las decisiones financieras serán la población trabajadora y la clase media” agregó.

El colectivo de organizaciones señala que el Acuerdo debe ser Integral, justo y progresivo y que permita sanear el erario público, por ello rechazan que en su lugar no se ataquen problemáticas históricas como la evasión y elusión fiscal, y surjan propuestas como incrementar el Impuesto al Valor Agregado IVA.

Por otro lado el abogado de FESPAD, Omar Flores  considera que si bien el Estado debe equilibrar las finanzas, no se debe caer en recortes presupuestarios, en función de la austeridad.  “Actualmente se está cayendo en la trampa de la famosa austeridad, sin embargo, esa austeridad ha llevado a recortar el gasto que se hace en los beneficios sociales para la población salvadoreña. Del  8.7% del gasto social en 2013, respecto al PIB, para el 2018 se ha propuesto reducirlo a un 8.2%, un recorte impresionante, es eso a lo que nos lleva la trampa de la austeridad”

“El problema de fondo es un problema de ingresos del Estado, pero lo irónico es que por ejemplo se están otorgando exenciones tributarias a empresas privadas de gran renombre, hace menos de 20 días, la Asamblea Legislativa exoneraba de tasas, a una empresa pesquera, particularmente CALVO. Tenemos un problema de recursos, pero los estaba exonerando” agregó Flores.

Las organizaciones aseguran que seguirán presionando para que estos y otros planteamientos sean escuchados, y  principalmente para que sean integrados a la Mesa Fiscal.

Además de FESPAD, en la campaña “Nosotros pagamos, nosotros participamos” participan  El Centro para la Defensa del Consumidor CDC, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas COLPROCE, el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer IMU, La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia ASGOJU,  Red Visión Juvenil, Kolectivo San Jacinto, el Movimiento 5+, la Colectiva Feminista Prudencia Ayala, la Plataforma AltavozES, CEAL, PROVIDA, entre otros.

El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, frente a la suspensión de las garantías constitucionales aprobado por el Consejo de Ministros, el 1 de diciembre de 2017,  MANIFIESTA:

Honduras enfrenta una crisis política estructural y coyuntural. La primera, responde a la insatisfacción de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, la violación constante de las libertades y los derechos humanos en general, a la crisis del modelo democrático, a los altos niveles de corrupción, a la débil institucionalidad del Estado que continua promoviendo la opacidad, a la transgresión de los principios constitucionales en cuanto a su forma de gobierno democrático al permitir la reelección presidencial por medio de una interpretación constitucional, inobservando el principio de alternancia en el poder   y generando un clima para concentrarlo en el Órgano Ejecutivo y el Presidente de la República. El Estado de Honduras se acelera para adoptar una forma de gobierno con carácter autoritario.

Ver comunicado completo: SUSPENSIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN HONDURAS

COMUNICADO DE PRENSA

 SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMÉRICA

El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, conformado por organizaciones de los diferentes países, frente a la crisis de los modelos democráticos presenta los principales hallazgos y tendencias en el marco del doceavo informe correspondiente al año 2016-2017.

En materia de pobreza y desarrollo humano:

Los países registran un crecimiento económico importante (por arriba del promedio mundial 2.2%); sin embargo, el desarrollo humano en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador se califican con un desarrollo humano medio, a diferencia de Panamá y Costa Rica que obtienen una mejor calificación. No obstante, prevalecen los  niveles de desigualdad en toda la región, indicando que el crecimiento económico no tiene un impacto positivo en el desarrollo humano, vulnerando los Derechos Económicos Sociales y Culturales, aumentando de esta forma los niveles de migración, afectando en mayor medida a poblaciones en situación de vulnerabilidad: mujeres, comunidad LGBTI, niñez, adolescencia y juventud, personas con discapacidad, afrodescendientes, pueblos indígenas, comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos.

En materia de seguridad ciudadana:

Centroamérica, continúa siendo una región convulsionada debido a los altos niveles de inseguridad registrados, con un mayor énfasis en Guatemala, Honduras y El Salvador. Los Estados continúan implementando políticas represivas, como la militarización de la seguridad ciudadana. El crimen organizado y narcotráfico continúan dejando una estela de violencia, como la producida por maras y pandillas, con una tendencia progresiva de vinculación a estructuras políticas.

La tasa promedio de homicidios es de 32.58 por cada 100 mil habitantes en Centroamérica. El Triángulo Norte, concentra el mayor número de muertes violentas, alcanzando un promedio de 55.8, frente al 7.8 reflejado en los países del sur de la región. Respecto de los feminicidios, Centroamérica en el 2016 reportó 1,819 muertes violentas.

Los Estados cuentan con normativa que penaliza el aborto, lo que deja en evidencia la falta de voluntad para cumplir con los compromisos internacionales en la materia.

La débil institucionalidad en el sistema judicial, la ausencia de normativa que proteja a la comunidad LGBTI y los crímenes de odio cometidos en su contra colocan a esta población en extrema situación de vulnerabilidad.

En materia de democracia:

Los modelos democráticos regulados por los sistemas normativos en los países de la región han sufrido modificaciones mediante interpretaciones constitucionales derivadas de los Tribunales respectivos. Nicaragua y Honduras permitieron la reelección presidencial, transgrediendo con ello el principio de alternancia en el poder y sometiéndose a procesos electorales fuertemente cuestionados por actores nacionales e internacionales. Existe una fuerte tendencia a la concentración del poder por parte de los titulares del Órgano Ejecutivo violentando el principio de independencia y complementariedad.

En materia electoral, en la región existen avances que permiten a la ciudadanía ejercer su derecho a elegir y ser electos. Sin embargo, los sistemas electorales son cuestionados por diferentes actores que demandan transparencia. Se debe garantizar no sólo el derecho a elegir sino también, el respeto a la voluntad del soberano.

En ese sentido, preocupa la situación actual de Honduras, donde se ha generado una crisis política producto del descredito de la autoridad electoral. La tardanza en la entrega de resultados en el nivel presidencial de las Elecciones Generales del 2017, genera un ambiente de zozobra, inseguridad y tensión que agudiza la crisis.

En Centroamérica, la débil institucionalidad hace que las finanzas públicas se vean afectadas con hechos de corrupción pese a que se han investigado y judicializado algunos casos emblemáticos como en Honduras, El Salvador, Panamá y Guatemala; a pesar de ello, no hay indicios de poder superar la debilidad en la problemática. La corrupción limita el pleno ejercicio de los derechos humanos de las y los centroamericanos ya que los Estados reducen su capacidad de  inversión para el desarrollo.

La tendencia de la participación ciudadana en la toma de decisiones es hacia la reducción. El derecho a la protesta social es frecuentemente reprimida desde los sistemas normativos y directamente por la policía y el ejército; en este marco, las personas que defienden derechos se ven frecuentemente obstaculizados en su labor y criminalizados.

Por lo anterior recomendamos a los Estados:

• Crear políticas económicas y sociales de naturaleza regional que reduzcan las desigualdades;
• Evaluar y redefinir sus estrategias de seguridad orientadas a reducir las causas estructurales y factores de riesgo que generan violencia;
• Respetar y garantizar el derecho de la ciudadanía a la protesta social, libertad de expresión y prensa, evitando la represión del Estado;
• Reconocer y respetar la labor de las personas que defienden derechos, con el propósito de fortalecer un Estado constitucional y democrático de derecho.
• Fortalecer la institucionalidad electoral orientada a su independencia y actuación con transparencia que incluya procesos de auditoria social.

EQUIPO REGIONAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMÉRICA

Por Guatemala: Grupo de Apoyo Mutuo (GAM); por Costa Rica: Iglesia Luterana Costarricense (ILCO); por Nicaragua: Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); por Panamá: Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA); por Honduras: Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y Centro de Desarrollo Humano (CDH); por El Salvador: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Tegucigalpa, 1 de diciembre del 2017

Ver informe: Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2016-2017

El 28 de noviembre de 2017, se llevó a cabo una reunión con representantes del Equipo Coordinador del Movimiento por la Defensa de la Tierra de El Salvador (MOVITIERRA), con el propósito de realizar la evaluación anual de las acciones realizadas.

En la jornada se reflexionó sobre los retos con los que se inició el año 2017, los logros obtenidos, la forma en que se desarrolló el trabajo, y las acciones pendientes. Así también se construyeron las 5 líneas estratégicas para construir el plan operativo 2018, teniendo como fundamento la visión y misión de MOVITIERRA de cara a las problemáticas de las comunidades que lo conforman.

La reunión se realizó en el marco del Proyecto «Gestión y transformación de conflictos desde la perspectiva de cultura de paz»,  auspiciado por la Agencia  Action Solidarite Tiers Monde (ASTM); y tuvo la participación: por la Zona Paracentral: Rubén Ventura, Rosa Pastor, José Salguero; por la Zona Costera: Lety Flores, Raquel Campos, Juana Bautista; de la Zona Occidental: Maritza López, Sara Figueroa y Rafael Martìnez; acompañados por  Teresa Hernández, del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

La Alianza contra la Privatización del Agua, de la cual es parte FESPAD, realizó el pasado 31 de octubre, una caravana popular para reiterar su rechazo ante la propuesta de ley de agua presentada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y respaldada por los partidos políticos de derecha.

Los integrantes de la alianza recuerdan que esa propuesta contempla la creación de un ente rector que administraría el agua, pero el cual  estaría integrado por representantes de la gran empresa privada, quienes tendrían una correlación favorable a sus intereses y por ende el control para orientar el recurso hídrico a intereses de dicho sector.

En principio las organizaciones se concentraron frente a las instalaciones de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) pues aseguran que esta entidad está presionando en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa  para formar parte del ente rector. “No es no, señores de la ANEP” sostuvieron los miembros de la alianza.

Carlos Flores, representante del Foro del Agua hizo un llamado a continuar con este tipo de acciones, con el fin de ejercer presión hacia los legisladores “Como organizaciones llamamos a toda la población a rechazar la privatización del agua y movilizarse contra los mezquinos intereses de la ANEP y sus representantes políticos en la Asamblea Legislativa, a quienes tenemos que castigar con nuestro voto en las elecciones del próximo año”.

Por su parte el abogado de FESPAD, Omar Flores señaló que lo que se busca no es coartar la participación, sino evitar que el manejo del agua caiga en manos de intereses mercantilistas del sector privado.

“Nosotros estamos abiertos a la participación de distintos sectores en diferentes niveles de la institucionalidad que eventualmente se pueda crear: representantes de comunidades, iglesias, organizaciones, del sector privado, pero de dicha institucionalidad, el ente rector debe estar integrado eminentemente por instituciones públicas; por ello, nos oponemos a la intención de la empresa privada de formar parte del ente rector bajo una correlación favorable a sus intereses” puntualizó el abogado.

La Caravana  recorrió las principales calles de San Salvador y llegó hasta la Asamblea Legislativa.

 

Fuente de audiovisual: AGENCIA EFE. «Organizaciones piden a salvadoreños rechazar privatización del agua». San Salvador. 31 de octubre de 2017.

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral –MPJL-; colectivo de organizaciones que aglutina a sindicatos de los sectores público,  privado,  municipal e independiente;  ante las instituciones y organizaciones que velan por el respeto de los Derechos Humanos, trabajadoras de todos los sectores y pueblo en general, en el marco la aprobación del aumento al salario mínimo:

CONSIDERANDO: Que la noche del pasado 1 de junio de 2016, los sectores patronal y laboral del Consejo Nacional del Salario Mínimo emitieron acuerdo mediante el cual aprobaron un aumento al salario mínimo gradual para tres años del 13.5% para comercio y servicios y del 15% para los otros subsectores.

Que dicho aumento gradual constituye una ofensa para la clase trabajadora salvadoreña y contradice lo establecido en el artículo 38 de la Constitución de la República, según el cual el salario mínimo debe responder al “costo de la vida” y debe ser suficiente para “satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural”;

• Que el aumento aprobado no tiene sustento a la luz de lo planteado en los artículos 38 de la Constitución de la República, y 144 y 146 del Código de Trabajo pues el costo de la vida y la satisfacción de las necesidades del hogar del trabajador y la trabajadora están muy por encima del monto aprobado; de tal forma que quienes apoyaron tal acuerdo han incurrido en el delito de “actos arbitrarios”, tipificado y sancionado en el artículo 320 del Código Penal, el cual tiene una pena de prisión entre 2 y 4 años.
• Que los representantes del sector laboral se inclinaron por la propuesta presentada por la representación de la empresa privada y no por la del gobierno, según la cual, se hubiera aumentando el salario en un 19% en los subsectores comercio y servicios, 21% en industria, 42% en maquila y 112% en el campo, con lo cual, de manera inmediata se tendría un salario de $300 para trabajadores/as del área urbana y $250 para los del área rural, situación que resultaba más beneficiosa para la clase trabajadora.

POR LO ANTERIOR, EXPRESAMOS:

NUESTRO RECHAZO

Al miserable aumento aprobado por los representantes del sector laboral y de la empresa privada ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo ;

            NUESTRA ENÉRGICA CONDENA

A la actitud de los representantes del sector laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo por traicionar los intereses de la clase trabajadora;

            NUESTRA PETICIÓN A:

El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén: que en los términos del artículo 147 del Código de Trabajo, rechace el acuerdo de amento aprobado y lo devuelva al Consejo Nacional de Salario Mínimo para que apruebe uno mayor, acorde a lo establecido en la Constitución de la República.

A las organizaciones sindicales del país: a que emprendamos todas las acciones que sean posibles para lograr un aumento al salario mínimo que sea digno a las necesidades de todo hombre y mujer trabajadora.

            A la Ministra de Trabajo y Previsión Social: a que inicie una eficiente evaluación de la legalidad de la normativa en que se fundamenta la elección de los representantes del sector laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo; y que se revise el procedimiento que se sigue para elegirlos.

            ADVERTIMOS

            A los integrantes del Consejo Nacional del Salario Mínimo: que de no aprobarse un aumento apegado a lo que dicta la Constitución de la República, acudiremos a las instancias pertinentes para revertir la medida y que respondan directamente por sus actos.

 

                                                                                                                                        San Salvador,  7 de  junio  de 2016.