FESPAD acompaña a familias de la comunidad El Milagro Belén que enfrentan desalojo por la aplicación del Decreto 23
El derecho humano a una vivienda adecuada, es el derecho de toda persona a tener un hogar y una comunidad segura en que puedan vivir en paz y dignidad; sobre ese fundamento, FESPAD apoya a las comunidades que enfrentan desalojos forzosos, con la intención de buscar soluciones a su problemática.
El pasado 28 de los corrientes, Miembras de FESPAD y representantes de la Oficina de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del Departamento de Cuscatlán se hicieron presentes en la comunidad El Milagro Belén, que está ubicada en el cantón San Miguel Nance Verde del municipio de Candelaria, en Cuscatlán. El propósito de la visita fue presentar su solidaridad con las 105 familias que el pasado 20 de agosto fueron notificadas por el Juzgado de Paz del municipio, de la orden de desalojo en su contra, el cual, según el Juzgado, se basa en la aplicación de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, conocida como Decreto 23. Para hacerlo efectivo, se dieron 8 días calendario. Desalojo que según las notificaciones recibidas se debió verificar el mismo día 28. FESPAD y la PDDH verificarían el respeto de los Derechos Humanos. El desalojo no fue ejecutado el día programado.
FESPAD, junto a la comunidad, previamente ha realizado algunas acciones para evitar el desalojo: con fecha 21 de agosto del corriente, se envió correspondencia a la Licenciada Jackelin Rivera en calidad de Diputada por el Departamento de Cuscatlán, y al Licenciado David Ernesto Morales Cruz, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, solicitando su intervención urgente, con el objeto de evitar un potencial conflicto entre la comunidad y las fuerzas públicas de seguridad, tal y como ha ocurrido en otros procedimientos recientes.
Con fecha 22 de agosto del corriente, se envío correspondencia a la Señora Vanda Guiomar Pignato, en calidad de Secretaria de Inclusión Social de la Presidencia, y a la Licenciada Nancy Orellana en calidad de Coordinadora del Área de Gestión de Conflictos, de la Sub Secretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, con el objetivo de plantearles la problemática y determinar de manera conjunta mecanismos de protección, que se concreten en la búsqueda de soluciones a la grave realidad que vivimos las familias ahora desalojadas.
El mismo día 22 se presentó un escrito al Juzgado de Paz de Candelaria, para solicitar el otorgamiento de tres meses de prórroga para la ejecución de la sentencia en referencia. Solicitud que hasta el momento no ha sido resuelta.
FESPAD continuará pendiente y acompañando el caso.
